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‘Tatequieto’ de la Procuraduría al presidente Petro

enero 7, 2023
La Procuraduría le recordó al presidente Gustavo Petro, la autonomía de los entes territoriales del país, a propósito de la “sugerencia” del mandatario de celebrar contratos de presentación de servicios por cuatro meses, dizque para formalizar el empleo. La propuesta generó rechazo de alcaldes, gobernadores, aliados del presidente y hasta del Ministerio del Trabajo.

El 2022 terminó con el peor regalo de Navidad y Año Nuevo, que el Estado colombiano le hubiese podido informar a los contratistas del país.

El presidente Gustavo Petro a través la Función Pública y la ESAP, le envió a todas las entidades del país, la denominada circular de la discordia, la 100-005 en la que “sugiere” celebrar contratos de prestación de servicios por el término de 4 meses, con el fin de iniciar el proceso de formalización del empleo en el 2023.

Aunque pareciera que la intención del Gobierno Nacional es buena, pensando en que los contratistas del Estado accedan a todas las garantías laborales, no es un dato menor que esta iniciativa llega justo en un año electoral, en el que el presidente y sus candidatos a alcaldías y gobernaciones, tienen intereses marcados.

‘Tatequieto’ de la Procuraduría

Es absolutamente inverosímil y hasta engañoso, decirle a los miles de contratistas del país que después de los 4 meses de vinculación que plantea el Gobierno Nacional, se va a concretar el proceso de formalización del empleo y automáticamente ingresarlos a las plantas de personal de las entidades públicas.

Esta semana, la Procuraduría General de la Nación expidió la circular 001 de 2023, en la que advierte que esta propuesta pone en riesgo el funcionamiento del Estado en todos sus niveles, llegando incluso a generar un caos administrativo por una inminente parálisis de los servicios en el sector público.

“Se considera que, dados los múltiples trámites y las diversas instancias que se deben agotar para lograr ajustar las plantas de personal de las entidades del Estado, es insuficiente y se corre el riesgo de dejar a muchas entidades públicas sin el personal necesario e idóneo para atender la demanda de los servicios que prestan a la ciudadanía, circunstancia que puede generar una parálisis del Estado en todos sus niveles”, señala de forma categórica la Procuraduría en la circular.

Aunque el Ministerio Público comparte la intención del Gobierno de generar condiciones de estabilidad laboral, también es contundente en recordarle al presidente Petro, la autonomía de los alcaldes y gobernadores contempladas en la Constitución, respecto al funcionamiento y organización de sus plantas de personal.

Rechazo nacional

Hasta los amigos del presidente Gustavo Petro, rechazaron la propuesta de celebrar contratos de prestación de servicio por 4 meses. La representante a la Cámara por Bogotá, Cathy Juvinao, tachó esta propuesta como una “improvisación inaceptable e infame”. 

La periodista Catalina Suárez, advierte sobre un inminente caos administrativo y un daño a los contratistas del país y a sus familias.

La voz de la oposición también se hizo sentir. El representante a la Cámara por el Tolima, Carlos Edward Osorio Aguiar, instó al presidente Petro a diseñar una política pública de formalización del empleo, sin perjudicar a los contratistas ni desconocer la autonomía de los entes territoriales.

El congresista del Centro Democrático anunció que este tema será objeto de análisis y debate en su agenda legislativa para este 2023.

Sí, pero no así

La polémica propuesta generó un choque de trenes al interior del propio gobierno Petro, entre Función Pública y el Ministerio del Trabajo. Este último expreso su molestia por pretender, desde el nivel central, imponer cargas laborales imposibles de cumplir a las entidades públicas.

Además, el Ministerio dejó entre ver que no lo tuvieron en cuenta para expedir la circular de la discordia, desconociendo un trabajo de meses con entidades, sindicatos y gremios, en la formalización del empleo en Colombia.

Aunque la Procuraduría conminó a alcaldes y gobernadores a adelantar gestiones para implementar las plantas de personal en el territorio, dejó claro también que el Gobierno Nacional solo puede brindar asesoraría y acompañamiento, más no imponer limitaciones y requerimientos de ningún tipo en la celebración de contratos, que estén por fuera de la ley.

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