A lo largo de la diligencia hubo varios momentos donde la Fiscal y el abogado suplente de Hurtado, como se diría coloquialmente, se mostraron los dientes generando un clima de indisposición en el que tuvo que intervenir el Juez Segundo Penal con funciones de conocimiento.

Durante la primera parte de la vista pública la representante del ente acusador interrogó al funcionario de la Aerocivil, Hugo Moreno Cano quien aseguró que la presencia de vehículos no autorizados dentro de la norma aeroportuaria pudo poner en riesgo los sistemas de aeronavegación e iluminación de la terminal aérea.

Vino entonces el momento del contrainterrogatorio y con él los primeros roces entre los actores intervinientes.

Fueron reiterativas las objeciones presentadas por la Fiscalía a preguntas formuladas desde la defensa lo que despertó el enojo del abogado Jorge Leviller quien pidió al operador judicial disciplinar a la fiscal Elizabeth Torres, ante lo que calificó como un saboteo de su parte.

Leviller utilizó el término "balbuceo" para referirse a las intervenciones no autorizadas de la Fiscal, lo que atizó la discusión.

El defensor también pretendió desvirtuar la tesis de la Fiscalía, según la cual el aeródromo podría haber sido requerido la noche de los hechos ante una situación de emergencia, poniendo en evidencia una supuesta contradicción entre un planteamiento inicial que apuntaba a la necesidad de contar con el controlador aéreo y equipos de emergencia, los cuales ya no estaban disponibles después de la hora de cierre del aeropuerto.

Al respecto, el testigo Hugo Moreno aclaró que frente a una contingencia, cualquier piloto podría intentar un aterrizaje aún sin apoyo de la torre de control.

Más adelante el debate se centró en las preguntas formuladas por la defensa que para el Juez y la Procuraduría carecían de concreción y podían conducir a la confusión del testigo, hecho que ameritó otro llamado de atención.

Terminada la declaración de Moreno Cano, la Fiscalía incorporó los testimonios de dos  peritos entre ellos el investigador principal, Reinel Echeverry y con ellos un número considerable de evidencias físicas.

Este ejercicio provocó reparos en la bancada de la defensa que pidió de manera repetitiva se le corriera traslado para poder hacer seguimiento, solicitó cortos recesos y llegó a esbozar un aplazamiento de la diligencia a la cual hubo respuesta negativa del Juez del caso.

Sin embargo, los ánimos se volvieron a calentar cuando el jurista Leviller reclamó que no se estaba siguiendo la solemnidad del trámite por parte de la delegada fiscal e insinuó  desorden en su actuación.

La fiscal Torres, como era previsible, no se ahorró ningún reproche frente a su contraparte y pidió respeto por el trabajo de su despacho del que destacó ha hecho todo de manera organizada y procurando ofrecer garantías incluso al procesado.

A la reprimenda se sumó el propio juez quien pidió el concepto de la Procuraduría y subrayó no es esta la forma de ganar los pleitos, llegando a un procedimentalismo desbordado.

El acaloramiento no acabó allí. Tras anunciarse los testigos de la defensa, 11 en total, varios de ellos ya comparecientes, la Fiscalía intervino pidiendo replantear la prueba común, lo que despertó la molestia del abogado Leviller quien dijo este tipo de propuestas van en contravía de las garantías procesales, sin importar que el argumento sea la prescripción de la carpeta.

El pulso entre Fiscalía y defensa continuará este jueves. Aún así son escasas las probabilidades de que en tiempos se pueda llegar a los alegatos finales antes del 31 de octubre cuando prescribirá la acción penal de uno de los delitos imputados al mandatario local.

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