En fallo de segunda instancia, el alto tribunal dispuso la nulidad del acto administrativo por medio del cual se declaró la elección de Yuri Alejandra Franco Lozano como personera de ese municipio del oriente tolimense.
La decisión de los magistrados, también validó la revocatoria de la resolución por medio de la cual se convocó y reglamentó el concurso de méritos para proveer en propiedad el cargo de representante del Ministerio Público.
Según advierte la sala de decisión del Tribunal Administrativo del Tolima dando la razón a las partes demandantes, el proceso terminó viciado al encomendarse el trámite de escogencia, entre las hojas de vida postuladas, a las entidades Fenacon y Creamos Talento, las cuales no acreditaban la idoneidad y experiencia necesaria para liderar está selección.
Al sentir de los togados, está circunstancia impide predicar que se garantizaron respecto a la elección controvertida, los principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad que deben guiar la
selección del Personero, situación que afecta el mérito como criterio orientador para la elección.
"Por lo tanto, pese a que quien resultó elegida como personera no haya actuado en los actos previos, sí vicia su elección y
lleva a declararse la nulidad de este acto administrativo, como lo hizo la juez de primera instancia", señala la Providencia, que tuvo como ponente al magistrado Belisario Beltrán Bastidas.
Efectos políticos
Además de los efectos jurídicos sobre la elección, la sentencia pondría en vilo la continuidad de buena parte de los concejales del municipio toda vez que la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, había prevenido al Presidente de la Corporación mediante oficio sobre la transgresión de los principios constitucionales y legales e instaba a revisar los procesos de elección.
También había precisado que en el evento de encontrar dichas anomalías se pedía estudiar la posibilidad de suspender la ejecución de dichos convenios, dar por terminado de mutuo acuerdo los mismos, suspender el concurso de méritos e iniciar un nuevo proceso que cumpliera con los requisitos legales y reglamentarios, así como adoptar las decisiones a que hubiera lugar.
Un caso muy similar al que en su momento enfrentaron los concejales de Ibagué.
Según fuentes consultadas por ContraPeso, no sería la primera vez que el Concejo de Melgar incurre en faltas legales.
Ya antes habían sido investigados e imputados por la Fiscalía General de Nación al celebrar una sesión a medianoche que apenas tuvo una duración de 10 minutos por la cual se cobraron sin justificación los honorarios completos.
En este hecho también resultó involucrado el actual alcalde, Agustín Manrrique quien enfrenta etapa de juicio.
