En su pronunciamiento, el alto tribunal encontró méritos suficientes para afirmar que hubo responsabilidad de Osorio en las conductas de contrato sin cumplimiento de requisitos legales  en concurso con peculado por apropiación a favor de terceros agravado.

Señaló el tribunal que “fue Fernando Osorio Cuenca quien propició el descalabro económico del ente territorial que se comprometió a cuidar, pues gracias a su intervención, dirección y en virtud de su ejercicio como Gobernador del Departamento permitió que la Secretaría del Convenio Andrés Bello se apropiara de los referidos recursos y nada libran de su responsabilidad las argumentaciones defensivas relacionadas con la delegación de funciones y confianza en sus subalternos

No hubo dolo

Entre tanto, sobre lo endilgado por la Fiscalía a Barreto Quiroga, la Corte consideró que aunque este se abstuvo de ordenar la afectación de la póliza de cumplimiento, “no lo hizo guiado por una decisión pueril o intransigente de su parte, sino por el fundado convencimiento que su equipo tuvo acerca de la necesidad de agotar otros procedimientos, lo que desdibuja el dolo enrostrado por el ente acusador”.

Para el abogado Raúl Cadena, defensor del exgobernador Barreto la decisión de la Corte es un gran triunfo para su cliente y también un logro propio desde el punto de vista profesional.

Recalcó el que Barreto se ha caracterizado por ser una persona muy respetuosa frente a los requerimientos de la justicia, ante la que dijo ha comparecido cada vez que se le cita.

¿Cómo lo tomó él?, con mucha alegría, se siente con una moral y con una trasparencia impoluta. Todos los tolimenses pueden estar satisfechos de que ante los cargos que le ha hecho la Fiscalía General de la Nación, los mismos jueces de la república encontraron que no era culpable de ninguno de ellos”, expresó el jurista.

Cadena recordó que el planteamiento de la defensa se centró en la no existencia de ninguno de los delitos imputados y de manera subsidiaria que de encontrarse la existencia de los delitos como efectivamente los encontró la sala en el caso de Fernando Osorio Cuenca, no hubo ningún actuar doloso de parte de Barreto Quiroga quien al contrario cumplió la ley de manera reglada siendo muy riguroso con sus empleados en que había que respetar las normas.

¿Libertad provisional?

Al  anunciar su decisión, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que hasta tanto se adopte una decisión de fondo, Fernando Osorio Cuenca permanecerá en libertad.

Sin embargo, advirtió que al momento de dictar sentencia tomará a consideración el hecho de que Osorio haya atendido los llamado de la administración de justicia, con lo que se establece su sometimiento al ordenamiento y la intención de acatar las determinaciones judiciales.

También precisó que considerará lo planteado por la defensa sobre estado de grave enfermedad incompatible con la vida en reclusión formal.

La audiencia de juicio en la que se anunciará la dosificación de la pena a imponer continuará el próximo jueves en horas de la mañana.

La diligencia estará presidida por la magistrada ponente Blanca Nélida Barreto Ardila y definirá si a juicio del alto tribunal los exmandatarios son responsables penalmente o no por los delitos de prevaricato, peculado y contrato sin el lleno de requisitos legales.

Fiscalía pidió condena

En los alegatos finales, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia Jorge Hernán Díaz pidió a la Corte sentencia condenatoria contra los exgobernadores.

Sostuvo Díaz que en el caso de Osorio el peculado por apropiación reviste circunstancias de agravación al haber coparticipación criminal con quien era su secretario de Educación, Alejandro Rozo Gaeth.

Mientras que de Barreto aseguró actuó de manera dolosa en el trámite de liquidación del Convenio, a sabiendas que como representante legal debió entrar a activar las pólizas que cubrían las obligaciones de la Secretaría Técnica del convenio (Secab)

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Defensa

Por su parte, el abogado Raúl Cadena Lozano apoderado de Óscar Barreto con vehemencia pidió justicia para su defendido mediante fallo absolutorio como quiera que según su argumentación no obra ni una prueba que pueda acreditar dolo.

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Lo político

El anuncio de hoy reviste particular importancia, especialmente para Óscar Barreto quien la semana pasada inscribió su nombre ante la dirección del partido Conservador y viene avanzando en sus correrías y acuerdos políticos a lo largo y ancho del departamento en su aspiración por llegar al Senado de la República.

Una sentencia adversa podría significar una recomposición de las cartas sobre la mesa para mantener la participación de ese grupo político en la esfera nacional y una absolución le daría la tranquilidad para continuar avanzando tras su objetivo con una una preocupación menos.

Tras ser informado por fuentes de alto nivel sobre la presunta existencia de una medida se aseguramiento en su contra, el congresista anunció el deseo de presentarse a la sede de la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Barranquilla donde fue enterado de la situación.

Benedetti calificó como injusta la decisión y sostuvo que pese a no tener garantías procesales continuará confiando en las instituciones.

El dirigente político, de 54 años, subrayó que ya había sido advertido de lo que podría ocurrir y dijo comparecer voluntariamente y tranquilo para confirmar dicha información.

Armando Benedetti es investigado dentro de un proceso en el que se le atribuye la conducta presunta de enriquecimiento ilícito.

#EnDesarrollo

Los hechos se remontan al 27 noviembre del año 2012 cuando los togados del máximo organismo de lo contencioso administrativo en el Tolima se aprestaban en sesión de sala plena a elegir dentro de la lista a un grupo de conjueces.

Entre los nominados figuraba el nombre del jurista Eduar Armando Rodríguez Rubio.

Según se supo, al consultar el voto de la reconocida magistrada Susana Nelly Acosta Prada, esta se habría manifestado en contra de la elección de Rodríguez Rubio exponiendo como argumento asuntos concernientes a la intimidad del candidato.

De acuerdo con el relato que hiciera el afectado, la funcionaria habría referido que “éste mantenía relaciones non santas y había adquirido un patrimonio producto de esa relación”.

De pasillo

Aunque tales apreciaciones se dieron en un ambiente  de carácter privado entre los integrantes de la sala, tal y como relató a la Fiscalía Rodríguez Rubio, el mismo día en que se profirieron estos comentarios, mientras adelantaba su labor habitual por los juzgados,  un funcionario del Tribunal le advirtió sobre lo ocurrido.

Las palabras atribuidas a la magistrada Acosta Prada no tardaron en hacer eco y se convirtieron en comidilla de los pasillos y despachos del palacio de justicia de Ibagué.

Proceso penal

El 28 de noviembre del mismo años, el abogado Eduar Armando Rodríguez  solicitó formalmente mediante derecho de petición acceso al registro magnetofónico de la reunión, insumo que posteriormente empleó como prueba para accionar penalmente contra la juez a quien señaló como responsable de la conducta de injuria y calumnia.

La acción penal asumida por la Fiscalía Décima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia avanzó hacia la etapa de imputación, momento procesal en el que la actual magistrada radicó un escrito de retractación ante la sala plena del Tribunal del que hace parte y la sala Primera de Instrucción de la Corte.

En él dejó en claro que las objeciones por ella manifestadas se formularon sobre la base de argumentos ajustados a la realidad y ofreció disculpas al profesional del derecho por la equivocada interpretación de sus expresiones.

Preclusión

Casi seis años después de iniciado el proceso penal, este miércoles, acusada y víctima se volvieron a ver en audiencia pública ante los magistrados de la Corte para resolver la solicitud de preclusión de la acción penal instaurada por la defensa.

El abogado Álvaro Vargas, apoderado de la magistrada Acosta Prada expuso tres razones principales para solicitar el archivo del expediente: el primero la caducidad en los términos de la presentación de la querella; segundo, la retractación hecha por la funcionaria judicial y tercero, la prescripción de la acción penal.

Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación se apartó del primero y último de los motivos invocados para dar trámite al archivo, acompañando solo el argumento soportado en la retractación dada, previo a que se profiriera la  sentencia de primera o única instancia.

Carlos Mejía Abello, fiscal Delegado ante la Corte Suprema

Durante la última parte de la diligencia también hubo lugar a la intervención del abogado Rodríguez Rubio reconocido como víctima dentro del proceso quien expuso sus puntos de vista frente a los planteamientos de la defensa de Acosta Prada.

La última palabra para impartir aprobación a la preclusión del proceso contra la alta operadora de la justicia está ahora en manos de sus colegas en la máxima instancia de lo penal en Colombia, decisión que tendrá ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas.

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