Hoy, cuatro años después, el documento continúa en el limbo a la espera que se resuelva la apelación impetrada por la Administración Municipal, expediente que desde el 21 de septiembre del 2020 reposa en el despacho del magistrado Luis Eduardo Collazos en espera de turno de sentencia.
El vacío legal que produjo la acción judicial interpuesta por la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima y en la que también tuvo una enorme cuota de responsabilidad el Concejo Municipal, es causante de un crecimiento desproporcionado y desordenado que incluso compromete seriamente zonas de especial protección como el Cañón del Combeima donde en la actualidad se urbaniza sin control poniendo en riesgo el recurso hídrico de 600 mil personas.
Jugadita
La génesis de este desaguisado se remonta al 3 de diciembre de 2014 cuando el entonces Alcalde municipal, mediante decreto 1000527, convocó a su junta directiva a sesiones extraordinarias por 25 días con el propósito de dar debate al proyecto de acuerdo que pretendía sustituir integralmente el POT del año 2000.
Sin embargo, como anota Guillermo Hinestroza, la discusión resultó inerte y ese que por ley resultaba ser el foro donde se debía legitimar la norma, al final no tuvo ningún protagonismo.
“Hubo un acuerdo político entre el Alcalde y el Concejo para que el Concejo ni lo aprobara ni lo negara y se pudiera aprobar por decreto tal y como lo quería la administración en su momento”, precisa Hinestroza, quien asegura hoy la ciudad está pagando las consecuencias.
Advierte el experto cómo, por ejemplo, la expansión y densificación por construcción en alturas en la zona aledaña al aeropuerto Perales se ha dado sin ningún control tanto por el sector de La Samaria como por Picaleña.
Mientras, ocurre algo similar en la ronda hídrica del río Combeima en la parte alta del cañón donde se construyen desaforadamente viviendas, se deforesta para labores de ganadería y se hace uso del suelo indiscriminadamente.
El proceso
Según explica Marly Isabel Cuéllar, responsable de la Clínica Jurídica de la Universidad de Ibagué, la acción de nulidad se centra en el acta de concertación que se hizo entre el Municipio de Ibagué y Cortolima, donde se incluyeron algunas modificaciones que posteriormente no fueron tenidas en cuenta en el decreto promulgado.
Del articulado declarado nulo por el Juez de primera instancia se destacan temas sustanciales como el uso del suelo rural, la recuperación ambiental de áreas impactadas por zonas industriales y áreas designadas para superar el déficit en espacio público que podrían comprometer zonas verdes de la ciudad.
Aunque la medida comprometió el parágrafo tercero del artículo 120, y los artículos 266, 401,403 428 y 438, integralmente, fue claro en que la sentencia no dejaría sin efecto el resto de las modificaciones aplicadas al POT.
Los platos rotos
En medio del debate jurídico y mientras la decisión de fondo duerme entre los anquilosados expedientes del Tribunal Administrativo del Tolima, a juicio de los expertos, los efectos reales los padecen los ciudadanos en su cotidianidad.
De ahí que el escenario sea propicio para incorporar al debate elementos como el derecho a la ciudad y preguntarse como sugiere Jhon Jairo Uribe, director del programa de Ciencia Política de la Universidad de Ibagué, si más allá de las disposiciones de Ley los concejos municipales son validadores reales del tipo de espacios y paisajes que quieren o necesitan los ciudadanos.
A esta tesis se suma la experta Gloria Aponte quien subraya, el crecimiento urbano desatento a la naturaleza del paisaje genera impacto en todas las escalas. En la grande con edificaciones que alteran la visibilidad, en la mediana con ocupaciones indebidas del espacio público y atascos viales y en la pequeña con inundaciones o dificultades para la movilidad de los peatones. Todo esto con cargos a las personas, su bienestar y salud mental.
“Qué salud mental pueden tener los ibaguereños si el paisaje de mediana escala lo sufren en su actividad cotidiana y diversa”, precisó Aponte.
Alcaldías indiferentes
Pero no sólo los intereses políticos del Alcalde y los concejales de la época han tenido que ver en esta novela.
Hay que hablar de cuál ha sido el papel que han jugado las administraciones que han venido posteriormente.
Esa lectura la comparte con claridad Guillermo Hinestroza quien asegura el gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo dejó pasar el asunto sobre la expectativa de que el Tribunal Administrativo iba a echar abajo el Plan y el actual gobierno de Andrés Fabián Hurtado, después de dos años, no ha hecho ningún esfuerzo por pensar en la incorporación de los necesarios ajustes o actualizaciones.
Dos POT
El ordenamiento territorial hoy en Ibagué resulta un Frankenstein entre los recortes del POT del 2014 que permanecen vigente y el POT del año 2000 que también tiene efectos vinculantes, sobre el que se toman decisiones y hasta se expiden licencias.
El arquitecto, Javier Humberto Arbeláez, quien acompañó la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000, defendió sus bondades, dijo que se hizo metodológica y conscientemente.
Arbeláez mencionó que no se contaba con un sistema de información, y se formó un urbanismo autista, de guetos. Aunque reconoció que tenía aspectos por mejorar, el plan de comienzos de milenio estaba formulado sobre lo fundamental y sostuvo debió haber sido sometido a un mejoramiento antes que pretender borrarlo de plano.
El balón en el tribunal
Lo que no hizo el Concejo de la ciudad y terminó haciendo mal la administración municipal hoy es una papa caliente que depende de los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima.
Sobre los tiempos en los que podría resolverse este litigio, nadie apuesta a echar cábalas pues como explica Marly Isabel Cuéllar, pueden transcurrir varios años y es potestativo del Tribunal como director del proceso, el tiempo que deba tomarse para resolver.
En defensa de jueces y magistrados salió al paso el decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Ibagué, Hernando Hernández, quien señaló no se puede caer en la ligereza de transferir toda la responsabilidad a los togados sobre aspectos que deben ser examinados desde la legislación.
“La Ley lo autoriza, si el Concejo no lo aprueba dentro de 90 días entonces el Alcalde lo puede firmar y por qué no dice y el Concejo que no apruebe esto tendrá una sanción, pero no nunca hay unas normas de esas”, refirió Hernández.
Caos territorial
Lo único cierto es que la ausencia de una hoja de ruta para ordenar el territorio ha abocado a la ciudad a una explosión de problemáticas que trascienden el plano de lo social y se convierten en verdaderas bombas de tiempo.
De un lado, la ocupación indebida de terrenos promovida por mafias de ‘tierreros’ con las consecuentes repercusiones sobre el medio ambiente. De otro, la escasez de recurso hídrico para atender la demanda de las nuevas zonas urbanizadas.
Casos como el de Alminar Samoa que a juicio de Guillermo Hinestroza se habrían podido evitar.
Mención aparte merece la conservación de los cuerpos de agua y humedales que en buena medida dependerían del amparo legal que se les pueda dar desde el POT, como lo indicó César Velandia, docente del programa de Arquitectura de la Universidad de Ibagué.
