La última manifestación paranormal de este espectro al que le temen, Fiscalía, Procuraduría, víctimas y hasta el propio Juez se dio en la mañana de este viernes. 

El abogado Javier Hurtado apoderado del mandatario local y quien, al momento, tiene como responsabilidad la práctica de pruebas, no acudió a la diligencia argumentando la inaplazabilidad de una audiencia de reparación lo que despertó la molestia generalizada de las partes. 

En principio la fiscal 38 seccional, Elizabeth Torres solicitó al juez del caso conminar a la defensa al desarrollo de un interrogatorio ajustado en tiempos, con preguntas relevantes a la teoría del caso para evitar como ocurrió en la última vista pública que se consuman nueve horas en el trámite de tres testigos.

"No dio la cara" 

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, reprochó la solicitud de la defensa de Hurtado al considerar que no resulta justificada desde lo establecido en el código penal.

"Es claro que no fue oportuna, tuvo suficiente tiempo para haber solicitado el aplazamiento de esa audiencia. Se había programado para las 10 de la mañana, según se lee en el documento, podía haberse hecho presente a dar las explicaciones, sin embargo no dio la cara, eso da visos de que se trata de una maniobra dilatoria", declaró Edgar Alfonso Sáenz, delegado del Ministerio Público. 

El funcionario abogó porque las jornadas previamente agendadas para desarrollarse en día no hábil, es decir los sábados 30 de octubre y 6 de noviembre se realicen no durante mediodía sino de corrido en aras de terminar la práctica probatoria. 

"Es una maniobra dilatoria" 

Al reclamo de Fiscal y Procurador se sumó el representante de la Aeronáutica Civil, Marco Ricardo Mariño quien pidió al operador judicial compulsar copias ante la Comisión de Disciplina Judicial para que se investigue al jurista Javier Hurtado. 

"Con la franqueza que me caracteriza esta es la secuencia de una pluralidad de maniobras dilatorias por parte de la defensa. Si se hace un seguimiento a todas las audiencias podemos comprobarlo, de manera que esta hoy es otra maniobra dilatoria", sostuvo Mariño. 

El apoderado de las víctimas no encontró justificable el que no se hubiese otorgado las facultades al abogado suplente de quien no se acreditó excusa alguna para continuar adelante con la diligencia

Traumatismos 

Al dar trámite a las solicitudes impetradas, el juez Segundo Penal del Circuito, Henry Beltrán dejó constancia de los traumatismos que el proceso del alcalde Hurtado y los aplazamientos de la defensa han provocado a la administración de justicia. 

El togado refirió cómo un proceso por trata de personas está adportas del vencimiento de términos con la consecuente excarcelación del acusado, mientras se han tenido que postergar procesos por homicidio y feminicidio, procurando dar prioridad a la resolución de este expediente.

Una situación que también comparten la Fiscalía y la Procuraduría, esta última en actuaciones tan relevantes como las derivadas de los episodios de corrupción en la contratación de obras para los Juegos Deportivos Nacionales. 

Por lo anterior, el Juez dispuso que en principio la audiencia del sábado 30 de octubre se realice todo el día con la posibilidad de aplicar esta extensión a la fecha del 6 de noviembre. 

Sin sanción 

Javier Hurtado entra a la larga lista de compulsa de copias que se han dado a lo largo de este proceso judicial por el que han pasado Humberto Escobar y el propio procesado Andrés Fabián Hurtado, peticiones que como reveló el juez Beltrán en pasada audiencia fueron objeto de archivo por parte de la Comisión de Disciplina Judicial. 

A lo largo de la diligencia hubo varios momentos donde la Fiscal y el abogado suplente de Hurtado, como se diría coloquialmente, se mostraron los dientes generando un clima de indisposición en el que tuvo que intervenir el Juez Segundo Penal con funciones de conocimiento.

Durante la primera parte de la vista pública la representante del ente acusador interrogó al funcionario de la Aerocivil, Hugo Moreno Cano quien aseguró que la presencia de vehículos no autorizados dentro de la norma aeroportuaria pudo poner en riesgo los sistemas de aeronavegación e iluminación de la terminal aérea.

Vino entonces el momento del contrainterrogatorio y con él los primeros roces entre los actores intervinientes.

Fueron reiterativas las objeciones presentadas por la Fiscalía a preguntas formuladas desde la defensa lo que despertó el enojo del abogado Jorge Leviller quien pidió al operador judicial disciplinar a la fiscal Elizabeth Torres, ante lo que calificó como un saboteo de su parte.

Leviller utilizó el término "balbuceo" para referirse a las intervenciones no autorizadas de la Fiscal, lo que atizó la discusión.

El defensor también pretendió desvirtuar la tesis de la Fiscalía, según la cual el aeródromo podría haber sido requerido la noche de los hechos ante una situación de emergencia, poniendo en evidencia una supuesta contradicción entre un planteamiento inicial que apuntaba a la necesidad de contar con el controlador aéreo y equipos de emergencia, los cuales ya no estaban disponibles después de la hora de cierre del aeropuerto.

Al respecto, el testigo Hugo Moreno aclaró que frente a una contingencia, cualquier piloto podría intentar un aterrizaje aún sin apoyo de la torre de control.

Más adelante el debate se centró en las preguntas formuladas por la defensa que para el Juez y la Procuraduría carecían de concreción y podían conducir a la confusión del testigo, hecho que ameritó otro llamado de atención.

Terminada la declaración de Moreno Cano, la Fiscalía incorporó los testimonios de dos  peritos entre ellos el investigador principal, Reinel Echeverry y con ellos un número considerable de evidencias físicas.

Este ejercicio provocó reparos en la bancada de la defensa que pidió de manera repetitiva se le corriera traslado para poder hacer seguimiento, solicitó cortos recesos y llegó a esbozar un aplazamiento de la diligencia a la cual hubo respuesta negativa del Juez del caso.

Sin embargo, los ánimos se volvieron a calentar cuando el jurista Leviller reclamó que no se estaba siguiendo la solemnidad del trámite por parte de la delegada fiscal e insinuó  desorden en su actuación.

La fiscal Torres, como era previsible, no se ahorró ningún reproche frente a su contraparte y pidió respeto por el trabajo de su despacho del que destacó ha hecho todo de manera organizada y procurando ofrecer garantías incluso al procesado.

A la reprimenda se sumó el propio juez quien pidió el concepto de la Procuraduría y subrayó no es esta la forma de ganar los pleitos, llegando a un procedimentalismo desbordado.

El acaloramiento no acabó allí. Tras anunciarse los testigos de la defensa, 11 en total, varios de ellos ya comparecientes, la Fiscalía intervino pidiendo replantear la prueba común, lo que despertó la molestia del abogado Leviller quien dijo este tipo de propuestas van en contravía de las garantías procesales, sin importar que el argumento sea la prescripción de la carpeta.

El pulso entre Fiscalía y defensa continuará este jueves. Aún así son escasas las probabilidades de que en tiempos se pueda llegar a los alegatos finales antes del 31 de octubre cuando prescribirá la acción penal de uno de los delitos imputados al mandatario local.

Después de los reiterados llamados formulados desde el despacho y que fueron desoídos, el mandatario finalmente designó apoderado de confianza dentro del proceso en el que se le imputan los delitos de peculado por uso y destrucción de material probatorio.

Sin embargo, la diligencia que se pretendía desarrollar durante dos días tuvo que ser postergada, una vez más, ante la solicitud del nuevo defensor, el jurista Javier Hurtado ( el cuarto en menos de un mes) quien invocó incluso jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la hora de justificar la necesidad de contar con un plazo razonable para estudiar el expediente y preparar su estrategia.

La fiscal 38 seccional de la unidad de delitos contra la administración pública, Elizabeth Torres objetó parcialmente la solicitud del abogado al considerar que tres a cuatro semanas no resultan un plazo dable.

La representante del ente acusador dijo que si bien el jurista debe ponerse al tanto de las actuaciones, es de considerar que por su experiencia y palmarés no requiera de tanto tiempo y recordó cómo el anterior abogado, Rubén Darío Ramírez entró en contexto en apenas unas horas.

La funcionaria fue enfática en que el proceso penal corre el riesgo de la prescripción y reiteró la disposición de su despacho para que se pueda dar trámite exitoso hacia la decisión del Juez.

El Ministerio Público, representado por el procurador Édgar Alfonso Sáenz, por su parte, pidió que pese a los sistemáticos aplazamientos y las maniobras dilatorias del acusado que tienen como finalidad el vencimiento de los términos, en garantía del derecho al debido proceso se impartiera aprobación a la solicitud de aplazamiento de la vista pública, sólo que en un plazo no excesivo.

La representación de víctimas, en cabeza del apoderado de la Aerocivil, Marco Ricardo Mariño,  se expresó en este mismo sentido solicitando no más de ocho días para el estudio de la carpeta y sostuvo como abogado, “uno no puede convertirse de buena o de mala fe, en copartícipe de maniobras dilatorias empleadas por su cliente”.

Confusión y molestia

Al resolver el recurso de la defensa, el juez Segundo Penal del Circuito, Henry Beltrán dejó constancias de todo lo que se ha hecho desde su despacho para priorizar este proceso, postergando otras diligencias o moviendo sus fechas

El operador de justicia quien se vio inmerso en una confusión, al interpretar que el plazo requerido por la defensa era de 4 a 5 meses dejó escapar toda su frustración, dijo que no permitiría que le vieran la cara cuadriculada, porque lo que estaba en juego era su cuchara, su sosiego y el de su familia.

Y aclaró que si bien la prescripción del peculado expira el 30 de noviembre de este año, ese no es el único delito por cuanto la destrucción de material probatorio por la que también se acusa a Hurtado tendría como fecha de vencimiento en el año 2026.

Al final el juzgado concedió al nuevo defensor  hasta la próxima diligencia que se retomará el 6 de septiembre.

Esta semana continuará el juicio oral por el sonado caso de los 'piques' ilegales. El balcón de los acusados lo ocupa el hoy alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado.

El accidentado debate judicial en el que han brillado toda suerte de argucias pretendiendo dilatar el normal desarrollo de las etapas procesales ya suma dos compulsas de copias para que se investigue penalmente al mandatario por los delitos de peculado por uso (configurado aparentemente en el vehículo asignado para sus funciones la noche de los hechos) y obstrucción a la justicia.

En esta causa Hurtado fue imputado por las conductas de peculado por uso al disponer la pista del aeropuerto para fines distintos y ocultamiento de pruebas.

La mayor preocupación de Fiscalía, Procuraduría y representación de víctimas tiene que ver con la proximidad de la prescripción que se daría en el mes de octubre

La 'jugadita' sufrió un revés mayúsculo, al ser desestimada tajantemente por el despacho a cargo que, además, por pedido de Marco Ricardo Mariño, apoderado de la Aeronáutica Civil, institución reconocida como víctima dentro del proceso compulsó copias para que se investigue la conducta dilatoria del mandatario frente a la justicia.

Audio: Marco Ricardo Mariño, apoderado de la Aeronáutica Civil

Y es que la audiencia inició con la sorpresiva notificación del impedimento presentado por el abogado Jesús Tiberio Giraldo quien había asumido la defensa pública del mandatario, pero a última hora esgrimió estar impedido, dado que una de sus hijas funge como contratista del Gobierno.

En consecuencia, se incorporó un nuevo defensor de oficio, el jurista Rubén Darío Ramírez a quien no se le concesionó el aplazamiento de la diligencia por lo que tuvo que contrainterrogar a los testigos presentados por la Fiscalía sobre la base del mínimo conocimiento de la evidencia.

El abogado Giraldo también deberá ser investigado por la comisión de disciplina judicial, órgano ante el que deberá explicar sus conductas, que parecieran perseguir un favorecimiento del procesado.

Audio: Elizabeth Torres, fiscal 38 seccional.

Y es que como expresó el representante del Ministerio Público en este debate, Edgar Alfonso Sáenz "cada que venimos a una audiencia estamos esperando con qué van a salir, qué medio van a utilizar para lograr el aplazamiento".

Testigos

Desatado este nuevo nudo, la fiscal 38 seccional de delitos contra la administración pública, Elizabeth Torres pudo presentar ante las partes dos testimonios clave, los de los vigilantes Álvaro Javier Perdomo y Alexander Hernández.

El primero de ellos, quien en entrevista rendida ante agentes del CTI en 2015 había declarado contra Hurtado e incluso denunciado chantajes de su parte, esta vez se mostró menos contundente, en abierta contradicción y aseguró haber cambiado su testimonio en algún momento por temor a perder su trabajo.

El Juez quien evidenció el estado de angustia y nerviosismo del testigo dijo entender la situación  al tiempo que conminó a los demás sujetos procesales ponerse en los zapatos de Perdomo y se abstuvo de compulsar copias para que se le investigue por falso testimonio.

Posteriormente el turno fue para Alexánder Hernández quien ratificó sus señalamientos contra el hoy Alcalde de Ibagué.

Precisó que Hurtado estuvo presente la noche de los hechos en el aeropuerto Perales, que dio instrucciones al cuerpo de vigilancia para conducir a sus invitados e incluso relató detalladamente como los vehículos se fueron ubicando uno a uno en la pista para correr los que denominó cuartos de milla.

Hernández refirió los nombres de otras personas, particularmente sus jefes inmediatos quienes habrían dado instrucción para no fijar en ninguna minuta lo acontecido esa noche.

Audio: Alexánder Hernández, testigo.

También hizo mención a un documento que Hurtado les habría hecho firmar donde se retractaban de las versiones que le incriminaban y en su lugar transferían la responsabilidad de este testimonio a los directivos de la empresa de seguridad.

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Aplazamiento

Aunque la fiscal Torres pretendía fueran escuchados otros tres testimonios durante la jornada, entre ellos un funcionario de la Aerocivil y dos investigadores del CTI, el defensor de Hurtado insistió al despacho por acceso a tiempo prudencial para preparar el contrainterrogatorio y reclamó el que en el afán de dar celeridad a las actuaciones se termine vulnerando el debido proceso y los derechos fundamentales del acusado.

Audio: Rubén Darío Ramírez, defensor público.

Aunque Fiscalía y Procuraduría estuvieron de acuerdo en conceder estas garantías, la representante del ente acusador aclaró que las pruebas estaban decretadas y que no existe un interés particular de su parte por este expediente más allá del que comparten todos los actores que han avocado conocimiento y es el de que no se permita la prescripción de la acción penal.

La audiencia de juicio continuará el 11 y 12 de agosto si es que Hurtado no sorprende con otra de sus sagaces movimientos en pista, en una carrera contra el reloj que demandará de la Fiscalía acelerar a fondo para cruzar la bandera a cuadros antes que la prescripción.

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