Desde acciones legales por parte de malos perdedores, el ‘feo’ que le ha hecho un sector del Concejo de Ibagué, un error del Tribunal Administrativo que ordenaba separarla del cargo y una que otra estrategia sucia para enlodar su buen nombre, a Francy Johanna Ardila Salazar le ha tocado remar contra la corriente desde que asumió el cargo como personera municipal de Ibagué.

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Y es que la abogada egresada de la Universidad Cooperativa y oriunda de Melgar, donde fue dos veces personera, no la ha tenido fácil desde que ganó el concurso en el 2021, pero ha logrado aferrarse al cargo pese a ser víctima de todo tipo de artimañas en su contra.

Gracias a una defensa sólida en cabeza del abogado Ernesto Espinosa, que se ha dado la pela ante los procesos jurídicos que buscaron su caída, ella se ha convertido en una personera dura de sacar.

Piedras en el zapato

El primer tropiezo para su elección, fue que dentro de los documentos presentados para la evaluación que buscaba elegir la mejor carta por parte de la Universidad del Atlántico, estaba una maestría universitaria en Derechos Humanos, Democracia y Globalización otorgada en agosto de 2020 por la Universitat Oberta de Catalunya, España, que ella presentó.

Dentro de las reglas del concurso no se exigía que los títulos adelantados en el exterior debían ser convalidados sino apostillados. Por una aparente omisión, la institución encargada del proceso no tuvo en cuenta el título para calificarla, por lo que perfectamente habría logrado obtener 100 puntos, pero el que alcanzó fue de 70.

Es de recordar que la ley da dos años para poder convalidar los títulos en Colombia, por lo que Ardila Salazar tenía plazo hasta junio de este año para adelantar el proceso. La propia Universidad del Atlántico, mediante oficio dirigido a la actual personera, admitió el error.

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Luis Carlos Hoyos Quimbayo, uno de los candidatos al cargo de personero, y el abogado Germán Barberi Perdomo, vienen buscando la caída de la funcionaria, a través de acciones electorales tendientes a declarar la nulidad del proceso de elección. Algunos sectores políticos al interior del Concejo, no contentos con la elección de Ardila Salazar, vienen orquestando esta presunta inhabilidad.

Los Argumentos

Uno de los argumentos para sustentar la inhabilidad, es el hecho de que la personera ejerció como directora administrativa de la entidad; según los quejosos esto le impedía acceder al cargo en propiedad.

La defensa sostiene que ella no podía renunciar como directora administrativa, ya que este cargo le permitía asumir como personera encargada, y que existe una gran diferencia entre nombrar y encargar, siendo ella quien debía asumir esta responsabilidad por haber sido la segunda al mando en su momento en el ministerio público.

Luego de una revisión, análisis riguroso y presentación de pruebas por parte del equipo de defensa liderado por el abogado Ernesto Espinosa, el Tribunal Administrativo del Tolima no accedió a la medida cautelar de suspensión del cargo, por lo que Francy Johanna Ardila Salazar se aferra a la Personería de Ibagué.

Según la defensa,  el Consejo de Estado ha dictado jurisprudencia en la materia, sobre los casos en los que incurre la inhabilidad para la elección del cargo y con ello se argumentó que, si un personero titular puede presentarse nuevamente al concurso de méritos y repetir periodo, por qué no puede hacerlo el segundo al mando como lo es el director administrativo, algo que fue difícil de controvertir porque el Tribunal estableció en a lo largo de la decisión, que no existía una inhabilidad en casos como el de Ardila Salazar.

"O todos en la cama... o todos en el suelo"

Otra tesis, para muchos absurda, y que generó polémica dentro de la acción de inhabilidad fue el de un presunto plagio. Dentro del proceso de elección se hicieron cuatro preguntas, tres de ellas estaban en una urna sellada y habían sido formuladas por los concejales de Ibagué.

La primera tenía que ver con la presentación del aspirante, su trayectoria académica y profesional, y el plan de acción en caso de asumir como personero en propiedad. Respuestas absolutamente personales y del fuero interno de cada participante.

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En ese orden de ideas, Ardila Salazar se presentó para esa primera ronda de preguntas con tres hojas. Pasados un par de minutos, detuvieron su intervención y le dijeron que no podía leer los textos que llevaba. Las reglas del concurso dictaban que el aspirante que tuviera ayudas externas se le debían retirar.

La entonces aspirante, entregó las hojas por solicitud del jurado y continuó con su entrevista, ya que lo sucedido no era un motivo sólido para descalificarla. La hoy personera no se negó a entregar el material y continuó con su intervención. Es de recordar que ese día, la mayoría de aspirantes se presentaron con manos libres y otros elementos, y nadie dijo nada en su momento; solo se la ‘montaron’ a la abogada melgarense.

El contencioso estimó que esta no era una situación de peso para suspender a la candidata elegida, por haber leído algunos datos durante su presentación.

Bajezas

Uno de los hechos que más causó revuelo, por encima del debate jurídico, fue un rumor malintencionado que fue la comidilla de medios de comunicación y la opinión pública en general, y que buscó enlodar el buen nombre y la honra de la personera en propiedad y del entonces presidente del Concejo de Ibagué.

Unas fotos que fueron tomadas cuando el presidente de la corporación departía con unos amigos en un restaurante de la ciudad, fueron presentadas por algunos medios de comunicación indicando que existía una relación más allá de lo profesional entre el concejal Arturo Castillo y la recién nombrada personera, situación que fue totalmente desvirtuada por las partes involucradas y por testigos del hecho.

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Esto pareció más un acto de desesperación y bajeza por buscarle el quiebre a Ardila, como si se vaticinara que por la parte jurídica no iban a poder lograr nada.

El cargo de personero municipal en Ibagué, más que un premio a la trayectoria profesional, a las capacidades y formación académica para velar por los derechos de los habitantes de la ciudad, se ha convertido en una especie de karma o maldición.

Son varios los antecedentes de profesionales que no han podido culminar su periodo al frente de la entidad, ya sea por la falta de responsabilidad jurídica y procedimental por parte del Concejo, o porque sencillamente a un grupo de cabildantes no les gusta perder poder, influencia y burocracia, y buscan a través de todo tipo de argucias la caída de los personeros electos sin medir las víctimas o los daños colaterales.