En manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia quedó la suerte jurídica y política de los exgobernadores del Tolima, Fernando Osorio Cuenca y Óscar Barreto Quiroga al concluir la etapa de juicio en el marco del proceso que se seguía en su contra por presuntas irregularidades en la ejecución y liquidación del convenio Andrés Bello.

Si los togados de la sala acogen integralmente la tesis de la Fiscalía y emiten sentencia condenatoria las implicaciones serían mayúsculas para los propósitos electorales de Barreto quien aspiraría a ser elegido Senador de la República.

La defensa de Barreto

La última jornada se reservó a la presentación de los alegatos de la defensa del dirigente Conservador por parte de su apoderado, el jurista Raúl Cadena Lozano.

A lo largo de su exposición, el penalista desvirtuó todos los señalamientos hechos por la Fiscalía y cuestionó insistentemente la ausencia de pruebas, así como la metodología de los peritos para la recaudación de las mismas.

Aseguró Cadena que no se puede dar credibilidad a un peritaje sin antes haber accedido a la totalidad de los documentos, archivos y soportes que reposaban en la secretaría técnica, lo que equiparó con el hecho de certificar la causa de una muerte sin practicar la autopsia sobre el cadáver.

En su intervención que se prolongó por cerca de una hora, el profesional del derecho también trajo a colación el testimonio del entonces director jurídico de la Gobernación del Tolima, Jhon Jairo Peña, quien subrayó ante la Corte que nunca fue coaccionado o se le insinuó de algún modo incurrir en prácticas de corrupción por parte de su jefe, el para le época, mandatario seccional, Óscar Barreto.

Otros nombres mencionados por la defensa de Barreto durante la vista pública fueron los de Francisco Parra y Alejandro Rozo.

Dijo Raúl Cadena que el ente acusador, representado en esta diligencia por Jorge Hernán Díaz Soto, fiscal primero delegado ante la Corte Suprema no pudo probar más allá de toda duda razonable la comisión de las conductas de prevaricato, peculado y contrato sin el lleno de requisitos legales por parte de su defendido.

“Para el doctor Óscar Barreto Quiroga pido justicia”, terminó diciendo en tono vehemente y con el dedo índice elevado ante los magistrados y las demás partes intervinientes.

“Solicito que el Doctor Barreto sea absuelto de todos los cargos elevados en su contra por la Fiscalía General de la Nación como quiera que no obra ni una prueba que pueda acreditar dolo por parte de mi defendido”, precisó .

“Solicito amablemente la absolución de mi cliente, el doctor Óscar Barreto Quiroga, ciudadano que ha servido con arrojo y abnegación a los intereses de nuestra sociedad y del departamento del Tolima”.

Raúl Cadena Lozano, abogado de Óscar Barreto.

Sin fecha

El turno fue entonces para la magistrada Blanca Nélida Barreto, quien concedió el uso de la palabra a la Fiscalía, sin embargo el representante del ente investigador rehusó a hacer efectivo el derecho de réplica.

La presidente de la audiencia indicó a las partes que prontamente se indicará una fecha para anunciar el sentido del fallo, agradeció la comparecencia y disposición de los actores procesales.

Fiscalía pidió condena

En la primera parte de la diligencia celebrada el miércoles, la Fiscalía había solicitado al máximo tribunal emitir sentencia condenatoria contra los dos exmandatarios, indicando que en el caso de Fernando Osorio la conducta de peculado por apropiación reviste circunstancias de agravación al haber coparticipación criminal con quien era su secretario de Educación, Alejandro Rozo Gaeth.

De Barreto, refirió que actuó de manera dolosa en el trámite de liquidación del Convenio a sabiendas que como represéntate legal debió entrar a activar las pólizas que cubrían las obligaciones de la Secretaría Técnica del convenio (Secab)

Procuraduría, un delito menos

A su turno, la Procuraduría respaldó la tesis de la Fiscalía, pero se apartó de esta en lo que refiere al punible de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales enrostrado a Barreto, según su dicho al no obrar en el expediente prueba que demuestre tal conducta ni que este hubiese cohonestado con su antecesor, Fernando Osorio para dicho trámite.

El hoy Senador Richard Aguilar es investigado por al menos cuatro delitos.

La decisión del alto tribunal fue materializada la misma noche de este martes por agentes del CTI de la Fiscalía, en el norte de Bogotá.

Al sustentar su providencia los magistrados precisaron que Aguilar Villa, quien en septiembre cumplirá 40 años de edad, habría dado instrucciones a funcionarios de la administración departamental, mientras actuaba como gobernador de Santander para favorecer o entregar a dedo contratos a personas y consorcios previamente seleccionados por él, abusando del poder que ostentaba e infringiendo  los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva para de paso apropiarse de dineros públicos.

Los contratos cuestionados, según refiere la Corte son  el de interventoría en las obras de reforzamiento del estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga, la intervención de la vía San Gil-Charalá, el corredor vial Agroforestal y Energético, al igual que el mejoramiento del carreteable Bucaramanga - Floridablanca.

Todos estos hechos de corrupción investigados por la sala de instrucción se habrían configurado entre los años 2014 y 2015, durante el mandato de Aguilar.

El hoy congresista deberá responder penalmente como presunto determinador de las conductas de contrato sin el lleno de requisitos legales, autor de interés indebido en la celebración de contratos y coautor de concierto para delinquir agravado y  peculado por apropiación a favor propio y de terceros.

Dentro del mismo sumario, el Tribunal dispuso compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación lo que supondría la vinculación de otros actores no aforados al proceso penal.

El poderoso Aguilar

Richard Aguilar es considerado un cacao político del oriente del país.

Es hijo del Coronel (r) Hugo Aguilar, recordado por haber sido el hombre detrás del disparo que acabó con la vida de Pablo Escobar y quien también fuera Gobernador de Santander entre 2004 y 2007.

Años más tarde, la Procuraduría destituyó e inhabilitó al coronel Aguilar tras probar sus nexos con grupos paramilitares y luego se ordenó su captura por parapolítica, lo que forzó a Richard Alfonso a incursionar en la arena proselitista.

Sin embargo, estos hechos no diezmaron el caudal electoral de la casa Aguilar cuyo poder acumulado en  Santander llevaba a pensar hasta a los más escépticos que gozaban de cierto grado de inmunidad para dilatar y evadir vía tráfico de influencias la acción penal.

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