La fiscal Segunda delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Francy Eugenia Gómez,  le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y  peculado por apropiación al exgobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga dentro de la investigación que sigue en su contra por la suscripción aparentemente irregular del convenio interadministrativo 748 de 2008 con la Empresa Generadora de Energía del Tolima, Egetsa.

Ante los magistrados de la sala especial de primera instancia, la representante del ente acusador relató cómo en el marco del mencionado convenio se dio paso a la subcontratación de obras que debían haber sido lanzadas a licitación pública.

También puso de presente el aparente favorecimiento de contratistas que en el pasado habían aportado recursos a la campaña de Barreto Quiroga en su aspiración por llegar al primer cargo de elección popular en el Departamento y sacó a relucir los nombres de Mauricio Pinto y Pedro Helí Parra, el primero secretario general y el segundo gerente de Egetsa para la época de los hechos.

No hubo cooperación 

Según la fiscal Gómez el cuestionado convenio nunca fue de cooperación, más sí de contraprestación. 

Aunque se determinó un aporte económico por el orden de los 50 millones desde la empresa de energía este nunca se materializó, en cambio se dispuso el reconocimiento del 3.5% del  total de los recursos desde la Gobernación del Tolima, lo que en suma se tradujo en más de 300 millones de pesos en  gastos administrativos que debía haber asumido Egetsa.

En su relato la funcionaria judicial expuso que el texto del acto administrativo no fue elaborado por la oficina de contratación del Departamento sino que recayó en la figura de Gustavo Adolfo Patarroyo Rodríguez, quien para ese momento no tenía vinculación laboral con ninguna de las entidades involucradas en el convenio. 

Por la misma razón, el documento no tuvo en cuenta análisis del mercado, ni estudios de prefactibilidad conforme a lo dispuesto normativamente 

Al detallar la lista de obras ejecutadas en el marco del convenio, la Fiscal relacionó los sobrecostos en varias de ellas y precisó que hubo un detrimento al patrimonio público por más de 1.400 millones de pesos.

A juicio de la Fiscalía, el convenio investigado tampoco resultaba procedente en la medida que el objeto social de la empresa pública era la generación de energía y no de soluciones en materia de alcantarillado o agua potable.

A la lista de hallazgos la Fiscal del caso agregó el que el plazo de ejecución inicial de 90 días terminó prolongándose hasta 300 con más de nueve suspensiones.

Sin responsabilidad 

En su acusación el ente investigador reprochó duramente el que Óscar Barreto, según su dicho “De manera deliberada quiso desprenderse de la función contractual delegándola en sus secretarios de despacho. Sin ejercer  control y vigilancia” 

Y fue más allá, al sostener que como Gobernador, Barreto sabía de la cercanía de su secretario general, Mauricio Pinto con Pedro Helí Parra a quien había postulado y hecho elegir como gerente de Egetsa valiéndose del control ejercido mayoritariamente sobre la junta directiva para poder suscribir estos convenios.

Pagando favores 

Para la Fiscalía General de la Nación, la delegación de la función de ordenación del gasto por parte de Barreto Quiroga tenía como interés  el favorecimiento de terceros lo que se habría configurado en el caso del subcontratista Diego Fernando Rodríguez Chavarro, a quien se entregó la línea de conducción y adecuación de la planta de tratamiento de agua del municipio de Fresno.

De acuerdo con su tesis, Rodríguez Chavarro fue uno de los aportantes a la campaña de Óscar Barreto a la Gobernación del Tolima, propósito al que se vinculó económicamente con la suma de 24 millones 500 mil pesos.

Entregó los recursos públicos por valor de 1.516 millones a Diego Fernando Rodríguez Chavarro, este contrato tuvo el segundo sobrecosto más alto por valor de 140 millones de pesos, acto constitutivo de un verdadero desvío de poder”, enfatizó la fiscal Gómez. 

Al igual que en el caso del alumbrado navideño, por el que es investigado el exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, en el convenio de Egetsa no resultaba aplicable la fórmula de subcontratación, pues las actividades pactadas debían haber sido asumidas por la entidad  contratante con base en su idoneidad, capacidades técnicas y administrativas.

Contraloría, víctima

Durante la vista pública en la que estuvo presente el exmandatario y su abogado Raúl Cadena se tramitó ante el despacho de la magistrada Blanca Nélida Barreto la solicitud de reconocimiento como víctimas dentro del proceso por parte de la Contraloría General de la República. 

La petición se sustentó en el hecho de que la investigación gira en torno al compromiso de recursos del erario. 

Después de analizar la solicitud, la magistrada al frente de la diligencia otorgó el reconocimiento respectivo como parte dentro del litigio al ente de control. 

Durante la audiencia pública de juicio contra el exalcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo el turno para rendir testimonio fue para la entonces directora ejecutiva de la Corporación Festival Folclórico, Betty García. 

En su declaración García fue enfática en que toda la documentación relacionada con el convenio 1918 del 11 de noviembre del 2016 que llegó hasta su despacho provenía de la Secretaría de Cultura y dejó entrever que firmó sin prevenciones confiando en que actuaba desde la legalidad.

Interrogada por la o las personas que habrían invitado a la Corporación Festival Folclórico a participar de este proceso, la entonces Directora Ejecutiva hizo mención de la exsecretaria de apoyo a la Gestión, María Fernanda Martínez.

En su extenso testimonio, la primera reina cívica de Ibagué  también sacó a relucir los nombres de Basilio Alexánder Vicens, secretario de cultura encargada para cuando se suscribió el polémico convenio y de la titular de esa cartera, responsable de la liquidación del mismo, Ana María Bernal.

Modificaciones

El centro de los cuestionamientos por parte de la Fiscal 38 seccional de delitos contra la Administración Pública, Elizabeth Torres estuvo en el acta de modificación a la cláusula décimo novena que terminó facultando a la Corporación Festival Folclórico para subcontratar las actividades relacionadas con el alumbrado navideño.

Deshojando la margarita, la representante del ente acusador condujo el interrogatorio hacia una asunto medular. ¿Por qué se efectuó tal modificación el mismo día que se firmó el convenio,  desconociendo que lo pactado inicialmente estipulaba que tales cambios debían realizarse en los 15 días previos? y además ¿Por qué si el convenio y su modificación se dieron el mismo 11 de noviembre (viernes) el 15 ya se contaba con los contratos de las tres empresas que se encargaron de la ejecución?

En su comparecencia, Betty Gacía sostuvo que nunca se reunió con Basilio Alexánder Vicens para pactar los ajustes al documento original como también lo establecía el contenido del acto contractual y que simplemente los documentos fueron allegados con mensaje de urgencia a través de una persona que fungía como mensajero.

Autenticidad

Sin embargo, uno de los momentos de mayor tensión dentro de la diligencia fue cuando rescatando el testimonio rendido por la entonces directora de contratación del municipio, Lyda Osma, la Fiscalía puso de presente que el acta aportada por la defensa del exalcalde Jaramillo al proceso podría no ser un documento genuino, por cuanto la funcionaria incorporaba su visto bueno a cada actuación con una firma en tinta azul.

También generó suspicacia a la Fiscalía el hecho de que el mencionado escrito no tuviera ninguno de los logos que usualmente tiene la papelería oficial de la Administración.

Si bien Betty García defendió la tesis de que la subcontratación se hizo con empresas que conocía bien la corporación, buscando la mayor calidad en el trabajo a realizar, que nunca fueron sugeridos por alguien desde la Administración y que cumplieron a satisfacción, hubo un aspecto más sobre el que la Fiscalía pretendió demostrar incongruencias en el testimonio.

Según el ente acusador, como parte del Convenio, la entidad representada por García ofreció 90 millones de pesos representados en actividades artísticas y culturales, aunque una de las firmas subcontratadas Moriah Company se atribuyó el cumplimiento de esta tarea.

La Fiscalía presentó los contratos 062, 063 y 064 cuyos valores en equivalencia suman 1.600 millones de pesos es decir el 100% total del importe de la contribución del gobierno municipal al convenio lo que demostraría que se subcontrató la totalidad de las tareas.

Sin patrimonio

En busca de demostrar que de algún modo la Corporación fue asaltada en su buena fe, Betty García hizo mención de la pérdida de la Casa de la Corporación ante la negativa del pago del total de los dineros pactados en el convenio.

Según García la secretaria de Cultura, Ana María Bernal, rehusó el desembolso de los mil 600 millones de pesos y solo giró mil 200 millones por lo que para cubrir el faltante se terminó perdiendo el que dijo era el único patrimonio de la entidad responsable de las festividades tradicionales de fin de año.

Con esta declaración Betty García terminó desautorizando lo dicho por Félix García quien en su momento expresó dentro del juicio que la Corporación contaba con la solvencia necesaria para asumir los propósitos encomendados por la Administración local.

La audiencia pública de juicio contra el exalcalde Jaramillo continuará el primero de febrero del año 2022.

En desarrollo de la diligencia de juicio que se sigue contra el exalcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, la Fiscalía 38 seccional de delitos contra la administración pública presentó los testimonios de Fredy Jimmy García, representante legal de Moriah Company y el entonces presidente de la junta directiva de la Corporación festival Folclórico, Félix García Motta.

En el interrogatorio formulado por el ente acusador, García fue enfático en que en su calidad de presidente nunca conoció la minucia de los términos del convenio interadministrativo y dijo que todo el trámite lo adelantó la directora Ejecutiva, Betty García junto con la Administración municipal.

El momento de mayor controversia entre las partes se suscitó cuando la Fiscalía quiso auscultar sobre la tercerización del 100% las actividades contratadas, lo que trató de ser desvirtuado por el testigo y respaldado por la defensa del exalcalde, en cabeza del abogado, Rodolfo Salas.

Fue entonces cuando la representante del ente acusador pidió levantar la cadena de custodia para reproducir el audio de una entrevista radial dada por García a una emisora local donde puntualmente se escucha reconocer que la mencionada tercerización fue de conocimiento de la junta directiva.

Visiblemente molesto, García explicó que la entidad no contaba con el personal técnico para el desarrollo de ciertas tareas lo que inevitablemente hacía necesario subcontratar.

Yo no lo tengo todo, tengo que contratar con otras personas si usted llama a eso tercerización, entonces es tercerización yo lo llamo en mi profesión subcontratación”, subrayó.

Sin idoneidad

En medio de la tirante indagación la fiscal también quiso probar la falta de idoneidad de la Corporación Festival Folclórico para la ejecución del objeto contractual por lo que preguntó a su entonces Presidente si la entidad acreditaba experiencia en el desarrollo de alumbrados navideños.

Al particular, Félix García insistió en que fue necesario contratar con personas con las que se habían sostenido vínculos comerciales en el pasado como en el caso de Moriah Company aunque quedó claro que dichas actividades se dieron para el mes de junio, en el marco de las festividades tradicionales y no para diciembre.

A su turno, Fredy García representante de la firma Moriah Company recordó que la administración municipal no cumplió con los plazos pactados para el desembolso de los recursos por lo que fue necesario iniciar acciones legales que terminaron con el embargo de la casona donde funcionaba la sede de la Corporación Festival Folclórico.

Así mismo explicó cómo fue contactado desde la entidad para invitar a cotizar, dada la trayectoria que ya tenía en desarrollo de otros eventos, particularmente con espectáculos de pirotécnica, aunque aclaró que nunca antes con instalación de alumbrado público navideño.

Algo normal

Por su parte, en su contrainterrogatorio el defensor del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo pretendió rebatir la tesis de la Fiscalía conduciendo al testigo hacia la justificación de la subcontratación en las actividades, puntualmente en la temporada de junio, lo que desde esta óptica sería un procedimiento natural dentro de la Corporación.

Al mismo tiempo, hizo ver que las celebraciones navideñas corresponden con actividades de orden cultural lo que se ajustaría al objeto social de la entidad.

La minuta

Sin embargo una de las pruebas con las que la Fiscalía aspira demostrar que hubo irregularidades en el proceso es la minuta misma del convenio, en cuya cláusula décima novena se lee: “Cesión y subconvenios: El cooperante no podrá ceder ni subcontratar con persona natural o jurídica alguna, los derechos y obligaciones emanados del presente convenio, en caso de permitirse deberá suscribirse entra las partes la respectiva modificación”, lo que según el testimonio aportado por Félix García no habría ocurrido.

Celeridad

El juicio oral continuará el 5 de octubre en el despacho del Juez Quinto Penal del Circuito y posteriormente tendrá fechas de audiencia los días primero y 15 de febrero del año 2022. Muy a pesar de la solicitud del procesado de buscar fechas más prontas, en aras de resolver su situación jurídica.

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