Durante la audiencia pública de juicio contra el exalcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo el turno para rendir testimonio fue para la entonces directora ejecutiva de la Corporación Festival Folclórico, Betty García.
En su declaración García fue enfática en que toda la documentación relacionada con el convenio 1918 del 11 de noviembre del 2016 que llegó hasta su despacho provenía de la Secretaría de Cultura y dejó entrever que firmó sin prevenciones confiando en que actuaba desde la legalidad.
Interrogada por la o las personas que habrían invitado a la Corporación Festival Folclórico a participar de este proceso, la entonces Directora Ejecutiva hizo mención de la exsecretaria de apoyo a la Gestión, María Fernanda Martínez.
En su extenso testimonio, la primera reina cívica de Ibagué también sacó a relucir los nombres de Basilio Alexánder Vicens, secretario de cultura encargada para cuando se suscribió el polémico convenio y de la titular de esa cartera, responsable de la liquidación del mismo, Ana María Bernal.
Modificaciones
El centro de los cuestionamientos por parte de la Fiscal 38 seccional de delitos contra la Administración Pública, Elizabeth Torres estuvo en el acta de modificación a la cláusula décimo novena que terminó facultando a la Corporación Festival Folclórico para subcontratar las actividades relacionadas con el alumbrado navideño.
Deshojando la margarita, la representante del ente acusador condujo el interrogatorio hacia una asunto medular. ¿Por qué se efectuó tal modificación el mismo día que se firmó el convenio, desconociendo que lo pactado inicialmente estipulaba que tales cambios debían realizarse en los 15 días previos? y además ¿Por qué si el convenio y su modificación se dieron el mismo 11 de noviembre (viernes) el 15 ya se contaba con los contratos de las tres empresas que se encargaron de la ejecución?
En su comparecencia, Betty Gacía sostuvo que nunca se reunió con Basilio Alexánder Vicens para pactar los ajustes al documento original como también lo establecía el contenido del acto contractual y que simplemente los documentos fueron allegados con mensaje de urgencia a través de una persona que fungía como mensajero.
Autenticidad
Sin embargo, uno de los momentos de mayor tensión dentro de la diligencia fue cuando rescatando el testimonio rendido por la entonces directora de contratación del municipio, Lyda Osma, la Fiscalía puso de presente que el acta aportada por la defensa del exalcalde Jaramillo al proceso podría no ser un documento genuino, por cuanto la funcionaria incorporaba su visto bueno a cada actuación con una firma en tinta azul.
También generó suspicacia a la Fiscalía el hecho de que el mencionado escrito no tuviera ninguno de los logos que usualmente tiene la papelería oficial de la Administración.
Si bien Betty García defendió la tesis de que la subcontratación se hizo con empresas que conocía bien la corporación, buscando la mayor calidad en el trabajo a realizar, que nunca fueron sugeridos por alguien desde la Administración y que cumplieron a satisfacción, hubo un aspecto más sobre el que la Fiscalía pretendió demostrar incongruencias en el testimonio.
Según el ente acusador, como parte del Convenio, la entidad representada por García ofreció 90 millones de pesos representados en actividades artísticas y culturales, aunque una de las firmas subcontratadas Moriah Company se atribuyó el cumplimiento de esta tarea.
La Fiscalía presentó los contratos 062, 063 y 064 cuyos valores en equivalencia suman 1.600 millones de pesos es decir el 100% total del importe de la contribución del gobierno municipal al convenio lo que demostraría que se subcontrató la totalidad de las tareas.
Sin patrimonio
En busca de demostrar que de algún modo la Corporación fue asaltada en su buena fe, Betty García hizo mención de la pérdida de la Casa de la Corporación ante la negativa del pago del total de los dineros pactados en el convenio.
Según García la secretaria de Cultura, Ana María Bernal, rehusó el desembolso de los mil 600 millones de pesos y solo giró mil 200 millones por lo que para cubrir el faltante se terminó perdiendo el que dijo era el único patrimonio de la entidad responsable de las festividades tradicionales de fin de año.
Con esta declaración Betty García terminó desautorizando lo dicho por Félix García quien en su momento expresó dentro del juicio que la Corporación contaba con la solvencia necesaria para asumir los propósitos encomendados por la Administración local.
La audiencia pública de juicio contra el exalcalde Jaramillo continuará el primero de febrero del año 2022.
En desarrollo de la diligencia de juicio que se sigue contra el exalcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, la Fiscalía 38 seccional de delitos contra la administración pública presentó los testimonios de Fredy Jimmy García, representante legal de Moriah Company y el entonces presidente de la junta directiva de la Corporación festival Folclórico, Félix García Motta.
En el interrogatorio formulado por el ente acusador, García fue enfático en que en su calidad de presidente nunca conoció la minucia de los términos del convenio interadministrativo y dijo que todo el trámite lo adelantó la directora Ejecutiva, Betty García junto con la Administración municipal.
El momento de mayor controversia entre las partes se suscitó cuando la Fiscalía quiso auscultar sobre la tercerización del 100% las actividades contratadas, lo que trató de ser desvirtuado por el testigo y respaldado por la defensa del exalcalde, en cabeza del abogado, Rodolfo Salas.
Fue entonces cuando la representante del ente acusador pidió levantar la cadena de custodia para reproducir el audio de una entrevista radial dada por García a una emisora local donde puntualmente se escucha reconocer que la mencionada tercerización fue de conocimiento de la junta directiva.
Visiblemente molesto, García explicó que la entidad no contaba con el personal técnico para el desarrollo de ciertas tareas lo que inevitablemente hacía necesario subcontratar.
“Yo no lo tengo todo, tengo que contratar con otras personas si usted llama a eso tercerización, entonces es tercerización yo lo llamo en mi profesión subcontratación”, subrayó.
Sin idoneidad
En medio de la tirante indagación la fiscal también quiso probar la falta de idoneidad de la Corporación Festival Folclórico para la ejecución del objeto contractual por lo que preguntó a su entonces Presidente si la entidad acreditaba experiencia en el desarrollo de alumbrados navideños.
Al particular, Félix García insistió en que fue necesario contratar con personas con las que se habían sostenido vínculos comerciales en el pasado como en el caso de Moriah Company aunque quedó claro que dichas actividades se dieron para el mes de junio, en el marco de las festividades tradicionales y no para diciembre.
A su turno, Fredy García representante de la firma Moriah Company recordó que la administración municipal no cumplió con los plazos pactados para el desembolso de los recursos por lo que fue necesario iniciar acciones legales que terminaron con el embargo de la casona donde funcionaba la sede de la Corporación Festival Folclórico.
Así mismo explicó cómo fue contactado desde la entidad para invitar a cotizar, dada la trayectoria que ya tenía en desarrollo de otros eventos, particularmente con espectáculos de pirotécnica, aunque aclaró que nunca antes con instalación de alumbrado público navideño.
Algo normal
Por su parte, en su contrainterrogatorio el defensor del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo pretendió rebatir la tesis de la Fiscalía conduciendo al testigo hacia la justificación de la subcontratación en las actividades, puntualmente en la temporada de junio, lo que desde esta óptica sería un procedimiento natural dentro de la Corporación.
Al mismo tiempo, hizo ver que las celebraciones navideñas corresponden con actividades de orden cultural lo que se ajustaría al objeto social de la entidad.
La minuta
Sin embargo una de las pruebas con las que la Fiscalía aspira demostrar que hubo irregularidades en el proceso es la minuta misma del convenio, en cuya cláusula décima novena se lee: “Cesión y subconvenios: El cooperante no podrá ceder ni subcontratar con persona natural o jurídica alguna, los derechos y obligaciones emanados del presente convenio, en caso de permitirse deberá suscribirse entra las partes la respectiva modificación”, lo que según el testimonio aportado por Félix García no habría ocurrido.
Celeridad
El juicio oral continuará el 5 de octubre en el despacho del Juez Quinto Penal del Circuito y posteriormente tendrá fechas de audiencia los días primero y 15 de febrero del año 2022. Muy a pesar de la solicitud del procesado de buscar fechas más prontas, en aras de resolver su situación jurídica.
Ocurrió durante un foro virtual con ocasión de los 32 años del magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, organizado por la fundación Centro de Estudios Nuevo Tolima.
El espacio donde el exalcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez compartió panel al lado de Alfonso Valdivieso, Fernando Carrillo y Rodrigo Lara exploraba diversos aspectos de la vida y obra del dirigente liberal.
Durante su intervención Jaramillo se centró en el perfil de Galán el joven, lo que le sirvió como excusa para cargar contra el presidente Iván Duque y su manejo frente al estallido social que expresó aún no acaba.
El exmandatario de los ibaguereños aseguró que, el Presidente de la República, debió haber puesto cara a los jóvenes en Cali desde el primero momento y no enviar a funcionarios sin experiencia como los ministros de Defensa e Interior, de quienes dijo han ejercido una muy mala representación.
“Nunca había visto un Ministerio de Gobierno y de Defensa tan mal representados, con falta de experiencia, de capacidad de gobernabilidad tanto administrativa como ejecutiva. Eso no se puede hacer. Uno atiende inmediatamente el clamor del pueblo y no espero dos meses”, aseguró el dirigente.
Abuso de poder
Más adelante, en alusión al discurso de Galán sobre el actuar de minorías hegemónicas que ponían la ley al servicio del sistema en los años 90, Jaramillo lanzó un segundo dardo al asegurar que hoy “la Constitución es irrespetada permanentemente y quienes tienen el poder, la ponen al servicio de ellos”
Por esa misma dirección, acotó no se entiende cómo a Epa Colombia la condenan a cinco años de prisión por destruir una infraestructura mal hecha, mientras otros ( sin terminar la idea) sugirió son exonerados.
Oposición bajo ataque
Jaramillo también hizo apología del discurso del caudillo liberal para arropar y defender las tesis de la oposición en la que actualmente milita.
Sostuvo que como lo pensaba Galán hace 30 años, sobre la acción del frente nacional de los ricos, quienes hoy se oponen a sus formas de gobernar se convierten en esbirros de la dictadura o traidores a la patria, del comunismo internacional.
“A nosotros el presidente Uribe nos denominó guerrilleros vestidos de civil. Y hoy cuando nos quieren pasar a otro nivel nos dicen que somos Castrochavistas. Yo pregunto qué diferencia hay (…) cuando por no estar de acuerdo con el régimen, con el statu quo, con esta democracia imperfecta somos declarados castrochavistas, amenazados por las águilas negras y concebidos para no participar sino estar llenando las tumbas que ya hay millones en Colombia”, sentenció.
Guillermo Alfonso Jaramillo también opinó sobre el resurgimiento del partido nuevo liberalismo, reconoció que en al algún momento fue elegido senador con el apoyo de un sector de ese movimiento y se mostró esperanzado en que los anhelos de Luis Carlos Galán puedan compaginarse con el pacto histórico y la coalición de la esperanza para solucionar lo que el inmolado líder pudo haber resuelto tres décadas atrás.
¿Trasfondo político?
Pero otros aspectos del foro no pasaron desapercibidos para ContraPeso desde el punto de vista político.
El primero de ellos que el evento fuera organizado por la fundación Centro de Estudios Nuevo Tolima, donde convergen los intereses de la familia Martínez Rosales. No en vano, en varios apartados, Guillermo Alfonso Jaramillo rememoró amigablemente el nombre de Emilio Martínez.
El panel además fue presentado por Sandra Liliana Salazar, cuyo nombre suena como precandidata a la Cámara de Representantes. Ella, hija de la actual diputada, Rosmery Martínez.
Tampoco resulta una causalidad la particular cercanía que recientemente han mostrado Jaramillo y los Martínez, lo que podría estar allanando camino para futuros acuerdos.
Así lo anunció, el propio Ocampo con una serie de curiosos trinos en los que expuso su hoja de vida y compartió con los seguidores de twitter fotografías inéditas sobre su vida familiar y profesional.
En la última publicación de su serie acompañada por dos fotografías en las que se le ve junto a Gustavo Petro precisó: "Dejo formalmente mi nombre a consideración del Pacto Histórico como aspirante a la Cámara por Bogotá y me someto al proceso democrático que se decida para elegir el lugar en la lista".
A renglón seguido acotó: "Y quiero que @petrogustavo sea mi presidente".
El recuerdo
Ocampo quien durante el paro nacional se hizo visible por liderar la autodenominada primera línea jurídica, con la que se asistió a algunos de los capturados en las jornadas violentas que se desarrollaron en varias ciudades del país, no goza de buena recordación en Ibagué.
Los motivos son varios.
El funcionario a quien generosamente el alcalde Jaramillo le diseñó un cargo con asignación salarial de siete millones de pesos mensuales, pasó con más pena que gloria por la administración local, pues aunque en algún momento cacareó en su defensa llevar 58 investigaciones por presuntas actuaciones indebidas frente al manejo de la cosa pública, al final no entregó ningún resultado concluyente.
Y no era para menos, su figura, aunque de título nobiliario carecía de cualquier tipo de autoridad o poder para actuar como órgano de control desde el punto de vista legal.
El ahora candidato a la Cámara fue citado en esa época al Concejo de la ciudad para rendir cuentas por su gestión, pero se negó a hacerlo. En este mismo escenario se supo que además del contrato como zar anticorrupción había sido beneficiado con otra 'pechuga' burocrática en la Personería Municipal para desempeñar en simultánea un rol de asesor, sólo que sin cumplir los requisitos de formación para ello. También habría sido beneficiado indirectamente con contratos para su hija y su novia.
Aunque el objeto contractual especificaba la necesidad de vincular un especialista en derecho administrativo, Ocampo acreditaba un posgrado en investigación criminal.
Otras polémicas
Sin embargo el episodio más célebre del paso de Ocampo por Ibagué involucró al hoy concejal Rubén Darío Correa quien desde su tribuna informativa denunció un complot del zar, orquestado con apoyos internos desde la Fiscalía para judicializar a los periodistas que lideraron la campaña contra el impuesto predial en Ibagué.
Varios de ellos manifestaron haber recibido amenazas, responsabilizaron al jurista por sus vidas y las de sus familias y hasta llevaron el tema a un Consejo de Seguridad departamental.
Correa refirió el uso de falsos testigos y calificó como extraña y acelerada la actuación del ente acusador que le otorgó a Ocampo la potestad como acusador privado y víctima.
Pero este no fue su único combate. El funcionario consentido por Guillermo Alfonso Jaramillo y escudero de Gustavo Petro accionó también en contra del personero Camilo Ossa a quien denunció, según él, por aperturar "descaradamente" indagación preliminar en contra del exsecretario de Tránsito, Hernán Silva, mientras el delegado del Ministerio Público figuraba como representante legal de la empresa Global Testing Check Services, que tenía por objeto social labores relacionadas con el tema de transporte.
Ahora el polémico jurista someterá su nombre al favor popular en medio de muchas incertidumbres, ¿le alcanzará?, ¿Será el ungido de Petro?, ¿De qué jugará Jaramillo en esta aspiración?
