Durante la audiencia pública de juicio contra el exalcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo el turno para rendir testimonio fue para la entonces directora ejecutiva de la Corporación Festival Folclórico, Betty García.
En su declaración García fue enfática en que toda la documentación relacionada con el convenio 1918 del 11 de noviembre del 2016 que llegó hasta su despacho provenía de la Secretaría de Cultura y dejó entrever que firmó sin prevenciones confiando en que actuaba desde la legalidad.
Interrogada por la o las personas que habrían invitado a la Corporación Festival Folclórico a participar de este proceso, la entonces Directora Ejecutiva hizo mención de la exsecretaria de apoyo a la Gestión, María Fernanda Martínez.
En su extenso testimonio, la primera reina cívica de Ibagué también sacó a relucir los nombres de Basilio Alexánder Vicens, secretario de cultura encargada para cuando se suscribió el polémico convenio y de la titular de esa cartera, responsable de la liquidación del mismo, Ana María Bernal.
Modificaciones
El centro de los cuestionamientos por parte de la Fiscal 38 seccional de delitos contra la Administración Pública, Elizabeth Torres estuvo en el acta de modificación a la cláusula décimo novena que terminó facultando a la Corporación Festival Folclórico para subcontratar las actividades relacionadas con el alumbrado navideño.
Deshojando la margarita, la representante del ente acusador condujo el interrogatorio hacia una asunto medular. ¿Por qué se efectuó tal modificación el mismo día que se firmó el convenio, desconociendo que lo pactado inicialmente estipulaba que tales cambios debían realizarse en los 15 días previos? y además ¿Por qué si el convenio y su modificación se dieron el mismo 11 de noviembre (viernes) el 15 ya se contaba con los contratos de las tres empresas que se encargaron de la ejecución?
En su comparecencia, Betty Gacía sostuvo que nunca se reunió con Basilio Alexánder Vicens para pactar los ajustes al documento original como también lo establecía el contenido del acto contractual y que simplemente los documentos fueron allegados con mensaje de urgencia a través de una persona que fungía como mensajero.
Autenticidad
Sin embargo, uno de los momentos de mayor tensión dentro de la diligencia fue cuando rescatando el testimonio rendido por la entonces directora de contratación del municipio, Lyda Osma, la Fiscalía puso de presente que el acta aportada por la defensa del exalcalde Jaramillo al proceso podría no ser un documento genuino, por cuanto la funcionaria incorporaba su visto bueno a cada actuación con una firma en tinta azul.
También generó suspicacia a la Fiscalía el hecho de que el mencionado escrito no tuviera ninguno de los logos que usualmente tiene la papelería oficial de la Administración.
Si bien Betty García defendió la tesis de que la subcontratación se hizo con empresas que conocía bien la corporación, buscando la mayor calidad en el trabajo a realizar, que nunca fueron sugeridos por alguien desde la Administración y que cumplieron a satisfacción, hubo un aspecto más sobre el que la Fiscalía pretendió demostrar incongruencias en el testimonio.
Según el ente acusador, como parte del Convenio, la entidad representada por García ofreció 90 millones de pesos representados en actividades artísticas y culturales, aunque una de las firmas subcontratadas Moriah Company se atribuyó el cumplimiento de esta tarea.
La Fiscalía presentó los contratos 062, 063 y 064 cuyos valores en equivalencia suman 1.600 millones de pesos es decir el 100% total del importe de la contribución del gobierno municipal al convenio lo que demostraría que se subcontrató la totalidad de las tareas.
Sin patrimonio
En busca de demostrar que de algún modo la Corporación fue asaltada en su buena fe, Betty García hizo mención de la pérdida de la Casa de la Corporación ante la negativa del pago del total de los dineros pactados en el convenio.
Según García la secretaria de Cultura, Ana María Bernal, rehusó el desembolso de los mil 600 millones de pesos y solo giró mil 200 millones por lo que para cubrir el faltante se terminó perdiendo el que dijo era el único patrimonio de la entidad responsable de las festividades tradicionales de fin de año.
Con esta declaración Betty García terminó desautorizando lo dicho por Félix García quien en su momento expresó dentro del juicio que la Corporación contaba con la solvencia necesaria para asumir los propósitos encomendados por la Administración local.
La audiencia pública de juicio contra el exalcalde Jaramillo continuará el primero de febrero del año 2022.
En desarrollo de la diligencia de juicio que se sigue contra el exalcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, la Fiscalía 38 seccional de delitos contra la administración pública presentó los testimonios de Fredy Jimmy García, representante legal de Moriah Company y el entonces presidente de la junta directiva de la Corporación festival Folclórico, Félix García Motta.
En el interrogatorio formulado por el ente acusador, García fue enfático en que en su calidad de presidente nunca conoció la minucia de los términos del convenio interadministrativo y dijo que todo el trámite lo adelantó la directora Ejecutiva, Betty García junto con la Administración municipal.
El momento de mayor controversia entre las partes se suscitó cuando la Fiscalía quiso auscultar sobre la tercerización del 100% las actividades contratadas, lo que trató de ser desvirtuado por el testigo y respaldado por la defensa del exalcalde, en cabeza del abogado, Rodolfo Salas.
Fue entonces cuando la representante del ente acusador pidió levantar la cadena de custodia para reproducir el audio de una entrevista radial dada por García a una emisora local donde puntualmente se escucha reconocer que la mencionada tercerización fue de conocimiento de la junta directiva.
Visiblemente molesto, García explicó que la entidad no contaba con el personal técnico para el desarrollo de ciertas tareas lo que inevitablemente hacía necesario subcontratar.
“Yo no lo tengo todo, tengo que contratar con otras personas si usted llama a eso tercerización, entonces es tercerización yo lo llamo en mi profesión subcontratación”, subrayó.
Sin idoneidad
En medio de la tirante indagación la fiscal también quiso probar la falta de idoneidad de la Corporación Festival Folclórico para la ejecución del objeto contractual por lo que preguntó a su entonces Presidente si la entidad acreditaba experiencia en el desarrollo de alumbrados navideños.
Al particular, Félix García insistió en que fue necesario contratar con personas con las que se habían sostenido vínculos comerciales en el pasado como en el caso de Moriah Company aunque quedó claro que dichas actividades se dieron para el mes de junio, en el marco de las festividades tradicionales y no para diciembre.
A su turno, Fredy García representante de la firma Moriah Company recordó que la administración municipal no cumplió con los plazos pactados para el desembolso de los recursos por lo que fue necesario iniciar acciones legales que terminaron con el embargo de la casona donde funcionaba la sede de la Corporación Festival Folclórico.
Así mismo explicó cómo fue contactado desde la entidad para invitar a cotizar, dada la trayectoria que ya tenía en desarrollo de otros eventos, particularmente con espectáculos de pirotécnica, aunque aclaró que nunca antes con instalación de alumbrado público navideño.
Algo normal
Por su parte, en su contrainterrogatorio el defensor del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo pretendió rebatir la tesis de la Fiscalía conduciendo al testigo hacia la justificación de la subcontratación en las actividades, puntualmente en la temporada de junio, lo que desde esta óptica sería un procedimiento natural dentro de la Corporación.
Al mismo tiempo, hizo ver que las celebraciones navideñas corresponden con actividades de orden cultural lo que se ajustaría al objeto social de la entidad.
La minuta
Sin embargo una de las pruebas con las que la Fiscalía aspira demostrar que hubo irregularidades en el proceso es la minuta misma del convenio, en cuya cláusula décima novena se lee: “Cesión y subconvenios: El cooperante no podrá ceder ni subcontratar con persona natural o jurídica alguna, los derechos y obligaciones emanados del presente convenio, en caso de permitirse deberá suscribirse entra las partes la respectiva modificación”, lo que según el testimonio aportado por Félix García no habría ocurrido.
Celeridad
El juicio oral continuará el 5 de octubre en el despacho del Juez Quinto Penal del Circuito y posteriormente tendrá fechas de audiencia los días primero y 15 de febrero del año 2022. Muy a pesar de la solicitud del procesado de buscar fechas más prontas, en aras de resolver su situación jurídica.
