El proyecto que tiene un presupuesto de 2.906 millones de pesos y adjudicada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) en 2018, debería haber concluido en enero del 2020. 

De acuerdo con el Ministerio Público, debido al incumplimiento del contratista se terminó y liquidó el contrato; por lo que la obra en la actualidad presenta un avance del 24% y permanece en completo abandono a la espera de un nuevo proceso licitatorio.

"Con esta solicitud, efectuada en el marco de la Comisión Regional del Ministerio Público para la Justicia Transicional Tolima, la Procuraduría busca que se finalice la construcción del CRAV, y que las entidades implicadas ratifiquen el compromiso de entregar a esta población un centro regional que permita atender, orientar, remitir, acompañar y realizar el seguimiento a las más de 50 mil víctimas del municipio", precisó la Procuraduría en un comunicado. 

El organismo sostuvo que se trata de una actuación preventiva de la Procuraduría Regional que no pretende coadministrar, sino facilitar los requerimientos de las víctimas en el ejercicio de sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral.

La nueva procuradora provincial de Ibagué, Viviana Patricia Álvarez González es abogada de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Responsabilidad Civil y del Estado, Derecho Administrativo y Constitucional y magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana.

A sus 38 años cuenta con amplia experiencia en la rama judicial donde ha desempeñado diferentes cargos tanto en juzgados de Bogotá y Boyacá como en el Tribunal Administrativo del Tolima.

Álvarez es nacida en Ibagué y terminó su bachillerato en el colegio Eucarístico “María Del Refugio” .

Con esta designación la procuradora Margarita Cabello le cumple al senador Miguel Barreto, quien resultó clave en su proceso de elección.

Cabe mencionar que la nueva Procuradora Provincial es hermana de la exgerente de Infibagué, Paola Álvarez, también esposa del excandidato a la Alcaldía, José Barreto.

Radio de acción

Las competencias de esta delegada se extienden a los municipios de Ibagué, Alvarado, Anzoátegui, Cajamarca, Rovira, San Luis, Santa Isabel, Piedras, Roncesvalles, Suárez, Valle de San Juan y Venadillo.

En estas 12 poblaciones Álvarez conocerá en primera instancia los procesos disciplinarios que se sigan en contra de los alcaldes municipales, los concejales, los personeros, personeros delegados, ediles de juntas administradoras locales, rectores, directores o gerentes de las entidades y organismos descentralizados.

Aunque el Alcalde de Ibagué no es sujeto disciplinable de esta Procuraduría, la provincial sí avoca conocimiento de los expedientes en contra de todos los funcionarios adscritos a la administración municipal.

Después de los reiterados llamados formulados desde el despacho y que fueron desoídos, el mandatario finalmente designó apoderado de confianza dentro del proceso en el que se le imputan los delitos de peculado por uso y destrucción de material probatorio.

Sin embargo, la diligencia que se pretendía desarrollar durante dos días tuvo que ser postergada, una vez más, ante la solicitud del nuevo defensor, el jurista Javier Hurtado ( el cuarto en menos de un mes) quien invocó incluso jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la hora de justificar la necesidad de contar con un plazo razonable para estudiar el expediente y preparar su estrategia.

La fiscal 38 seccional de la unidad de delitos contra la administración pública, Elizabeth Torres objetó parcialmente la solicitud del abogado al considerar que tres a cuatro semanas no resultan un plazo dable.

La representante del ente acusador dijo que si bien el jurista debe ponerse al tanto de las actuaciones, es de considerar que por su experiencia y palmarés no requiera de tanto tiempo y recordó cómo el anterior abogado, Rubén Darío Ramírez entró en contexto en apenas unas horas.

La funcionaria fue enfática en que el proceso penal corre el riesgo de la prescripción y reiteró la disposición de su despacho para que se pueda dar trámite exitoso hacia la decisión del Juez.

El Ministerio Público, representado por el procurador Édgar Alfonso Sáenz, por su parte, pidió que pese a los sistemáticos aplazamientos y las maniobras dilatorias del acusado que tienen como finalidad el vencimiento de los términos, en garantía del derecho al debido proceso se impartiera aprobación a la solicitud de aplazamiento de la vista pública, sólo que en un plazo no excesivo.

La representación de víctimas, en cabeza del apoderado de la Aerocivil, Marco Ricardo Mariño,  se expresó en este mismo sentido solicitando no más de ocho días para el estudio de la carpeta y sostuvo como abogado, “uno no puede convertirse de buena o de mala fe, en copartícipe de maniobras dilatorias empleadas por su cliente”.

Confusión y molestia

Al resolver el recurso de la defensa, el juez Segundo Penal del Circuito, Henry Beltrán dejó constancias de todo lo que se ha hecho desde su despacho para priorizar este proceso, postergando otras diligencias o moviendo sus fechas

El operador de justicia quien se vio inmerso en una confusión, al interpretar que el plazo requerido por la defensa era de 4 a 5 meses dejó escapar toda su frustración, dijo que no permitiría que le vieran la cara cuadriculada, porque lo que estaba en juego era su cuchara, su sosiego y el de su familia.

Y aclaró que si bien la prescripción del peculado expira el 30 de noviembre de este año, ese no es el único delito por cuanto la destrucción de material probatorio por la que también se acusa a Hurtado tendría como fecha de vencimiento en el año 2026.

Al final el juzgado concedió al nuevo defensor  hasta la próxima diligencia que se retomará el 6 de septiembre.

Esta semana continuará el juicio oral por el sonado caso de los 'piques' ilegales. El balcón de los acusados lo ocupa el hoy alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado.

El accidentado debate judicial en el que han brillado toda suerte de argucias pretendiendo dilatar el normal desarrollo de las etapas procesales ya suma dos compulsas de copias para que se investigue penalmente al mandatario por los delitos de peculado por uso (configurado aparentemente en el vehículo asignado para sus funciones la noche de los hechos) y obstrucción a la justicia.

En esta causa Hurtado fue imputado por las conductas de peculado por uso al disponer la pista del aeropuerto para fines distintos y ocultamiento de pruebas.

La mayor preocupación de Fiscalía, Procuraduría y representación de víctimas tiene que ver con la proximidad de la prescripción que se daría en el mes de octubre

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