Aunque para este lunes estaba programada la firma del convenio entre el Director de la Policía y el gobernador Orozco, la autorización de vigencias futuras de la que depende la iniciativa se enredó en la Asamblea.

Un 'articulito' aprobado con dudas en la comisión de presupuesto de la Asamblea del Tolima el fin de semana complicó la autorización de vigencias futuras al gobernador Ricardo Orozco para echar a rodar el proceso de financiación de 400 nuevos patrulleros de la Policía que quedarían asignados al Tolima.

La duda emergió al revisar los requisitos para aplicar a la convocatoria, pues por ningún lado el proyecto presentado por la Secretaría del Interior explicitó como condición que los candidatos tuvieran arraigo con la región.

El presidente de la comisión, Alejandro Martínez, quiso proponer un artículo para superar el vacío de la futura ordenanza. Sin embargo, despertó más dudas que certezas entre los demás asambleístas.

Video: (Alejandro Martínez)

El temor reiterado por los integrantes de la duma estuvo en los alcances de las condiciones para recibir el beneficio, temiendo rayar el límite de la extralimitación y vulneración del derecho a la igualdad como lo expresara la diputada Rosmery Martínez.

VIdeo: (Rosmery Martínez)

Pero no sólo los lazos de cercanía con el Tolima ralentizaron la aprobación del proyecto, uno de los cinco presentados para debate en este período de sesiones extras.

Otros diputados urgieron por la necesidad de aclarar la escala de valoración socioeconómica de los aspirantes.

Maxjonny Barrios recordó, por ejemplo, que el Sisbén opera con una nueva clasificación por lo que no sería preciso hablar de estratos 1,2 y 3.

Video: (Maxjonny Barrios)

A su turno, el asambleísta Marco Emilio Hincapié hizo énfasis en los conceptos que sobre el tema de residencia ha emitido la Corte Constitucional y que se circunscriben al término de un año y no cinco como se propuso en el artículo a incluir.

Por la misma razón en la votación nominal se apartó de las mayorías y dio un voto negativo argumentado en vicios de constitucionalidad.

Video: (Marco Emilio Hincapié)

En lo más álgido del debate el diputado Luis Fernando Lombo abogó por la necesidad de tener los conceptos jurídicos de la Secretaría del Interior del Tolima para no terminar pasando por encima de la ley.

Video: (Luis Fernando Lombo)

Casi de manera automática el jefe de la cartera, Alexander Tovar quien se encontraba en el recinto, reaccionó acompañando la iniciativa de los integrantes de la Duma, aunque mencionó que sólo hasta el viernes el área jurídica de la Policía Nacional había dado su visto bueno al texto definitivo del convenio que se comprometió a presentar a la plenaria citada para el domingo en la noche.

Video: (Alexander Tovar)

Esta manifestación no le cayó en gracia al diputado Felipe Ferro quien expresó su inconformidad con el hecho de que se hable de un documento terminado al que no es posible incorporar modificaciones y que se lleve a la Asamblea para aprobar a pupitrazo limpio.

Video: (Felipe Ferro)

Aunque el presidente de la Comisión de Presupuesto pidió votar la ponencia y dejar el examen de fondo al pleno de la Corporación, el propio ponente del ala oficialista, Gerardo Yepes reclamó precisiones del ejecutivo para despejar los mantos de dudas que tienen sus colegas.

Video: (Gerardo Yepes)

No alcanzaron

Los tiempos para aprobar la iniciativa no le dieron al gobierno departamental que confiaba el trámite se daría sin mayores tropiezos.

Por ese motivo tuvo que cancelar el evento de firma del convenio, esgrimiendo como argumento, asuntos de agenda del general Jorge Luis Vargas, Director Nacional de la Policía.

El anuncio resultó la antesala a lo que ocurrió más tarde en la plenaria de la Asamblea donde el diputado Alejandro Martínez pidió el aplazamiento de la sesión a efectos de enviar para el análisis de los corporados los conceptos jurídicos de la asesora de la duma, la Secretaría del Interior y la Secretaría Jurídica, antes de dar la discusión.

Video: (Alejandro Martínez)

Será sólo hasta este lunes en la noche cuando se decante el asunto y se vote la aprobación de la ordenanza a la que más allá de sus bondades muchos ven como un instrumento para hacer política electoral

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