Durante la audiencia pública de juicio contra el exalcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo el turno para rendir testimonio fue para la entonces directora ejecutiva de la Corporación Festival Folclórico, Betty García. 

En su declaración García fue enfática en que toda la documentación relacionada con el convenio 1918 del 11 de noviembre del 2016 que llegó hasta su despacho provenía de la Secretaría de Cultura y dejó entrever que firmó sin prevenciones confiando en que actuaba desde la legalidad.

Interrogada por la o las personas que habrían invitado a la Corporación Festival Folclórico a participar de este proceso, la entonces Directora Ejecutiva hizo mención de la exsecretaria de apoyo a la Gestión, María Fernanda Martínez.

En su extenso testimonio, la primera reina cívica de Ibagué  también sacó a relucir los nombres de Basilio Alexánder Vicens, secretario de cultura encargada para cuando se suscribió el polémico convenio y de la titular de esa cartera, responsable de la liquidación del mismo, Ana María Bernal.

Modificaciones

El centro de los cuestionamientos por parte de la Fiscal 38 seccional de delitos contra la Administración Pública, Elizabeth Torres estuvo en el acta de modificación a la cláusula décimo novena que terminó facultando a la Corporación Festival Folclórico para subcontratar las actividades relacionadas con el alumbrado navideño.

Deshojando la margarita, la representante del ente acusador condujo el interrogatorio hacia una asunto medular. ¿Por qué se efectuó tal modificación el mismo día que se firmó el convenio,  desconociendo que lo pactado inicialmente estipulaba que tales cambios debían realizarse en los 15 días previos? y además ¿Por qué si el convenio y su modificación se dieron el mismo 11 de noviembre (viernes) el 15 ya se contaba con los contratos de las tres empresas que se encargaron de la ejecución?

En su comparecencia, Betty Gacía sostuvo que nunca se reunió con Basilio Alexánder Vicens para pactar los ajustes al documento original como también lo establecía el contenido del acto contractual y que simplemente los documentos fueron allegados con mensaje de urgencia a través de una persona que fungía como mensajero.

Autenticidad

Sin embargo, uno de los momentos de mayor tensión dentro de la diligencia fue cuando rescatando el testimonio rendido por la entonces directora de contratación del municipio, Lyda Osma, la Fiscalía puso de presente que el acta aportada por la defensa del exalcalde Jaramillo al proceso podría no ser un documento genuino, por cuanto la funcionaria incorporaba su visto bueno a cada actuación con una firma en tinta azul.

También generó suspicacia a la Fiscalía el hecho de que el mencionado escrito no tuviera ninguno de los logos que usualmente tiene la papelería oficial de la Administración.

Si bien Betty García defendió la tesis de que la subcontratación se hizo con empresas que conocía bien la corporación, buscando la mayor calidad en el trabajo a realizar, que nunca fueron sugeridos por alguien desde la Administración y que cumplieron a satisfacción, hubo un aspecto más sobre el que la Fiscalía pretendió demostrar incongruencias en el testimonio.

Según el ente acusador, como parte del Convenio, la entidad representada por García ofreció 90 millones de pesos representados en actividades artísticas y culturales, aunque una de las firmas subcontratadas Moriah Company se atribuyó el cumplimiento de esta tarea.

La Fiscalía presentó los contratos 062, 063 y 064 cuyos valores en equivalencia suman 1.600 millones de pesos es decir el 100% total del importe de la contribución del gobierno municipal al convenio lo que demostraría que se subcontrató la totalidad de las tareas.

Sin patrimonio

En busca de demostrar que de algún modo la Corporación fue asaltada en su buena fe, Betty García hizo mención de la pérdida de la Casa de la Corporación ante la negativa del pago del total de los dineros pactados en el convenio.

Según García la secretaria de Cultura, Ana María Bernal, rehusó el desembolso de los mil 600 millones de pesos y solo giró mil 200 millones por lo que para cubrir el faltante se terminó perdiendo el que dijo era el único patrimonio de la entidad responsable de las festividades tradicionales de fin de año.

Con esta declaración Betty García terminó desautorizando lo dicho por Félix García quien en su momento expresó dentro del juicio que la Corporación contaba con la solvencia necesaria para asumir los propósitos encomendados por la Administración local.

La audiencia pública de juicio contra el exalcalde Jaramillo continuará el primero de febrero del año 2022.

A lo largo de la diligencia hubo varios momentos donde la Fiscal y el abogado suplente de Hurtado, como se diría coloquialmente, se mostraron los dientes generando un clima de indisposición en el que tuvo que intervenir el Juez Segundo Penal con funciones de conocimiento.

Durante la primera parte de la vista pública la representante del ente acusador interrogó al funcionario de la Aerocivil, Hugo Moreno Cano quien aseguró que la presencia de vehículos no autorizados dentro de la norma aeroportuaria pudo poner en riesgo los sistemas de aeronavegación e iluminación de la terminal aérea.

Vino entonces el momento del contrainterrogatorio y con él los primeros roces entre los actores intervinientes.

Fueron reiterativas las objeciones presentadas por la Fiscalía a preguntas formuladas desde la defensa lo que despertó el enojo del abogado Jorge Leviller quien pidió al operador judicial disciplinar a la fiscal Elizabeth Torres, ante lo que calificó como un saboteo de su parte.

Leviller utilizó el término "balbuceo" para referirse a las intervenciones no autorizadas de la Fiscal, lo que atizó la discusión.

El defensor también pretendió desvirtuar la tesis de la Fiscalía, según la cual el aeródromo podría haber sido requerido la noche de los hechos ante una situación de emergencia, poniendo en evidencia una supuesta contradicción entre un planteamiento inicial que apuntaba a la necesidad de contar con el controlador aéreo y equipos de emergencia, los cuales ya no estaban disponibles después de la hora de cierre del aeropuerto.

Al respecto, el testigo Hugo Moreno aclaró que frente a una contingencia, cualquier piloto podría intentar un aterrizaje aún sin apoyo de la torre de control.

Más adelante el debate se centró en las preguntas formuladas por la defensa que para el Juez y la Procuraduría carecían de concreción y podían conducir a la confusión del testigo, hecho que ameritó otro llamado de atención.

Terminada la declaración de Moreno Cano, la Fiscalía incorporó los testimonios de dos  peritos entre ellos el investigador principal, Reinel Echeverry y con ellos un número considerable de evidencias físicas.

Este ejercicio provocó reparos en la bancada de la defensa que pidió de manera repetitiva se le corriera traslado para poder hacer seguimiento, solicitó cortos recesos y llegó a esbozar un aplazamiento de la diligencia a la cual hubo respuesta negativa del Juez del caso.

Sin embargo, los ánimos se volvieron a calentar cuando el jurista Leviller reclamó que no se estaba siguiendo la solemnidad del trámite por parte de la delegada fiscal e insinuó  desorden en su actuación.

La fiscal Torres, como era previsible, no se ahorró ningún reproche frente a su contraparte y pidió respeto por el trabajo de su despacho del que destacó ha hecho todo de manera organizada y procurando ofrecer garantías incluso al procesado.

A la reprimenda se sumó el propio juez quien pidió el concepto de la Procuraduría y subrayó no es esta la forma de ganar los pleitos, llegando a un procedimentalismo desbordado.

El acaloramiento no acabó allí. Tras anunciarse los testigos de la defensa, 11 en total, varios de ellos ya comparecientes, la Fiscalía intervino pidiendo replantear la prueba común, lo que despertó la molestia del abogado Leviller quien dijo este tipo de propuestas van en contravía de las garantías procesales, sin importar que el argumento sea la prescripción de la carpeta.

El pulso entre Fiscalía y defensa continuará este jueves. Aún así son escasas las probabilidades de que en tiempos se pueda llegar a los alegatos finales antes del 31 de octubre cuando prescribirá la acción penal de uno de los delitos imputados al mandatario local.

Después de los reiterados llamados formulados desde el despacho y que fueron desoídos, el mandatario finalmente designó apoderado de confianza dentro del proceso en el que se le imputan los delitos de peculado por uso y destrucción de material probatorio.

Sin embargo, la diligencia que se pretendía desarrollar durante dos días tuvo que ser postergada, una vez más, ante la solicitud del nuevo defensor, el jurista Javier Hurtado ( el cuarto en menos de un mes) quien invocó incluso jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la hora de justificar la necesidad de contar con un plazo razonable para estudiar el expediente y preparar su estrategia.

La fiscal 38 seccional de la unidad de delitos contra la administración pública, Elizabeth Torres objetó parcialmente la solicitud del abogado al considerar que tres a cuatro semanas no resultan un plazo dable.

La representante del ente acusador dijo que si bien el jurista debe ponerse al tanto de las actuaciones, es de considerar que por su experiencia y palmarés no requiera de tanto tiempo y recordó cómo el anterior abogado, Rubén Darío Ramírez entró en contexto en apenas unas horas.

La funcionaria fue enfática en que el proceso penal corre el riesgo de la prescripción y reiteró la disposición de su despacho para que se pueda dar trámite exitoso hacia la decisión del Juez.

El Ministerio Público, representado por el procurador Édgar Alfonso Sáenz, por su parte, pidió que pese a los sistemáticos aplazamientos y las maniobras dilatorias del acusado que tienen como finalidad el vencimiento de los términos, en garantía del derecho al debido proceso se impartiera aprobación a la solicitud de aplazamiento de la vista pública, sólo que en un plazo no excesivo.

La representación de víctimas, en cabeza del apoderado de la Aerocivil, Marco Ricardo Mariño,  se expresó en este mismo sentido solicitando no más de ocho días para el estudio de la carpeta y sostuvo como abogado, “uno no puede convertirse de buena o de mala fe, en copartícipe de maniobras dilatorias empleadas por su cliente”.

Confusión y molestia

Al resolver el recurso de la defensa, el juez Segundo Penal del Circuito, Henry Beltrán dejó constancias de todo lo que se ha hecho desde su despacho para priorizar este proceso, postergando otras diligencias o moviendo sus fechas

El operador de justicia quien se vio inmerso en una confusión, al interpretar que el plazo requerido por la defensa era de 4 a 5 meses dejó escapar toda su frustración, dijo que no permitiría que le vieran la cara cuadriculada, porque lo que estaba en juego era su cuchara, su sosiego y el de su familia.

Y aclaró que si bien la prescripción del peculado expira el 30 de noviembre de este año, ese no es el único delito por cuanto la destrucción de material probatorio por la que también se acusa a Hurtado tendría como fecha de vencimiento en el año 2026.

Al final el juzgado concedió al nuevo defensor  hasta la próxima diligencia que se retomará el 6 de septiembre.

Isotipo ContraPesoLogo Contrapeso negativo
Orgullosamente diseñado y desarrollado por PenRocket
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram