La última manifestación paranormal de este espectro al que le temen, Fiscalía, Procuraduría, víctimas y hasta el propio Juez se dio en la mañana de este viernes. 

El abogado Javier Hurtado apoderado del mandatario local y quien, al momento, tiene como responsabilidad la práctica de pruebas, no acudió a la diligencia argumentando la inaplazabilidad de una audiencia de reparación lo que despertó la molestia generalizada de las partes. 

En principio la fiscal 38 seccional, Elizabeth Torres solicitó al juez del caso conminar a la defensa al desarrollo de un interrogatorio ajustado en tiempos, con preguntas relevantes a la teoría del caso para evitar como ocurrió en la última vista pública que se consuman nueve horas en el trámite de tres testigos.

"No dio la cara" 

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, reprochó la solicitud de la defensa de Hurtado al considerar que no resulta justificada desde lo establecido en el código penal.

"Es claro que no fue oportuna, tuvo suficiente tiempo para haber solicitado el aplazamiento de esa audiencia. Se había programado para las 10 de la mañana, según se lee en el documento, podía haberse hecho presente a dar las explicaciones, sin embargo no dio la cara, eso da visos de que se trata de una maniobra dilatoria", declaró Edgar Alfonso Sáenz, delegado del Ministerio Público. 

El funcionario abogó porque las jornadas previamente agendadas para desarrollarse en día no hábil, es decir los sábados 30 de octubre y 6 de noviembre se realicen no durante mediodía sino de corrido en aras de terminar la práctica probatoria. 

"Es una maniobra dilatoria" 

Al reclamo de Fiscal y Procurador se sumó el representante de la Aeronáutica Civil, Marco Ricardo Mariño quien pidió al operador judicial compulsar copias ante la Comisión de Disciplina Judicial para que se investigue al jurista Javier Hurtado. 

"Con la franqueza que me caracteriza esta es la secuencia de una pluralidad de maniobras dilatorias por parte de la defensa. Si se hace un seguimiento a todas las audiencias podemos comprobarlo, de manera que esta hoy es otra maniobra dilatoria", sostuvo Mariño. 

El apoderado de las víctimas no encontró justificable el que no se hubiese otorgado las facultades al abogado suplente de quien no se acreditó excusa alguna para continuar adelante con la diligencia

Traumatismos 

Al dar trámite a las solicitudes impetradas, el juez Segundo Penal del Circuito, Henry Beltrán dejó constancia de los traumatismos que el proceso del alcalde Hurtado y los aplazamientos de la defensa han provocado a la administración de justicia. 

El togado refirió cómo un proceso por trata de personas está adportas del vencimiento de términos con la consecuente excarcelación del acusado, mientras se han tenido que postergar procesos por homicidio y feminicidio, procurando dar prioridad a la resolución de este expediente.

Una situación que también comparten la Fiscalía y la Procuraduría, esta última en actuaciones tan relevantes como las derivadas de los episodios de corrupción en la contratación de obras para los Juegos Deportivos Nacionales. 

Por lo anterior, el Juez dispuso que en principio la audiencia del sábado 30 de octubre se realice todo el día con la posibilidad de aplicar esta extensión a la fecha del 6 de noviembre. 

Sin sanción 

Javier Hurtado entra a la larga lista de compulsa de copias que se han dado a lo largo de este proceso judicial por el que han pasado Humberto Escobar y el propio procesado Andrés Fabián Hurtado, peticiones que como reveló el juez Beltrán en pasada audiencia fueron objeto de archivo por parte de la Comisión de Disciplina Judicial. 

A lo largo de la diligencia hubo varios momentos donde la Fiscal y el abogado suplente de Hurtado, como se diría coloquialmente, se mostraron los dientes generando un clima de indisposición en el que tuvo que intervenir el Juez Segundo Penal con funciones de conocimiento.

Durante la primera parte de la vista pública la representante del ente acusador interrogó al funcionario de la Aerocivil, Hugo Moreno Cano quien aseguró que la presencia de vehículos no autorizados dentro de la norma aeroportuaria pudo poner en riesgo los sistemas de aeronavegación e iluminación de la terminal aérea.

Vino entonces el momento del contrainterrogatorio y con él los primeros roces entre los actores intervinientes.

Fueron reiterativas las objeciones presentadas por la Fiscalía a preguntas formuladas desde la defensa lo que despertó el enojo del abogado Jorge Leviller quien pidió al operador judicial disciplinar a la fiscal Elizabeth Torres, ante lo que calificó como un saboteo de su parte.

Leviller utilizó el término "balbuceo" para referirse a las intervenciones no autorizadas de la Fiscal, lo que atizó la discusión.

El defensor también pretendió desvirtuar la tesis de la Fiscalía, según la cual el aeródromo podría haber sido requerido la noche de los hechos ante una situación de emergencia, poniendo en evidencia una supuesta contradicción entre un planteamiento inicial que apuntaba a la necesidad de contar con el controlador aéreo y equipos de emergencia, los cuales ya no estaban disponibles después de la hora de cierre del aeropuerto.

Al respecto, el testigo Hugo Moreno aclaró que frente a una contingencia, cualquier piloto podría intentar un aterrizaje aún sin apoyo de la torre de control.

Más adelante el debate se centró en las preguntas formuladas por la defensa que para el Juez y la Procuraduría carecían de concreción y podían conducir a la confusión del testigo, hecho que ameritó otro llamado de atención.

Terminada la declaración de Moreno Cano, la Fiscalía incorporó los testimonios de dos  peritos entre ellos el investigador principal, Reinel Echeverry y con ellos un número considerable de evidencias físicas.

Este ejercicio provocó reparos en la bancada de la defensa que pidió de manera repetitiva se le corriera traslado para poder hacer seguimiento, solicitó cortos recesos y llegó a esbozar un aplazamiento de la diligencia a la cual hubo respuesta negativa del Juez del caso.

Sin embargo, los ánimos se volvieron a calentar cuando el jurista Leviller reclamó que no se estaba siguiendo la solemnidad del trámite por parte de la delegada fiscal e insinuó  desorden en su actuación.

La fiscal Torres, como era previsible, no se ahorró ningún reproche frente a su contraparte y pidió respeto por el trabajo de su despacho del que destacó ha hecho todo de manera organizada y procurando ofrecer garantías incluso al procesado.

A la reprimenda se sumó el propio juez quien pidió el concepto de la Procuraduría y subrayó no es esta la forma de ganar los pleitos, llegando a un procedimentalismo desbordado.

El acaloramiento no acabó allí. Tras anunciarse los testigos de la defensa, 11 en total, varios de ellos ya comparecientes, la Fiscalía intervino pidiendo replantear la prueba común, lo que despertó la molestia del abogado Leviller quien dijo este tipo de propuestas van en contravía de las garantías procesales, sin importar que el argumento sea la prescripción de la carpeta.

El pulso entre Fiscalía y defensa continuará este jueves. Aún así son escasas las probabilidades de que en tiempos se pueda llegar a los alegatos finales antes del 31 de octubre cuando prescribirá la acción penal de uno de los delitos imputados al mandatario local.

Los hechos se remontan al 27 noviembre del año 2012 cuando los togados del máximo organismo de lo contencioso administrativo en el Tolima se aprestaban en sesión de sala plena a elegir dentro de la lista a un grupo de conjueces.

Entre los nominados figuraba el nombre del jurista Eduar Armando Rodríguez Rubio.

Según se supo, al consultar el voto de la reconocida magistrada Susana Nelly Acosta Prada, esta se habría manifestado en contra de la elección de Rodríguez Rubio exponiendo como argumento asuntos concernientes a la intimidad del candidato.

De acuerdo con el relato que hiciera el afectado, la funcionaria habría referido que “éste mantenía relaciones non santas y había adquirido un patrimonio producto de esa relación”.

De pasillo

Aunque tales apreciaciones se dieron en un ambiente  de carácter privado entre los integrantes de la sala, tal y como relató a la Fiscalía Rodríguez Rubio, el mismo día en que se profirieron estos comentarios, mientras adelantaba su labor habitual por los juzgados,  un funcionario del Tribunal le advirtió sobre lo ocurrido.

Las palabras atribuidas a la magistrada Acosta Prada no tardaron en hacer eco y se convirtieron en comidilla de los pasillos y despachos del palacio de justicia de Ibagué.

Proceso penal

El 28 de noviembre del mismo años, el abogado Eduar Armando Rodríguez  solicitó formalmente mediante derecho de petición acceso al registro magnetofónico de la reunión, insumo que posteriormente empleó como prueba para accionar penalmente contra la juez a quien señaló como responsable de la conducta de injuria y calumnia.

La acción penal asumida por la Fiscalía Décima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia avanzó hacia la etapa de imputación, momento procesal en el que la actual magistrada radicó un escrito de retractación ante la sala plena del Tribunal del que hace parte y la sala Primera de Instrucción de la Corte.

En él dejó en claro que las objeciones por ella manifestadas se formularon sobre la base de argumentos ajustados a la realidad y ofreció disculpas al profesional del derecho por la equivocada interpretación de sus expresiones.

Preclusión

Casi seis años después de iniciado el proceso penal, este miércoles, acusada y víctima se volvieron a ver en audiencia pública ante los magistrados de la Corte para resolver la solicitud de preclusión de la acción penal instaurada por la defensa.

El abogado Álvaro Vargas, apoderado de la magistrada Acosta Prada expuso tres razones principales para solicitar el archivo del expediente: el primero la caducidad en los términos de la presentación de la querella; segundo, la retractación hecha por la funcionaria judicial y tercero, la prescripción de la acción penal.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación se apartó del primero y último de los motivos invocados para dar trámite al archivo, acompañando solo el argumento soportado en la retractación dada, previo a que se profiriera la  sentencia de primera o única instancia.

Carlos Mejía Abello, fiscal Delegado ante la Corte Suprema

Durante la última parte de la diligencia también hubo lugar a la intervención del abogado Rodríguez Rubio reconocido como víctima dentro del proceso quien expuso sus puntos de vista frente a los planteamientos de la defensa de Acosta Prada.

La última palabra para impartir aprobación a la preclusión del proceso contra la alta operadora de la justicia está ahora en manos de sus colegas en la máxima instancia de lo penal en Colombia, decisión que tendrá ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas.

Esta semana continuará el juicio oral por el sonado caso de los 'piques' ilegales. El balcón de los acusados lo ocupa el hoy alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado.

El accidentado debate judicial en el que han brillado toda suerte de argucias pretendiendo dilatar el normal desarrollo de las etapas procesales ya suma dos compulsas de copias para que se investigue penalmente al mandatario por los delitos de peculado por uso (configurado aparentemente en el vehículo asignado para sus funciones la noche de los hechos) y obstrucción a la justicia.

En esta causa Hurtado fue imputado por las conductas de peculado por uso al disponer la pista del aeropuerto para fines distintos y ocultamiento de pruebas.

La mayor preocupación de Fiscalía, Procuraduría y representación de víctimas tiene que ver con la proximidad de la prescripción que se daría en el mes de octubre

En manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia quedó la suerte jurídica y política de los exgobernadores del Tolima, Fernando Osorio Cuenca y Óscar Barreto Quiroga al concluir la etapa de juicio en el marco del proceso que se seguía en su contra por presuntas irregularidades en la ejecución y liquidación del convenio Andrés Bello.

Si los togados de la sala acogen integralmente la tesis de la Fiscalía y emiten sentencia condenatoria las implicaciones serían mayúsculas para los propósitos electorales de Barreto quien aspiraría a ser elegido Senador de la República.

La defensa de Barreto

La última jornada se reservó a la presentación de los alegatos de la defensa del dirigente Conservador por parte de su apoderado, el jurista Raúl Cadena Lozano.

A lo largo de su exposición, el penalista desvirtuó todos los señalamientos hechos por la Fiscalía y cuestionó insistentemente la ausencia de pruebas, así como la metodología de los peritos para la recaudación de las mismas.

Aseguró Cadena que no se puede dar credibilidad a un peritaje sin antes haber accedido a la totalidad de los documentos, archivos y soportes que reposaban en la secretaría técnica, lo que equiparó con el hecho de certificar la causa de una muerte sin practicar la autopsia sobre el cadáver.

En su intervención que se prolongó por cerca de una hora, el profesional del derecho también trajo a colación el testimonio del entonces director jurídico de la Gobernación del Tolima, Jhon Jairo Peña, quien subrayó ante la Corte que nunca fue coaccionado o se le insinuó de algún modo incurrir en prácticas de corrupción por parte de su jefe, el para le época, mandatario seccional, Óscar Barreto.

Otros nombres mencionados por la defensa de Barreto durante la vista pública fueron los de Francisco Parra y Alejandro Rozo.

Dijo Raúl Cadena que el ente acusador, representado en esta diligencia por Jorge Hernán Díaz Soto, fiscal primero delegado ante la Corte Suprema no pudo probar más allá de toda duda razonable la comisión de las conductas de prevaricato, peculado y contrato sin el lleno de requisitos legales por parte de su defendido.

“Para el doctor Óscar Barreto Quiroga pido justicia”, terminó diciendo en tono vehemente y con el dedo índice elevado ante los magistrados y las demás partes intervinientes.

“Solicito que el Doctor Barreto sea absuelto de todos los cargos elevados en su contra por la Fiscalía General de la Nación como quiera que no obra ni una prueba que pueda acreditar dolo por parte de mi defendido”, precisó .

“Solicito amablemente la absolución de mi cliente, el doctor Óscar Barreto Quiroga, ciudadano que ha servido con arrojo y abnegación a los intereses de nuestra sociedad y del departamento del Tolima”.

Raúl Cadena Lozano, abogado de Óscar Barreto.

Sin fecha

El turno fue entonces para la magistrada Blanca Nélida Barreto, quien concedió el uso de la palabra a la Fiscalía, sin embargo el representante del ente investigador rehusó a hacer efectivo el derecho de réplica.

La presidente de la audiencia indicó a las partes que prontamente se indicará una fecha para anunciar el sentido del fallo, agradeció la comparecencia y disposición de los actores procesales.

Fiscalía pidió condena

En la primera parte de la diligencia celebrada el miércoles, la Fiscalía había solicitado al máximo tribunal emitir sentencia condenatoria contra los dos exmandatarios, indicando que en el caso de Fernando Osorio la conducta de peculado por apropiación reviste circunstancias de agravación al haber coparticipación criminal con quien era su secretario de Educación, Alejandro Rozo Gaeth.

De Barreto, refirió que actuó de manera dolosa en el trámite de liquidación del Convenio a sabiendas que como represéntate legal debió entrar a activar las pólizas que cubrían las obligaciones de la Secretaría Técnica del convenio (Secab)

Procuraduría, un delito menos

A su turno, la Procuraduría respaldó la tesis de la Fiscalía, pero se apartó de esta en lo que refiere al punible de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales enrostrado a Barreto, según su dicho al no obrar en el expediente prueba que demuestre tal conducta ni que este hubiese cohonestado con su antecesor, Fernando Osorio para dicho trámite.

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