La directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, se quedó con las ganas de cobrarle más de 11 mil millones de pesos al IBAL, por concepto de tasa retributiva, factura que hubiera dejado en cuidados intensivos a la única empresa pública de los ibaguereños. El congreso congeló el factor regional en 1% y la deuda bajó más del 80%.