Hoy, cuatro años después, el documento continúa en el limbo a la espera que se resuelva la apelación impetrada por la Administración Municipal, expediente que desde el 21 de septiembre del 2020  reposa en el despacho del magistrado Luis Eduardo Collazos en espera de turno de sentencia.

El vacío legal que produjo la acción judicial interpuesta por la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima y en la que también tuvo una enorme cuota de responsabilidad el Concejo Municipal, es causante de un crecimiento desproporcionado y desordenado que incluso compromete seriamente zonas de especial protección como el Cañón del Combeima donde en la actualidad se urbaniza sin control poniendo en riesgo el recurso hídrico de 600 mil personas.

Jugadita

La génesis de este desaguisado se remonta al 3 de diciembre de 2014 cuando el entonces Alcalde municipal, mediante decreto 1000527, convocó a su junta directiva a sesiones extraordinarias por 25 días con el propósito de dar debate al proyecto de acuerdo que pretendía sustituir integralmente el POT del año 2000.

Sin embargo, como anota Guillermo Hinestroza, la discusión resultó inerte y ese que por ley resultaba ser el foro donde se debía legitimar la norma, al final no tuvo ningún protagonismo.

Hubo un acuerdo político entre el Alcalde y el Concejo para que el Concejo ni lo aprobara ni lo negara y se pudiera aprobar por decreto tal y como lo quería la administración en su momento”, precisa Hinestroza, quien asegura hoy la ciudad está pagando las consecuencias.

Advierte el experto cómo, por ejemplo, la expansión y densificación por construcción en alturas en la zona aledaña al aeropuerto Perales se ha dado sin ningún control tanto por el sector de La Samaria como por Picaleña.

Mientras, ocurre algo similar en la ronda hídrica del río Combeima en la parte alta del cañón donde se construyen desaforadamente viviendas, se deforesta para labores de ganadería y se hace uso del suelo indiscriminadamente.

El proceso

Según explica Marly Isabel Cuéllar, responsable de la Clínica Jurídica de la Universidad de Ibagué, la acción de nulidad se centra en el acta de concertación que se hizo entre el Municipio de Ibagué y Cortolima, donde se incluyeron algunas modificaciones que posteriormente no fueron tenidas en cuenta en el decreto promulgado.

Del articulado declarado nulo por el Juez de primera instancia se destacan temas sustanciales como el uso del suelo rural, la recuperación ambiental de áreas impactadas por zonas industriales y áreas designadas para superar el déficit en espacio público que podrían comprometer zonas verdes de la ciudad.

Aunque la medida comprometió el parágrafo tercero del artículo 120, y los artículos 266, 401,403 428 y 438, integralmente, fue claro en que la sentencia no dejaría sin efecto el resto de las modificaciones aplicadas al POT.

Los platos rotos

En medio del debate jurídico y mientras la decisión de fondo duerme entre los anquilosados expedientes del Tribunal Administrativo del Tolima, a juicio de los expertos, los efectos reales los padecen los ciudadanos en su cotidianidad.

De ahí que el escenario sea propicio para incorporar al debate elementos como el derecho a la ciudad y preguntarse como sugiere Jhon Jairo Uribe, director del programa de Ciencia Política de la Universidad de Ibagué, si más allá de las disposiciones de Ley los concejos municipales son validadores reales del tipo de espacios y paisajes que quieren o necesitan los ciudadanos.

A esta tesis se suma la experta Gloria Aponte quien subraya, el crecimiento urbano desatento a la naturaleza del paisaje genera impacto en todas las escalas. En la grande con edificaciones que alteran la visibilidad, en la mediana  con ocupaciones indebidas del espacio público y atascos viales y en la pequeña con inundaciones o dificultades para la movilidad de los peatones. Todo esto con cargos a las personas, su bienestar y salud mental.

Qué salud mental pueden tener los ibaguereños si el paisaje de mediana escala lo sufren en su actividad cotidiana y diversa”, precisó Aponte.

Alcaldías indiferentes

Pero no sólo los intereses políticos del Alcalde y los concejales de la época han tenido que ver en esta novela.

Hay que hablar de cuál ha sido el papel que han jugado las administraciones que han venido posteriormente.

Esa lectura la comparte con claridad Guillermo Hinestroza quien asegura el gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo dejó pasar el asunto sobre la expectativa de que el Tribunal Administrativo iba a echar abajo el Plan y el actual gobierno de Andrés Fabián Hurtado, después de dos años, no ha hecho ningún esfuerzo por pensar en la incorporación de los necesarios ajustes o actualizaciones.

Dos POT

El ordenamiento territorial hoy en Ibagué resulta un Frankenstein entre los recortes del POT del 2014 que permanecen vigente y el POT del año 2000 que también tiene efectos vinculantes, sobre el que se toman decisiones y hasta se expiden licencias.   

El arquitecto, Javier Humberto Arbeláez, quien acompañó la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000, defendió sus bondades, dijo que se hizo metodológica y conscientemente.

Arbeláez mencionó que no se contaba con un sistema de información, y se formó un urbanismo autista, de guetos. Aunque reconoció que tenía aspectos por mejorar, el plan de comienzos de  milenio estaba formulado sobre lo fundamental y sostuvo debió haber sido sometido a un mejoramiento antes que pretender borrarlo de plano.

El balón en el tribunal

Lo que no hizo el Concejo de la ciudad y terminó haciendo mal la administración municipal hoy es una papa caliente que depende de los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima.

Sobre los tiempos en los que podría resolverse este litigio, nadie apuesta a echar cábalas pues como explica Marly Isabel Cuéllar, pueden transcurrir varios años y es potestativo del Tribunal como director del proceso, el tiempo que deba tomarse para resolver.

En defensa de jueces y magistrados salió al paso el decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Ibagué, Hernando Hernández, quien señaló no se puede caer en la ligereza de transferir toda la responsabilidad a los togados sobre aspectos que deben ser examinados desde la legislación.

La Ley lo autoriza, si el Concejo no lo aprueba dentro de 90 días entonces el Alcalde lo puede firmar y por qué no dice y el Concejo que no apruebe esto tendrá una sanción, pero no nunca hay unas normas de esas”, refirió Hernández.

Caos territorial

Lo único cierto es que la ausencia de una hoja de ruta para ordenar el territorio ha abocado a la ciudad a una explosión de problemáticas que trascienden el plano de lo social y se convierten en verdaderas bombas de tiempo.

De un lado, la ocupación indebida de terrenos promovida por mafias de ‘tierreros’ con las consecuentes repercusiones sobre el medio ambiente. De otro, la escasez de recurso hídrico para atender la demanda de las nuevas zonas urbanizadas.

Casos como el de Alminar Samoa que a juicio de Guillermo Hinestroza se habrían podido evitar.

Mención aparte merece la conservación de los cuerpos de agua y humedales que en buena medida dependerían del amparo legal que se les pueda dar desde el POT, como lo indicó César Velandia, docente del programa de Arquitectura de la Universidad de Ibagué.

En fallo de segunda instancia, el alto tribunal dispuso la nulidad del acto administrativo por medio del cual se declaró la elección de Yuri Alejandra Franco Lozano como personera de ese municipio del oriente tolimense.

La decisión de los magistrados, también validó la revocatoria de la resolución por medio de la cual se convocó y reglamentó el concurso de méritos para proveer en propiedad el cargo de representante del Ministerio Público.

Según advierte la sala de decisión del Tribunal Administrativo del Tolima dando la razón a las partes demandantes, el proceso terminó viciado al encomendarse el trámite de escogencia, entre las hojas de vida postuladas, a las entidades Fenacon y Creamos Talento, las cuales no acreditaban la idoneidad y experiencia necesaria para liderar está selección.

Al sentir de los togados, está circunstancia impide predicar que se garantizaron respecto a la elección controvertida, los principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad que deben guiar la
selección del Personero, situación que afecta el mérito como criterio orientador para la elección.

"Por lo tanto, pese a que quien resultó elegida como personera no haya actuado en los actos previos, sí vicia su elección y
lleva a declararse la nulidad de este acto administrativo, como lo hizo la juez de primera instancia"
, señala la Providencia, que tuvo como ponente al magistrado Belisario Beltrán Bastidas.

Ver: Fallo Tribunal Administrativo del Tolima Descarga

Efectos políticos

Además de los efectos jurídicos sobre la elección, la sentencia pondría en vilo la continuidad de buena parte de los concejales del municipio toda vez que la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, había prevenido al Presidente de la Corporación mediante oficio sobre la transgresión de los principios constitucionales y legales e instaba a revisar los procesos de elección.

También había precisado que en el evento de encontrar dichas anomalías se pedía estudiar la posibilidad de suspender la ejecución de dichos convenios, dar por terminado de mutuo acuerdo los mismos, suspender el concurso de méritos e iniciar un nuevo proceso que cumpliera con los requisitos legales y reglamentarios, así como adoptar las decisiones a que hubiera lugar.

Un caso muy similar al que en su momento enfrentaron los concejales de Ibagué.

Según fuentes consultadas por ContraPeso, no sería la primera vez que el Concejo de Melgar incurre en faltas legales.

Ya antes habían sido investigados e imputados por la Fiscalía General de Nación al celebrar una sesión a medianoche que apenas tuvo una duración de 10 minutos por la cual se cobraron sin justificación los honorarios completos.

En este hecho también resultó involucrado el actual alcalde, Agustín Manrrique quien enfrenta etapa de juicio.

Los hechos se remontan al 27 noviembre del año 2012 cuando los togados del máximo organismo de lo contencioso administrativo en el Tolima se aprestaban en sesión de sala plena a elegir dentro de la lista a un grupo de conjueces.

Entre los nominados figuraba el nombre del jurista Eduar Armando Rodríguez Rubio.

Según se supo, al consultar el voto de la reconocida magistrada Susana Nelly Acosta Prada, esta se habría manifestado en contra de la elección de Rodríguez Rubio exponiendo como argumento asuntos concernientes a la intimidad del candidato.

De acuerdo con el relato que hiciera el afectado, la funcionaria habría referido que “éste mantenía relaciones non santas y había adquirido un patrimonio producto de esa relación”.

De pasillo

Aunque tales apreciaciones se dieron en un ambiente  de carácter privado entre los integrantes de la sala, tal y como relató a la Fiscalía Rodríguez Rubio, el mismo día en que se profirieron estos comentarios, mientras adelantaba su labor habitual por los juzgados,  un funcionario del Tribunal le advirtió sobre lo ocurrido.

Las palabras atribuidas a la magistrada Acosta Prada no tardaron en hacer eco y se convirtieron en comidilla de los pasillos y despachos del palacio de justicia de Ibagué.

Proceso penal

El 28 de noviembre del mismo años, el abogado Eduar Armando Rodríguez  solicitó formalmente mediante derecho de petición acceso al registro magnetofónico de la reunión, insumo que posteriormente empleó como prueba para accionar penalmente contra la juez a quien señaló como responsable de la conducta de injuria y calumnia.

La acción penal asumida por la Fiscalía Décima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia avanzó hacia la etapa de imputación, momento procesal en el que la actual magistrada radicó un escrito de retractación ante la sala plena del Tribunal del que hace parte y la sala Primera de Instrucción de la Corte.

En él dejó en claro que las objeciones por ella manifestadas se formularon sobre la base de argumentos ajustados a la realidad y ofreció disculpas al profesional del derecho por la equivocada interpretación de sus expresiones.

Preclusión

Casi seis años después de iniciado el proceso penal, este miércoles, acusada y víctima se volvieron a ver en audiencia pública ante los magistrados de la Corte para resolver la solicitud de preclusión de la acción penal instaurada por la defensa.

El abogado Álvaro Vargas, apoderado de la magistrada Acosta Prada expuso tres razones principales para solicitar el archivo del expediente: el primero la caducidad en los términos de la presentación de la querella; segundo, la retractación hecha por la funcionaria judicial y tercero, la prescripción de la acción penal.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación se apartó del primero y último de los motivos invocados para dar trámite al archivo, acompañando solo el argumento soportado en la retractación dada, previo a que se profiriera la  sentencia de primera o única instancia.

Carlos Mejía Abello, fiscal Delegado ante la Corte Suprema

Durante la última parte de la diligencia también hubo lugar a la intervención del abogado Rodríguez Rubio reconocido como víctima dentro del proceso quien expuso sus puntos de vista frente a los planteamientos de la defensa de Acosta Prada.

La última palabra para impartir aprobación a la preclusión del proceso contra la alta operadora de la justicia está ahora en manos de sus colegas en la máxima instancia de lo penal en Colombia, decisión que tendrá ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas.

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