El alcalde de Cajamarca, Julio Roberto Vargas, se despachó en elogios hacia el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco y afirmó, categóricamente, que “a muy pocas personas me les quito el sombrero, pero a usted sí por este gran proyecto de profundo contenido social”.

El mandatario cajamarcuno, quien siempre utiliza sombrero, interrumpió varias veces su discurso para pedir aplausos y reconocimientos hacia el mandatario seccional en señal que los señalamientos y puyas hacia Orozco quedaron en el pasado.

El discurso de reconocimiento y la quitada del sombrero tuvo lugar en la visita de Ricardo Orozco, y varios de sus colaboradores, a Cajamarca para socializar el proyecto de gas natural rural que beneficia 693 familias campesinas residentes en 13 veredas; con una inversión de 6.450 millones de pesos.

La representante del Ministerio Público, quien obtuvo  el primer lugar en el concurso de méritos, fue designada por las mayorías del Concejo de la ciudad y tomó posesión de su cargo como Personera en propiedad de Ibagué, calificó las manifestaciones hechas sobre su nombre como falsas, irrespetuosas y degradantes.

Ardila lamentó el que con este tipo de publicaciones se atente contra su dignidad e intimidad, situaciones que dijo “van más allá de mi papel al frente de la entidad que represento”.

Ver también: (Guerra sin cuartel en el Concejo de Ibagué)

Respecto a las imágenes publicadas en las cuales se me vincula íntimamemente con el señor Presidente del Concejo Municipal, debo decir con absoluta seguridad que no corresponde con la realidad y que la persona que aparece en las mismas no soy yo”, expresó Francy Johana Ardila al calificar como grave el que se juegue con la honra de las personas.

La Personera de Ibagué anunció que solicitará al portal web que difundió inicialmente esta información, se retracte, al tiempo que dijo apelará a los mecanismos legales en defensa de su buen nombre.

Elevaré la respectiva denuncia ante la Fundación la Libertad de Prensa ya que este tipo de prácticas transgrede todo los principios éticos del noble ejercicio del periodismo”, puntualizó.

La fiscal Segunda delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Francy Eugenia Gómez,  le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y  peculado por apropiación al exgobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga dentro de la investigación que sigue en su contra por la suscripción aparentemente irregular del convenio interadministrativo 748 de 2008 con la Empresa Generadora de Energía del Tolima, Egetsa.

Ante los magistrados de la sala especial de primera instancia, la representante del ente acusador relató cómo en el marco del mencionado convenio se dio paso a la subcontratación de obras que debían haber sido lanzadas a licitación pública.

También puso de presente el aparente favorecimiento de contratistas que en el pasado habían aportado recursos a la campaña de Barreto Quiroga en su aspiración por llegar al primer cargo de elección popular en el Departamento y sacó a relucir los nombres de Mauricio Pinto y Pedro Helí Parra, el primero secretario general y el segundo gerente de Egetsa para la época de los hechos.

No hubo cooperación 

Según la fiscal Gómez el cuestionado convenio nunca fue de cooperación, más sí de contraprestación. 

Aunque se determinó un aporte económico por el orden de los 50 millones desde la empresa de energía este nunca se materializó, en cambio se dispuso el reconocimiento del 3.5% del  total de los recursos desde la Gobernación del Tolima, lo que en suma se tradujo en más de 300 millones de pesos en  gastos administrativos que debía haber asumido Egetsa.

En su relato la funcionaria judicial expuso que el texto del acto administrativo no fue elaborado por la oficina de contratación del Departamento sino que recayó en la figura de Gustavo Adolfo Patarroyo Rodríguez, quien para ese momento no tenía vinculación laboral con ninguna de las entidades involucradas en el convenio. 

Por la misma razón, el documento no tuvo en cuenta análisis del mercado, ni estudios de prefactibilidad conforme a lo dispuesto normativamente 

Al detallar la lista de obras ejecutadas en el marco del convenio, la Fiscal relacionó los sobrecostos en varias de ellas y precisó que hubo un detrimento al patrimonio público por más de 1.400 millones de pesos.

A juicio de la Fiscalía, el convenio investigado tampoco resultaba procedente en la medida que el objeto social de la empresa pública era la generación de energía y no de soluciones en materia de alcantarillado o agua potable.

A la lista de hallazgos la Fiscal del caso agregó el que el plazo de ejecución inicial de 90 días terminó prolongándose hasta 300 con más de nueve suspensiones.

Sin responsabilidad 

En su acusación el ente investigador reprochó duramente el que Óscar Barreto, según su dicho “De manera deliberada quiso desprenderse de la función contractual delegándola en sus secretarios de despacho. Sin ejercer  control y vigilancia” 

Y fue más allá, al sostener que como Gobernador, Barreto sabía de la cercanía de su secretario general, Mauricio Pinto con Pedro Helí Parra a quien había postulado y hecho elegir como gerente de Egetsa valiéndose del control ejercido mayoritariamente sobre la junta directiva para poder suscribir estos convenios.

Pagando favores 

Para la Fiscalía General de la Nación, la delegación de la función de ordenación del gasto por parte de Barreto Quiroga tenía como interés  el favorecimiento de terceros lo que se habría configurado en el caso del subcontratista Diego Fernando Rodríguez Chavarro, a quien se entregó la línea de conducción y adecuación de la planta de tratamiento de agua del municipio de Fresno.

De acuerdo con su tesis, Rodríguez Chavarro fue uno de los aportantes a la campaña de Óscar Barreto a la Gobernación del Tolima, propósito al que se vinculó económicamente con la suma de 24 millones 500 mil pesos.

Entregó los recursos públicos por valor de 1.516 millones a Diego Fernando Rodríguez Chavarro, este contrato tuvo el segundo sobrecosto más alto por valor de 140 millones de pesos, acto constitutivo de un verdadero desvío de poder”, enfatizó la fiscal Gómez. 

Al igual que en el caso del alumbrado navideño, por el que es investigado el exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, en el convenio de Egetsa no resultaba aplicable la fórmula de subcontratación, pues las actividades pactadas debían haber sido asumidas por la entidad  contratante con base en su idoneidad, capacidades técnicas y administrativas.

Contraloría, víctima

Durante la vista pública en la que estuvo presente el exmandatario y su abogado Raúl Cadena se tramitó ante el despacho de la magistrada Blanca Nélida Barreto la solicitud de reconocimiento como víctimas dentro del proceso por parte de la Contraloría General de la República. 

La petición se sustentó en el hecho de que la investigación gira en torno al compromiso de recursos del erario. 

Después de analizar la solicitud, la magistrada al frente de la diligencia otorgó el reconocimiento respectivo como parte dentro del litigio al ente de control. 

Este viernes el actual congresista tolimense comparecerá ante la sala de instrucción especial de la Corte Suprema de justicia para rendir su versión sobre los hechos por los cuales el alto tribunal decidió vincularlo formalmente a investigación como presunto responsbale de las conductas de falsedad en documento privado y fraude procesal.

Según conoció CONTRAPESO, Barreto Castillo se encuentra tranquilo frente a la actuación de la Corte en razón a que los montos máximos fijados para el momento eran de alrededor de 900 millones de pesos y su campaña estuvo 40% por debajo de esa cifra.

Testigo clave

Y es que según pudo establecer este portal, la investigación del máximo órgano de justicia ya se encuentra avanzada.

Ante la sala de instrucción rindió versión un testigo clave, Juan Guillermo Mancera García, empresario del sector de los hidrocarburos quien le contó a los magistrados cómo para el año 2018 habría entrado en contacto con un hombre cercano al entonces gobernador Óscar Barreto quien le visitó en tres o cuatro oportunidades con el objetivo de tramitar contribuciones económicas supuestamente direccionadas hacia la campaña de Miguel Barreto.

En su testimonio Mancera indicó que aunque la compañía para la que se encontraba vinculado rehusaba a tener participación en asuntos de política, ante la insistencia del “hombre del maletín”  y tras confirmar que el partido conservador controlaba los asuntos de interés público en la región, teniendo como máximo dirigente a Óscar Barreto, accedió a hacer un aporte personal sin pedir ningún tipo de certificación.

Le pregunté y le dije ¿el señor Óscar Barreto tiene conocimiento de esto? Y me dijo sí tiene conocimiento de esto y le manda a decir por favor que le ayude al primo, creo que el señor Miguel Barreto es primo de él”, sostuvo Mancera García.

El testigo también relató cómo en el mes de marzo el emisario de Óscar Barreto llegó hasta su oficina y desde su chequera personal del banco CitiBank le giró la suma de 20 millones de pesos.

Si bien la declaración de Juan Guillermo Mancera hablaría del supuesto ingreso de dineros no declarados a la campaña de Miguel Barreto, cosa que el propio congresista desmiente, también incrimina al exgobernador y hoy candidato al senado Óscar Barreto quien, fungiendo como mandatario seccional, abiertamente a través de mensajeros habría participado en política.

Un asunto, no de poca monta que podría dar incluso para que se compulsen copias y se investigue estas conductas.

El hombre del maletín

Pero ¿quién es el mensajero del que habla el testigo Mancera?.

Se trata de Nelson Hernández quien en el pasado coadyuvado por el propio Óscar Barreto se desempeñó como contratista de la Aeronáutica Civil, durante la dirección en ese organismo de Alfredo Bocanegra.

Hernández es, hoy por hoy, la mano derecha de Óscar Barreto y además es jefe de debate de la candidata a la Cámara, Delcy Esperanza Isaza.

Pero eso no es todo, el polémico personaje se encuentra sancionado disciplinariamente desde 2019 en segunda instancia por la Procuraduría General de la Nación que lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por un periodo de 10 años. Adicionalmente se presenta en algunos círculos como miembro del directorio nacional conservador, al parecer, sin serlo.

¿Incriminación?

Así las cosas, ante la Corte, la Fiscalía deberá demostrar que el cheque del testigo Juan Guillermo Mancera García, sí llegó a manos de Miguel Barreto o su campaña, cosa que éste último dice nunca ocurrió.

Mientras queda al descubierto, una participación indebida en política, el modus operandi de la estructura que aspira elegir a su máximo líder como senador y que impulsa al mismo tiempo campañas a la Cámara de Representantes.

En su pronunciamiento, el alto tribunal encontró méritos suficientes para afirmar que hubo responsabilidad de Osorio en las conductas de contrato sin cumplimiento de requisitos legales  en concurso con peculado por apropiación a favor de terceros agravado.

Señaló el tribunal que “fue Fernando Osorio Cuenca quien propició el descalabro económico del ente territorial que se comprometió a cuidar, pues gracias a su intervención, dirección y en virtud de su ejercicio como Gobernador del Departamento permitió que la Secretaría del Convenio Andrés Bello se apropiara de los referidos recursos y nada libran de su responsabilidad las argumentaciones defensivas relacionadas con la delegación de funciones y confianza en sus subalternos

No hubo dolo

Entre tanto, sobre lo endilgado por la Fiscalía a Barreto Quiroga, la Corte consideró que aunque este se abstuvo de ordenar la afectación de la póliza de cumplimiento, “no lo hizo guiado por una decisión pueril o intransigente de su parte, sino por el fundado convencimiento que su equipo tuvo acerca de la necesidad de agotar otros procedimientos, lo que desdibuja el dolo enrostrado por el ente acusador”.

Para el abogado Raúl Cadena, defensor del exgobernador Barreto la decisión de la Corte es un gran triunfo para su cliente y también un logro propio desde el punto de vista profesional.

Recalcó el que Barreto se ha caracterizado por ser una persona muy respetuosa frente a los requerimientos de la justicia, ante la que dijo ha comparecido cada vez que se le cita.

¿Cómo lo tomó él?, con mucha alegría, se siente con una moral y con una transparencia impoluta. Todos los tolimenses pueden estar satisfechos de que ante los cargos que le ha hecho la Fiscalía General de la Nación, los mismos jueces de la república encontraron que no era culpable de ninguno de ellos”, expresó el jurista.

Cadena recordó que el planteamiento de la defensa se centró en la no existencia de ninguno de los delitos imputados y de manera subsidiaria que de encontrarse la existencia de los delitos como efectivamente los encontró la sala en el caso de Fernando Osorio Cuenca, no hubo ningún actuar doloso de parte de Barreto Quiroga quien, al contrario, cumplió la ley de manera reglada siendo muy riguroso con sus empleados en que había que respetar las normas.

¿Libertad provisional?

Al anunciar su decisión, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que hasta tanto se adopte una decisión de fondo, Fernando Osorio Cuenca permanecerá en libertad.

Sin embargo, advirtió que al momento de dictar sentencia tomará a consideración el hecho de que Osorio haya atendido los llamados de la administración de justicia, con lo que se establece su sometimiento al ordenamiento y la intención de acatar las determinaciones judiciales.

También precisó que considerará lo planteado por la defensa sobre estado de grave enfermedad incompatible con la vida en reclusión formal.

La audiencia de juicio en la que se anunciará la dosificación de la pena a imponer continuará el próximo jueves en horas de la mañana.

La diligencia estará presidida por la magistrada ponente Blanca Nélida Barreto Ardila y definirá si a juicio del alto tribunal los exmandatarios son responsables penalmente o no por los delitos de prevaricato, peculado y contrato sin el lleno de requisitos legales.

Fiscalía pidió condena

En los alegatos finales, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia Jorge Hernán Díaz pidió a la Corte sentencia condenatoria contra los exgobernadores.

Sostuvo Díaz que en el caso de Osorio el peculado por apropiación reviste circunstancias de agravación al haber coparticipación criminal con quien era su secretario de Educación, Alejandro Rozo Gaeth.

Mientras que de Barreto aseguró actuó de manera dolosa en el trámite de liquidación del Convenio, a sabiendas que como representante legal debió entrar a activar las pólizas que cubrían las obligaciones de la Secretaría Técnica del convenio (Secab)

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Defensa

Por su parte, el abogado Raúl Cadena Lozano apoderado de Óscar Barreto con vehemencia pidió justicia para su defendido mediante fallo absolutorio como quiera que según su argumentación no obra ni una prueba que pueda acreditar dolo.

Ver también: (La suerte para Óscar Barreto ante la Corte, está echada)

Lo político

El anuncio de hoy reviste particular importancia, especialmente para Óscar Barreto quien la semana pasada inscribió su nombre ante la dirección del partido Conservador y viene avanzando en sus correrías y acuerdos políticos a lo largo y ancho del departamento en su aspiración por llegar al Senado de la República.

Una sentencia adversa podría significar una recomposición de las cartas sobre la mesa para mantener la participación de ese grupo político en la esfera nacional y una absolución le daría la tranquilidad para continuar avanzando tras su objetivo con una una preocupación menos.

El Concejo de Ibagué fue el escenario donde el exsubgerente financiero del hospital, Guillermo Puentes y el despedido jefe interventor de las obras de la comuna nueve, Victor Manuel Lozano se destaparon, dejando en el ojo del huracán al actual Gerente de ese ente descentralizado.

Puentes reveló como para el momento de su salida, el estado de las finanzas de la institución reportaban un déficit de 2.000 millones de pesos, pese a sus esfuerzos administrativos por tratar de contenerlo.

El exfuncionario advirtió ante la plenaria que de mantenerse la misma tendencia al cerrar el año el hueco fiscal de la empresa social del Estado podría rondar los cinco mil millones de pesos.

Este complejo panorama financiero pareciera no significar nada frente a las denuncias hechas por él hasta hace poco jefe de la interventoría a las obras de la unidad hospitalaria de Picaleña.

En su intervención el ingeniero Victor Manuel Lozano ratificó su advertencia sobrecostos en los precios de los materiales empleados que el citante del debate, concejal Rubén Darío Correa estimó hasta en un 46 mil por ciento.

Adicionalmente, explicó cómo su actuación resultó incómoda, ni siquiera para el contratista o su representante legal, sino para el dueño de la obra quien dijo ser el ingeniero Luis Fernando Méndez.

El hoy exjefe de la interventoría acusó al gerente de la Unidad de Salud de Ibagué, Carlos Cuéllar de haber estado detrás de su despido y aseguró tener cómo comprobarlo.

Al mismo tiempo refirió cómo el ingeniero Méndez en uno de los espacios donde coincidieron le pidió no interferir en su trabajo.

Interventor incómodo

Y es que durante la sesión se pudo escuchar un audio de una reunión en la que estuvo presente el Gerente de la USI y el propio Luis Fernando Méndez donde se debatió el futuro de la interventoría.

Allí Méndez, quien en el papel nada tiene que ver con la obra en ejecución, increpa a los participantes por las solicitudes de la interventoría que según su dicho le estarían encareciendo el proyecto.

Estas manifestaciones fueron acompañadas por el saliente subgerente, Guillermo Puentes, al señalar cómo el gerente de la Institución le relegó de sus funciones, le prohibió el ingreso a la obra y el acceso a la información de los avances.

El boicot a su gestión, según dijo, habría llegado al límite del acoso laboral, las burlas y la desautorización que hasta le impidió, pese a ser el supervisor del contrato, hacerse participe del acto de instalación de la primera piedra que la Administración promocionó con bombos y platillos.

"Renuncie"

"Usted no es una persona digna de la confianza de los ibaguereños, si le queda vergüenza y decoro ¡Renuncie!", exclamó el cabildante de oposición.

Ante estas contundentes aseveraciones el concejal Rubén Darío Correa llamó mentiroso al gerente y categóricamente pidió su renuncia.

Correa fue más allá y pidió a los órganos de control intervenir frente a estas denuncias, así como seguir la pista de una lujosa camioneta que, según afirmó, permanece parqueada en el sótano del centro comercial Combeima, cuyo valor superaría los 300 millones de pesos y que estaría relacionada con este contrato.

Los escuderos

En defensa del funcionario se escucharon las voces de los concejales Brayam Escandón y Martha Ruiz, ambos oficialistas, quienes pretendieron desestimar las afirmaciones de los denunciantes con pírricos argumentos.

Para ambos el debate debió estar centrado en el avance de la obra, dando a entender que es más importante que la obra se haga y si termine sin importar que ello signifique pagar mas de lo debido, muy a pesar de que de por medio están los recursos de los ibaguereños.

Ruiz, también dijo que se trata de asuntos personales, políticos y administrativos que no tienen que ver en nada con la competencia del Concejo.

Incluso en referencia a Correa habló de amarillismo y odios que no dejan avanzar la gestión del Alcalde.

Gerente responde

A su turno, el gerente de la USI, Carlos Cuéllar, desestimó las acusaciones en su contra.

Subrayó que no fue su decisión el cambio de supervisor aunque sí sugirió llamar al orden.

Calificó las afirmaciones de Correa como desinformadas y mal intencionadas y dijo no tener nada que ocultar.

También hizo hincapié en que todos los estudios y diseños venían desde la administración anterior y que él no efectuó ningún cambio en ellos.

El funcionario terminó ratificando que no habrá adiciones presupuestales y que la obra deberá estar concluida en junio del 2022.

Además de exponer la hoja de vida y su experiencia, los nominados respondieron al azar dos preguntas extraídas de una urna en sobres sellados que fueron entregadas por los integrantes del cabildo.

En total se entregaron un máximo de 30 puntos posibles, 10 por cada una de las respuestas dadas por los entrevistados.

Al recinto de sesiones del Concejo sólo se permitió el ingreso individual de cada candidato, aunque también estuvieron presentes presencialmente los concejales César Franco, Ferney Varón, Orlando Rodríguez, Linda Perdomo, Brayam Escandón, Eduard Toro y Arturo Castillo, 7 de los 18 habilitados para intervenir en esta decisión, pues como se recordará fue aprobado un impedimento a la concejal Martha Ruiz, cuyo hermano presta sus servicios a la Personería de la ciudad.

La jornada también estuvo acompañada por una delegada de la Procuraduría y uno más de la Defensoría del Pueblo.

Detalles del G9

Contrapeso.com.co presenta a continuación detalles de las intervenciones del grupo de los nueve entre quienes estará el próximo personero de Ibagué si las actuaciones judiciales, una vez más, no terminan echando abajo el proceso.

Luis Felipe Triana Jiménez

Por suerte le correspondió el primer turno para intervenir ante la plenaria. Siendo, como se diría, el conejillo de indias, tuvo que lidiar con dos interrupciones y un receso de 10 minutos antes de poder superar las dificultades de conectividad de recinto.

En su intervención sostuvo que la política pública de la mujer, la equidad de género y las víctimas serían los pilares de su plan de acción en caso de ser elegido.

Con vehemencia se desmarcó políticamente al señalar que no responde a ninguna colectividad o cacique y hasta conminó o a la Corporación a elegir sobre el criterio de los méritos y no atendiendo otras consideraciones o intereses.

No se presten a componendas por debajo de la mesa, a acuerdos políticos, intereses politiqueros o electorales. Elijan a alguien que conozca los temas y no se preste a actos de corrupción”, expresó Triana.

Francy Johanna Ardila

La actual Directora administrativa de la Personería de Ibagué y Personera encargada se precia de ocupar la primera posición en el cómputo de las pruebas de conocimiento, competencias y antecedentes.

Sin embargo, Ardila es una candidata polémica. Sobre su nombre se ciernen dudas sobre un posible impedimento legal para ocupar el cargo en propiedad, aunque con la mano derecha en alto juramentó no estar incursa en inhabilidad o incompatibilidad alguna.

Hay un sector dentro del cabildo con marcado resquemor hacia Ardila, en cabeza de la concejal Linda Perdomo quien, entre otras cosas, propició la suspensión de su entrevista al percatarse que esta llevó al atril un documento soporte, en contra de  lo reglado en la resolución que fijó los parámetros para este ejercicio.

Ante este llamado de atención los organismos de control dispusieron el retiro de la “chiva”  y se habilitó la continuidad en la exposición.

Sin embargo, Perdomo y el concejal Brayam Escandón fueron incisivos en oscultar si además del retiro de las hojas se debió descalificarle por infringir el reglamento.

Esto pone en riesgo el proceso y en desventaja al resto de concursantes”, sostuvo la Concejal del partido verde.

Luis Carlos Hoyos Quimbayo

Parece ser el candidato políticamente correcto. Corren voces dentro del cabildo de que sería el candidato del sector barretista y ante la inminente búsqueda de razones para inhabilitar a Ardila, firme aspirante para ser elegido, pues sería el segundo en puntuación dentro del concurso.

Su presentación ante la plenaria no fue muy atrevida para tratarse de un concurso público y se limitó a aspectos técnicos sobre el mejoramiento de los canales de atención a la ciudadanía y la necesidad de fortalecer la planta de personal de la entidad.

Hoyos es el más veterano de los aspirantes, lo que podría motivar a algunos concejales a darle su respaldo.

Julián Andrés García Novoa.

Se trata de un candidato eminentemente  técnico con el palmarés necesario para ser Personero de la ciudad, sin embargo, no evidencia mayor manejo en lo político, factor en últimas determinante a la hora de la elección y de sumar puntos.

Se definió como un ibaguereño con ganas de hacer que la comunidad tenga acceso real a sus derechos y propuso hacer útil y alcanzable la Personería de ser electo.

Arlid Mauricio Devia

Del grupo de aspirantes entrevistado fue quien mejor administró sus méritos para intentar descrestar a los cabildantes. Hizo mención a su cargo como Procurador en el Huila y en el Atlántico donde  dijo haber conocido por competencia los casos de Aida Merlano y el escándalo de corrupción al interior de la empresa Triple A en Barranquilla.

Se mostró confiado, conciliador, habló de pasar la página de los odios para que la región brille y sostuvo que es necesario pensar en una ampliación de la planta de personal que permita desplegar  la capacidad de respuesta de la entidad

Rogelio Cruz

Adhiriendo a los reclamos de los concejales Linda Perdomo y Brayam Escandón , Cruz pidió al cabildo ibaguereño revisar lo ocurrido con la candidata y contendora Francy Johanna Ardila.

Desde sus consideraciones lo procedente no habría sido solo retirar las hojas de las que disponía la aspirante en el atril sino excluirla del proceso como lo estipulaba el reglamento del concurso.

Su intervención fue cómoda dentro del marco de las competencias propias y la estructura de la Personería. Sin sorprender, está en la pelea dentro de los 10 mejores puntuados en las pruebas.

Juan Camilo Gómez

Quizás es quien menos probabilidades matemáticas puede tener, pues sus puntajes no lo ubican en un lugar favorable dentro de los competidores, pero como en los reinados de belleza, Gómez dejó bocas cerradas con una intervención sesuda, elocuente y estructurada.

Ha tenido experiencia en el sector público y demostró conocimiento sobre los asuntos de la ciudad.

Hizo referencia a la problemática del suministro de agua potable, del necesario acompañamiento a los acueductos comunitarios, refirió a la emergencia del Cañón del Combeima y sacó adelante su entrevista con propiedad y sobrado manejo del atril.   

Islena Rocío Herrera

Si de experticia se trata, pese a su juventud, Islena Rocío Herrera es quien demuestra más horas de vuelo en experiencia relacionada con el cargo.

Ha fungido como Personera municipal  en Valle de San Juan y Flandes lo que explica su agudeza y conocimiento detallado de las funciones a desarrollar.

Prometió anticiparse a las posibles irregularidades y delitos de los servidores públicos y de contar con el apoyo de las mayorías se convertiría no sólo en la primera mujer elegida en propiedad como Personera de Ibagué sino además en la más joven.

Herrera propuso además un trabajo cercano a la comunidad y sin horarios, 24/7. Es de anotar que en las pruebas aplicadas estaría ocupando la tercera posición.

Juan David Díaz

Este joven abogado cuenta con marcada experiencia y cercanía a los asuntos de la administración. Se mostró seguro y tranquilo aunque contundente en varios aspectos como el manejo dado por el ejecutivo a la problemática de la cuenca del Combeima de la que dijo fue una tragedia que se pudo evitar desde el Municipio y sobre la que como Personero haría acompañamiento a las familias afectadas para garantizar la protección de sus derechos.

En el tema de servicios públicos Díaz pidió a los concejales apersonarse de los llamados desvíos significativos en la empresa de acueducto, Ibal, donde el aire en las tuberías, sugirió, podría estar generando recaudos indebidos y ratificó la importancia de hacer seguimiento a los cobros excesivos de la empresa de energía Celsia.

El sondeo virtual que recogió la opinión de 2.236 ibaguereños mayores de 18 años preguntó en su componente de Gestión Pública, por la imagen que tienen los encuestados del actual mandatario de la capital del Tolima.

El 63% la calificó como desfavorable, un 15.3% ni favorable, ni desfavorable y solo el 19.3% le dio su respaldo.

En todos los grupos de edad la imagen negativa del mandatario está por encima del 52% denotando que este comportamiento se acentúa entre los 18 y los 35 años donde el indicador de desfavorabilidad ronda por el 72%.

Al grupo de ciudadanos sondeados se le pidió calificar la gestión del alcalde, Andrés Hurtado. El 63.2% de ellos dijo que esta ha sido mala, 20% buena y entre los que ni la aprueban ni la rechazan se encuentra el 16.8%.

En Abril de este año la misma encuesta había pedido evaluar la gestión global de la Alcaldía concluido el primer año de Gobierno. En este momento el 60,4% dijo estar insatisfecho, en tanto que el 22.8% opinó lo contrario.

Concejo con nota negativa

Pero no sólo el mandatario local salió mal calificado. Otra institución del municipio, el Concejo de la ciudad, junta directiva del Alcalde resultó mal librado.

El 60,6% piensa que la imagen del cabildo es desfavorable y un 68,4% considera que su gestión es mala.

Parte de estos indicadores se relacionan con el pesimismo generalizado sobre el camino por el que va la ciudad donde el 58.8% cree que las cosas van mal.

Temas centrales

Según indicó Carlos Salazar, director del programa Ibagué Cómo Vamos hay tres temas sobre los que los ibaguereños consideran deben concentrarse los esfuerzos de las autoridades de Gobierno local.

El más sentido de ellos es el del empleo (75.1%),seguido por la Movilidad, vías e infraestructura (40.1%) y salud (38.9%)
Y es que en materia de empleo la encuesta confirma lo que otros mecanismos de medición como el Dane ya señalaban.

La pandemia generó efectos adversos en las tasas de ocupación y en la economía de los hogares.

El 44% de los sondeados sostuvo que la situación económica de su hogar en el último año empeoró, respuesta más recurrente en los estratos medio y bajo y en el grupo etarios de los jóvenes (18 a 25 años).

Esta perspectiva coincide con la pregunta a si por causa de la pandemia usted perdió su empleo donde 44% de los ibaguereños respondió afirmativamente, situación que comprometió en mayor proporción a las mujeres, en estratos bajos y en edades que oscilan entre los 18 y los 35 años.

Pero esto no es todo, de quienes aseguraron haber perdido su empleo por causa del Covid -19, el 66.1% continúa desempleado, en tanto que el 15.1% optó por emprender.

Salud

En materia de salud, un tema que cobró mayor importancia con ocasión de la pandemia, los ibaguereños tampoco se muestran a gusto. El 40.5% dijo sentirse insatisfecho con los servicios recibidos, mientras sigue llamando la atención el indicador de salud mental donde un 30% de los encuestados aseguró haberse sentido peor en lo transcurrido del último año.

Sin embargo, la gente reconoce la forma como la Alcaldía ha gestionado el plan de vacunación (47.5% satisfacción) lo que explica el que el 63.8% de los consultados ya se encuentre inmunizado contra le enfermedad.

Seguridad

Otra variable que sigue generando preocupación es la de la seguridad. Aunque hay un ligero descenso en la estadística respecto del mes de abril, aún el 55% de los encuestados se siente inseguro en su barrio y el 60,7% en Ibagué.

Lo que más inquieta a la comunidad y le hace sentir insegura son los actos de criminalidad relacionados con hurto y homicidios.

Educación

También siguen siendo altas las tasas de insatisfacción con la prestación del servicio de educación para niños y jóvenes entre los 5 y los 17 años.

Un 44% cree que en lo corrido del año la atención que han recibido los menores en sus procesos de enseñanza – aprendizaje, en su mayoría mediados por la virtualidad y la accidentada alternancia no ha sido la apropiada.

Esta radiografía de la ciudad fue capturada entre el cuatro y el 25 de agosto de este año y contó con el soporte técnico de la firma encuestadora Sensata UX.

Ocurrió en la Comisión de Presupuesto donde con cuatro votos a dos fue derrotada la ponencia que pretendía habilitar a la administración local para contratar vía vigencias futuras servicios de alquiler de oficinas, mantenimiento, servicios generales y correspondencia.

En el caso de las instalaciones físicas que la administración justificó en la necesidad de garantizar condiciones al personal de planta, contratistas y usuarios, el monto de lo solicitado ascendía a los 5.360 millones de pesos, pero además se incluyeron 820 millones para responder a estas obligaciones en el período octubre - diciembre de este año.

Para el item de aseo y cafetería se solicitó cupo por 1.196 millones para cubrir el año 2022 y 163 millones más para lo que queda del 2021.

En torno a los servicios de correo y embalaje la solicitud de endeudamiento del ejecutivo ascendió a los 575 millones 971 mil pesos para el siguiente año y 71 millones adicionales para lo que queda de este último trimestre.

La ponencia positiva que estuvo a cargo de los concejales Brayam Escandón y Martha Ruiz se empantanó en su primer examen.

Al ser sometido a votación los cabildantes César Franco, Orlando Rodríguez, Eduard Toro y Lisandro Trujillo, sin ahondar en explicaciones le dieron voto negativo a la iniciativa.

El respaldo de Arturo Castillo y Camilo Tavera se quedó en una manifestación de lealtad al Gobierno. Mientras el concejal William Rosas se abstuvo de votar.

¿Y ahora?

Al reaccionar a la votación, la secretaria jurídica, Andrea Mayoral, defendió la viabilidad técnica, jurídica y financiera del proyecto de acuerdo, aceptó la derrota, pero agradeció de todos modos la disposición de la Junta Directiva del Municipio para estudiar las iniciativas del Ejecutivo.

La decisión pone en aprietos al gobierno de Hurtado y su secretaria administrativa Juliana Cuartas, así se lo hizo saber a la Comisión de Presupuesto.

Y no es para menos, la Administración tendrá que buscar otra fórmula para lograr el flujo de caja que le permita mantener abiertas las puertas de innumerables oficinas que se encuentran descentralizadas; recogerlas y devolverlas al edificio del Palacio Municipal o en su defecto a las infraestructuras de propiedad del Municipio.

La otra alternativa sería sacrificar ciertas inversiones y conseguir los traslados presupuestales.

Lo que no está claro es si para responder a los compromisos que quedan de la vigencia 2021 tendrán que pedirle plazo a sus arrendadores.

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