El proyecto que tiene un presupuesto de 2.906 millones de pesos y adjudicada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) en 2018, debería haber concluido en enero del 2020. 

De acuerdo con el Ministerio Público, debido al incumplimiento del contratista se terminó y liquidó el contrato; por lo que la obra en la actualidad presenta un avance del 24% y permanece en completo abandono a la espera de un nuevo proceso licitatorio.

"Con esta solicitud, efectuada en el marco de la Comisión Regional del Ministerio Público para la Justicia Transicional Tolima, la Procuraduría busca que se finalice la construcción del CRAV, y que las entidades implicadas ratifiquen el compromiso de entregar a esta población un centro regional que permita atender, orientar, remitir, acompañar y realizar el seguimiento a las más de 50 mil víctimas del municipio", precisó la Procuraduría en un comunicado. 

El organismo sostuvo que se trata de una actuación preventiva de la Procuraduría Regional que no pretende coadministrar, sino facilitar los requerimientos de las víctimas en el ejercicio de sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral.

La última manifestación paranormal de este espectro al que le temen, Fiscalía, Procuraduría, víctimas y hasta el propio Juez se dio en la mañana de este viernes. 

El abogado Javier Hurtado apoderado del mandatario local y quien, al momento, tiene como responsabilidad la práctica de pruebas, no acudió a la diligencia argumentando la inaplazabilidad de una audiencia de reparación lo que despertó la molestia generalizada de las partes. 

En principio la fiscal 38 seccional, Elizabeth Torres solicitó al juez del caso conminar a la defensa al desarrollo de un interrogatorio ajustado en tiempos, con preguntas relevantes a la teoría del caso para evitar como ocurrió en la última vista pública que se consuman nueve horas en el trámite de tres testigos.

"No dio la cara" 

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, reprochó la solicitud de la defensa de Hurtado al considerar que no resulta justificada desde lo establecido en el código penal.

"Es claro que no fue oportuna, tuvo suficiente tiempo para haber solicitado el aplazamiento de esa audiencia. Se había programado para las 10 de la mañana, según se lee en el documento, podía haberse hecho presente a dar las explicaciones, sin embargo no dio la cara, eso da visos de que se trata de una maniobra dilatoria", declaró Edgar Alfonso Sáenz, delegado del Ministerio Público. 

El funcionario abogó porque las jornadas previamente agendadas para desarrollarse en día no hábil, es decir los sábados 30 de octubre y 6 de noviembre se realicen no durante mediodía sino de corrido en aras de terminar la práctica probatoria. 

"Es una maniobra dilatoria" 

Al reclamo de Fiscal y Procurador se sumó el representante de la Aeronáutica Civil, Marco Ricardo Mariño quien pidió al operador judicial compulsar copias ante la Comisión de Disciplina Judicial para que se investigue al jurista Javier Hurtado. 

"Con la franqueza que me caracteriza esta es la secuencia de una pluralidad de maniobras dilatorias por parte de la defensa. Si se hace un seguimiento a todas las audiencias podemos comprobarlo, de manera que esta hoy es otra maniobra dilatoria", sostuvo Mariño. 

El apoderado de las víctimas no encontró justificable el que no se hubiese otorgado las facultades al abogado suplente de quien no se acreditó excusa alguna para continuar adelante con la diligencia

Traumatismos 

Al dar trámite a las solicitudes impetradas, el juez Segundo Penal del Circuito, Henry Beltrán dejó constancia de los traumatismos que el proceso del alcalde Hurtado y los aplazamientos de la defensa han provocado a la administración de justicia. 

El togado refirió cómo un proceso por trata de personas está adportas del vencimiento de términos con la consecuente excarcelación del acusado, mientras se han tenido que postergar procesos por homicidio y feminicidio, procurando dar prioridad a la resolución de este expediente.

Una situación que también comparten la Fiscalía y la Procuraduría, esta última en actuaciones tan relevantes como las derivadas de los episodios de corrupción en la contratación de obras para los Juegos Deportivos Nacionales. 

Por lo anterior, el Juez dispuso que en principio la audiencia del sábado 30 de octubre se realice todo el día con la posibilidad de aplicar esta extensión a la fecha del 6 de noviembre. 

Sin sanción 

Javier Hurtado entra a la larga lista de compulsa de copias que se han dado a lo largo de este proceso judicial por el que han pasado Humberto Escobar y el propio procesado Andrés Fabián Hurtado, peticiones que como reveló el juez Beltrán en pasada audiencia fueron objeto de archivo por parte de la Comisión de Disciplina Judicial. 

El sondeo virtual que recogió la opinión de 2.236 ibaguereños mayores de 18 años preguntó en su componente de Gestión Pública, por la imagen que tienen los encuestados del actual mandatario de la capital del Tolima.

El 63% la calificó como desfavorable, un 15.3% ni favorable, ni desfavorable y solo el 19.3% le dio su respaldo.

En todos los grupos de edad la imagen negativa del mandatario está por encima del 52% denotando que este comportamiento se acentúa entre los 18 y los 35 años donde el indicador de desfavorabilidad ronda por el 72%.

Al grupo de ciudadanos sondeados se le pidió calificar la gestión del alcalde, Andrés Hurtado. El 63.2% de ellos dijo que esta ha sido mala, 20% buena y entre los que ni la aprueban ni la rechazan se encuentra el 16.8%.

En Abril de este año la misma encuesta había pedido evaluar la gestión global de la Alcaldía concluido el primer año de Gobierno. En este momento el 60,4% dijo estar insatisfecho, en tanto que el 22.8% opinó lo contrario.

Concejo con nota negativa

Pero no sólo el mandatario local salió mal calificado. Otra institución del municipio, el Concejo de la ciudad, junta directiva del Alcalde resultó mal librado.

El 60,6% piensa que la imagen del cabildo es desfavorable y un 68,4% considera que su gestión es mala.

Parte de estos indicadores se relacionan con el pesimismo generalizado sobre el camino por el que va la ciudad donde el 58.8% cree que las cosas van mal.

Temas centrales

Según indicó Carlos Salazar, director del programa Ibagué Cómo Vamos hay tres temas sobre los que los ibaguereños consideran deben concentrarse los esfuerzos de las autoridades de Gobierno local.

El más sentido de ellos es el del empleo (75.1%),seguido por la Movilidad, vías e infraestructura (40.1%) y salud (38.9%)
Y es que en materia de empleo la encuesta confirma lo que otros mecanismos de medición como el Dane ya señalaban.

La pandemia generó efectos adversos en las tasas de ocupación y en la economía de los hogares.

El 44% de los sondeados sostuvo que la situación económica de su hogar en el último año empeoró, respuesta más recurrente en los estratos medio y bajo y en el grupo etarios de los jóvenes (18 a 25 años).

Esta perspectiva coincide con la pregunta a si por causa de la pandemia usted perdió su empleo donde 44% de los ibaguereños respondió afirmativamente, situación que comprometió en mayor proporción a las mujeres, en estratos bajos y en edades que oscilan entre los 18 y los 35 años.

Pero esto no es todo, de quienes aseguraron haber perdido su empleo por causa del Covid -19, el 66.1% continúa desempleado, en tanto que el 15.1% optó por emprender.

Salud

En materia de salud, un tema que cobró mayor importancia con ocasión de la pandemia, los ibaguereños tampoco se muestran a gusto. El 40.5% dijo sentirse insatisfecho con los servicios recibidos, mientras sigue llamando la atención el indicador de salud mental donde un 30% de los encuestados aseguró haberse sentido peor en lo transcurrido del último año.

Sin embargo, la gente reconoce la forma como la Alcaldía ha gestionado el plan de vacunación (47.5% satisfacción) lo que explica el que el 63.8% de los consultados ya se encuentre inmunizado contra le enfermedad.

Seguridad

Otra variable que sigue generando preocupación es la de la seguridad. Aunque hay un ligero descenso en la estadística respecto del mes de abril, aún el 55% de los encuestados se siente inseguro en su barrio y el 60,7% en Ibagué.

Lo que más inquieta a la comunidad y le hace sentir insegura son los actos de criminalidad relacionados con hurto y homicidios.

Educación

También siguen siendo altas las tasas de insatisfacción con la prestación del servicio de educación para niños y jóvenes entre los 5 y los 17 años.

Un 44% cree que en lo corrido del año la atención que han recibido los menores en sus procesos de enseñanza – aprendizaje, en su mayoría mediados por la virtualidad y la accidentada alternancia no ha sido la apropiada.

Esta radiografía de la ciudad fue capturada entre el cuatro y el 25 de agosto de este año y contó con el soporte técnico de la firma encuestadora Sensata UX.

Ocurrió en la Comisión de Presupuesto donde con cuatro votos a dos fue derrotada la ponencia que pretendía habilitar a la administración local para contratar vía vigencias futuras servicios de alquiler de oficinas, mantenimiento, servicios generales y correspondencia.

En el caso de las instalaciones físicas que la administración justificó en la necesidad de garantizar condiciones al personal de planta, contratistas y usuarios, el monto de lo solicitado ascendía a los 5.360 millones de pesos, pero además se incluyeron 820 millones para responder a estas obligaciones en el período octubre - diciembre de este año.

Para el item de aseo y cafetería se solicitó cupo por 1.196 millones para cubrir el año 2022 y 163 millones más para lo que queda del 2021.

En torno a los servicios de correo y embalaje la solicitud de endeudamiento del ejecutivo ascendió a los 575 millones 971 mil pesos para el siguiente año y 71 millones adicionales para lo que queda de este último trimestre.

La ponencia positiva que estuvo a cargo de los concejales Brayam Escandón y Martha Ruiz se empantanó en su primer examen.

Al ser sometido a votación los cabildantes César Franco, Orlando Rodríguez, Eduard Toro y Lisandro Trujillo, sin ahondar en explicaciones le dieron voto negativo a la iniciativa.

El respaldo de Arturo Castillo y Camilo Tavera se quedó en una manifestación de lealtad al Gobierno. Mientras el concejal William Rosas se abstuvo de votar.

¿Y ahora?

Al reaccionar a la votación, la secretaria jurídica, Andrea Mayoral, defendió la viabilidad técnica, jurídica y financiera del proyecto de acuerdo, aceptó la derrota, pero agradeció de todos modos la disposición de la Junta Directiva del Municipio para estudiar las iniciativas del Ejecutivo.

La decisión pone en aprietos al gobierno de Hurtado y su secretaria administrativa Juliana Cuartas, así se lo hizo saber a la Comisión de Presupuesto.

Y no es para menos, la Administración tendrá que buscar otra fórmula para lograr el flujo de caja que le permita mantener abiertas las puertas de innumerables oficinas que se encuentran descentralizadas; recogerlas y devolverlas al edificio del Palacio Municipal o en su defecto a las infraestructuras de propiedad del Municipio.

La otra alternativa sería sacrificar ciertas inversiones y conseguir los traslados presupuestales.

Lo que no está claro es si para responder a los compromisos que quedan de la vigencia 2021 tendrán que pedirle plazo a sus arrendadores.

Hoy, cuatro años después, el documento continúa en el limbo a la espera que se resuelva la apelación impetrada por la Administración Municipal, expediente que desde el 21 de septiembre del 2020  reposa en el despacho del magistrado Luis Eduardo Collazos en espera de turno de sentencia.

El vacío legal que produjo la acción judicial interpuesta por la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima y en la que también tuvo una enorme cuota de responsabilidad el Concejo Municipal, es causante de un crecimiento desproporcionado y desordenado que incluso compromete seriamente zonas de especial protección como el Cañón del Combeima donde en la actualidad se urbaniza sin control poniendo en riesgo el recurso hídrico de 600 mil personas.

Jugadita

La génesis de este desaguisado se remonta al 3 de diciembre de 2014 cuando el entonces Alcalde municipal, mediante decreto 1000527, convocó a su junta directiva a sesiones extraordinarias por 25 días con el propósito de dar debate al proyecto de acuerdo que pretendía sustituir integralmente el POT del año 2000.

Sin embargo, como anota Guillermo Hinestroza, la discusión resultó inerte y ese que por ley resultaba ser el foro donde se debía legitimar la norma, al final no tuvo ningún protagonismo.

Hubo un acuerdo político entre el Alcalde y el Concejo para que el Concejo ni lo aprobara ni lo negara y se pudiera aprobar por decreto tal y como lo quería la administración en su momento”, precisa Hinestroza, quien asegura hoy la ciudad está pagando las consecuencias.

Advierte el experto cómo, por ejemplo, la expansión y densificación por construcción en alturas en la zona aledaña al aeropuerto Perales se ha dado sin ningún control tanto por el sector de La Samaria como por Picaleña.

Mientras, ocurre algo similar en la ronda hídrica del río Combeima en la parte alta del cañón donde se construyen desaforadamente viviendas, se deforesta para labores de ganadería y se hace uso del suelo indiscriminadamente.

El proceso

Según explica Marly Isabel Cuéllar, responsable de la Clínica Jurídica de la Universidad de Ibagué, la acción de nulidad se centra en el acta de concertación que se hizo entre el Municipio de Ibagué y Cortolima, donde se incluyeron algunas modificaciones que posteriormente no fueron tenidas en cuenta en el decreto promulgado.

Del articulado declarado nulo por el Juez de primera instancia se destacan temas sustanciales como el uso del suelo rural, la recuperación ambiental de áreas impactadas por zonas industriales y áreas designadas para superar el déficit en espacio público que podrían comprometer zonas verdes de la ciudad.

Aunque la medida comprometió el parágrafo tercero del artículo 120, y los artículos 266, 401,403 428 y 438, integralmente, fue claro en que la sentencia no dejaría sin efecto el resto de las modificaciones aplicadas al POT.

Los platos rotos

En medio del debate jurídico y mientras la decisión de fondo duerme entre los anquilosados expedientes del Tribunal Administrativo del Tolima, a juicio de los expertos, los efectos reales los padecen los ciudadanos en su cotidianidad.

De ahí que el escenario sea propicio para incorporar al debate elementos como el derecho a la ciudad y preguntarse como sugiere Jhon Jairo Uribe, director del programa de Ciencia Política de la Universidad de Ibagué, si más allá de las disposiciones de Ley los concejos municipales son validadores reales del tipo de espacios y paisajes que quieren o necesitan los ciudadanos.

A esta tesis se suma la experta Gloria Aponte quien subraya, el crecimiento urbano desatento a la naturaleza del paisaje genera impacto en todas las escalas. En la grande con edificaciones que alteran la visibilidad, en la mediana  con ocupaciones indebidas del espacio público y atascos viales y en la pequeña con inundaciones o dificultades para la movilidad de los peatones. Todo esto con cargos a las personas, su bienestar y salud mental.

Qué salud mental pueden tener los ibaguereños si el paisaje de mediana escala lo sufren en su actividad cotidiana y diversa”, precisó Aponte.

Alcaldías indiferentes

Pero no sólo los intereses políticos del Alcalde y los concejales de la época han tenido que ver en esta novela.

Hay que hablar de cuál ha sido el papel que han jugado las administraciones que han venido posteriormente.

Esa lectura la comparte con claridad Guillermo Hinestroza quien asegura el gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo dejó pasar el asunto sobre la expectativa de que el Tribunal Administrativo iba a echar abajo el Plan y el actual gobierno de Andrés Fabián Hurtado, después de dos años, no ha hecho ningún esfuerzo por pensar en la incorporación de los necesarios ajustes o actualizaciones.

Dos POT

El ordenamiento territorial hoy en Ibagué resulta un Frankenstein entre los recortes del POT del 2014 que permanecen vigente y el POT del año 2000 que también tiene efectos vinculantes, sobre el que se toman decisiones y hasta se expiden licencias.   

El arquitecto, Javier Humberto Arbeláez, quien acompañó la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000, defendió sus bondades, dijo que se hizo metodológica y conscientemente.

Arbeláez mencionó que no se contaba con un sistema de información, y se formó un urbanismo autista, de guetos. Aunque reconoció que tenía aspectos por mejorar, el plan de comienzos de  milenio estaba formulado sobre lo fundamental y sostuvo debió haber sido sometido a un mejoramiento antes que pretender borrarlo de plano.

El balón en el tribunal

Lo que no hizo el Concejo de la ciudad y terminó haciendo mal la administración municipal hoy es una papa caliente que depende de los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima.

Sobre los tiempos en los que podría resolverse este litigio, nadie apuesta a echar cábalas pues como explica Marly Isabel Cuéllar, pueden transcurrir varios años y es potestativo del Tribunal como director del proceso, el tiempo que deba tomarse para resolver.

En defensa de jueces y magistrados salió al paso el decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Ibagué, Hernando Hernández, quien señaló no se puede caer en la ligereza de transferir toda la responsabilidad a los togados sobre aspectos que deben ser examinados desde la legislación.

La Ley lo autoriza, si el Concejo no lo aprueba dentro de 90 días entonces el Alcalde lo puede firmar y por qué no dice y el Concejo que no apruebe esto tendrá una sanción, pero no nunca hay unas normas de esas”, refirió Hernández.

Caos territorial

Lo único cierto es que la ausencia de una hoja de ruta para ordenar el territorio ha abocado a la ciudad a una explosión de problemáticas que trascienden el plano de lo social y se convierten en verdaderas bombas de tiempo.

De un lado, la ocupación indebida de terrenos promovida por mafias de ‘tierreros’ con las consecuentes repercusiones sobre el medio ambiente. De otro, la escasez de recurso hídrico para atender la demanda de las nuevas zonas urbanizadas.

Casos como el de Alminar Samoa que a juicio de Guillermo Hinestroza se habrían podido evitar.

Mención aparte merece la conservación de los cuerpos de agua y humedales que en buena medida dependerían del amparo legal que se les pueda dar desde el POT, como lo indicó César Velandia, docente del programa de Arquitectura de la Universidad de Ibagué.

A lo largo de la diligencia hubo varios momentos donde la Fiscal y el abogado suplente de Hurtado, como se diría coloquialmente, se mostraron los dientes generando un clima de indisposición en el que tuvo que intervenir el Juez Segundo Penal con funciones de conocimiento.

Durante la primera parte de la vista pública la representante del ente acusador interrogó al funcionario de la Aerocivil, Hugo Moreno Cano quien aseguró que la presencia de vehículos no autorizados dentro de la norma aeroportuaria pudo poner en riesgo los sistemas de aeronavegación e iluminación de la terminal aérea.

Vino entonces el momento del contrainterrogatorio y con él los primeros roces entre los actores intervinientes.

Fueron reiterativas las objeciones presentadas por la Fiscalía a preguntas formuladas desde la defensa lo que despertó el enojo del abogado Jorge Leviller quien pidió al operador judicial disciplinar a la fiscal Elizabeth Torres, ante lo que calificó como un saboteo de su parte.

Leviller utilizó el término "balbuceo" para referirse a las intervenciones no autorizadas de la Fiscal, lo que atizó la discusión.

El defensor también pretendió desvirtuar la tesis de la Fiscalía, según la cual el aeródromo podría haber sido requerido la noche de los hechos ante una situación de emergencia, poniendo en evidencia una supuesta contradicción entre un planteamiento inicial que apuntaba a la necesidad de contar con el controlador aéreo y equipos de emergencia, los cuales ya no estaban disponibles después de la hora de cierre del aeropuerto.

Al respecto, el testigo Hugo Moreno aclaró que frente a una contingencia, cualquier piloto podría intentar un aterrizaje aún sin apoyo de la torre de control.

Más adelante el debate se centró en las preguntas formuladas por la defensa que para el Juez y la Procuraduría carecían de concreción y podían conducir a la confusión del testigo, hecho que ameritó otro llamado de atención.

Terminada la declaración de Moreno Cano, la Fiscalía incorporó los testimonios de dos  peritos entre ellos el investigador principal, Reinel Echeverry y con ellos un número considerable de evidencias físicas.

Este ejercicio provocó reparos en la bancada de la defensa que pidió de manera repetitiva se le corriera traslado para poder hacer seguimiento, solicitó cortos recesos y llegó a esbozar un aplazamiento de la diligencia a la cual hubo respuesta negativa del Juez del caso.

Sin embargo, los ánimos se volvieron a calentar cuando el jurista Leviller reclamó que no se estaba siguiendo la solemnidad del trámite por parte de la delegada fiscal e insinuó  desorden en su actuación.

La fiscal Torres, como era previsible, no se ahorró ningún reproche frente a su contraparte y pidió respeto por el trabajo de su despacho del que destacó ha hecho todo de manera organizada y procurando ofrecer garantías incluso al procesado.

A la reprimenda se sumó el propio juez quien pidió el concepto de la Procuraduría y subrayó no es esta la forma de ganar los pleitos, llegando a un procedimentalismo desbordado.

El acaloramiento no acabó allí. Tras anunciarse los testigos de la defensa, 11 en total, varios de ellos ya comparecientes, la Fiscalía intervino pidiendo replantear la prueba común, lo que despertó la molestia del abogado Leviller quien dijo este tipo de propuestas van en contravía de las garantías procesales, sin importar que el argumento sea la prescripción de la carpeta.

El pulso entre Fiscalía y defensa continuará este jueves. Aún así son escasas las probabilidades de que en tiempos se pueda llegar a los alegatos finales antes del 31 de octubre cuando prescribirá la acción penal de uno de los delitos imputados al mandatario local.

Las cifras de desempleo continúan disminuyendo en la capital tolimense.

De acuerdo al más reciente informe del Dane, correspondiente al trimestre móvil mayo - julio de 2021, Ibagué se ubicó en el puesto 11 con una tasa de desocupación del 18,2 %.

La ciudad disminuyó 1,6 puntos porcentuales con relación al reporte anterior del tristemente móvil abril - junio, en el que ocupaba la sexta posición a nivel nacional.

El reporte también señala que las ciudades capitales con más personas desocupadas son:

-Cúcuta (20,4 %)
-Florencia (20,3 %)
-Cali (20,2 %)

Las obras reactivaron el empleo: alcalde Hurtado

Para el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, las obras de infraestructura educativa, vivienda y escenarios deportivos que adelanta el sector público y privado han generado más de mil nuevos empleos y reactivado la económica local en medio de la pandemia del COVID-19.

“Hay actividades que hemos impulsado y han generado más puestos de trabajo. Por ejemplo: todo el transporte de materiales, explotación de canteras, suministro en ferreterías. Esto indica que todas las obras de la ciudad han valido la pena en la generación de empleo”, expresó el mandatario local en diálogo con Ondas de Ibagué.

De igual manera, Hurtado resaltó la articulación entre la Administración Municipal y los gremios económicos para salir de los deshonrosos primeros lugares de desempleo en los que se ha ubicado la ciudad en los últimos años.

“Esta es la sinergia de trabajar articuladamente con todos los gremios económicos por una ciudad que quiere salir adelante. Hace un año teníamos una tasa del 35 % de desempleo, hoy ha disminuido considerablemente gracias a ese esfuerzo conjunto”, resaltó el Alcalde.

De otro lado, Hurtado destacó uno de sus más importantes logros: ubicar a Ibagué por debajo de la tasa de desocupación con la que inició su gobierno.

“Yo recibí la ciudad con el 19,8 % de desempleo y no había pandemia ni paros en ese tiempo. Eso demuestra que estamos por debajo de lo que la recibimos el primero de enero de 2020. Por eso valoramos todo los esfuerzos que hemos hecho de la mano de los empresarios”, subrayó.

Finalmente, el Alcalde reveló que las obras del parque deportivo, megacolegios e infraestructura como el viaducto de la calle 60, generarán más puestos de trabajo, de hecho, reveló que nuevas empresas se instalarán próximamente en la ciudad por cuenta los incentivos tributarios, ubicación y mano de obra económica.

“Hace poco estuve hablando con un empresario y me dijo que iba a instalar su empresa en Ibagué porque la ubicación la facilitaba la adelantar la logística. Además, me indicó que la mano de obras era más económica que en ciudades como Bogotá, Medellín o la costa. Eso también hace que seamos un atractivo empresarial”, concluyó.

El alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado se declaró un mandatario independiente, que quiere transformar la ciudad con el apoyo de diferentes sectores políticos.

En diálogo con la emisora Ondas de Ibagué, el mandatario envió un mensaje de paz política a todos los sectores y dejó claro que no quiere cazar peleas con nadie. Al contrario, convocó a toda la clase dirigente del Tolima a hacer un acuerdo con los ciudadanos para sacar adelante las obras que se propuso su gobierno.

Yo me le mido a un pacto ciudadano, a ese contrato con la gente que reclama que las obras prometidas durante 20 años se construyansostuvo Hurtado.

¿Se alejó del Barretismo?

Fue la pregunta que le hizo el periodista Julio Montiel, a la cual el alcalde respondió: “yo estoy gobernando con independencia, estoy gobernando para los ibaguereños, no gobierno para nadie más”.

Y agregó: “No vine a gobernar con sectarismos, no vine a gobernar con odios ni a cobrarle cuentas a nadie, vine a construir con cada ibaguereño que me reclama una mejor ciudad”.

El burgomaestre agradeció el respaldo de Ricardo Ferro a su administración no solo con retórica sino con gestión en el gobierno nacional, al igual que a todos los congresistas que han estado empujando el barco del ejecutivo municipal. Elogió el compromiso de los representantes Adriana Matiz, José Élver Hernández, Jaime Yepes y Aquileo Medina con el desarrollo de la ciudad.

También reconoció el apoyo de los senadores Paola Agudelo y Miguel Barreto. Sorprendió el Alcalde refiriéndose en muy buenos términos a este último, algo que parecía ser un sacrilegio en el barretismo.El senador Miguel Barreto nos ayudó con el Sistema Estratégico de Transporte, se lo echó al hombro y lo sacó adelante” expresó.

Distanciado o no de Óscar Barreto, uno de los grandes aliados del Alcalde, Hurtado envió un mensaje claro que solo a través del consenso, el respeto y la armonía política, los gobernantes pueden saldar la enorme deuda social que la clase dirigente ha acumulado con los ciudadanos durante los últimos años.

Entrevista: Andrés Hurtado (Alcalde de Ibagué)

En diálogo con la emisora Ondas de Ibagué, el Representante a la Cámara, Ricardo Ferro salió en defensa de la obra de gobierno del alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado.

El congresista rechazó categóricamente el proceso de revocatoria contra el mandatario y argumentó que la ciudad no puede someterse a un ejercicio que busca desestabilizar el rumbo del ejecutivo local.

“Estamos en un momento crucial para la reactivación económica…lo que debemos hacer los ibaguereños es rodear a la administración municipal”, sostuvo Ferro Lozano.

Agregó que por fin un alcalde no le está “vendiendo humo” a la ciudadanía con la materialización de obras de gran impacto como el acueducto complementario y la construcción de los escenarios deportivos.

“Hay que mejorar algunas cosas, pero lo que veo ahora es que están avanzando los escenarios deportivos y que por fin están adelantando las obras”, puntualizó.

¿Hurtado sin jefe político?

Lo que más sorprendió del diálogo de Ferro con El Pulso Político, tanto que dejó boquiabiertos a los periodistas que lo entrevistaban, fue la siguiente afirmación: “A mí me gusta que ahorita el Alcalde se esté viendo sin jefe político”.

Y añadió: “Los jefes políticos del alcalde deben ser todos los ibaguereños, qué bueno que el alcalde pueda llamar a un gran pacto a todos los sectores políticos, a sus bases”.

Así las cosas, Ferro enfiló baterías contra el barretismo y puso el dedo en la llaga en la relación del alcalde Hurtado y el jefe de esa organización, la cual con el pasar de los días es más distante y promete un desenlace de divorcio político.

Ferro se mostró preocupado con la concentración del poder y dijo que va a “aportar un grano de arena” para combatir esa práctica que le ha hecho daño al Tolima.

El dirigente del Centro Democrático destacó que el alcalde le esté dando participación en su gabinete a todos los sectores políticos y dejó entre ver que el barretismo lo está dejando tirado a su suerte.

“Necesitamos un alcalde que gobierne para la ciudad, me llama la atención que los mismos que respaldaron al Alcalde para elegirlo, lo están dejando solo en el proceso de revocatoria, no los escucho por ningún lado”, manifestó.

Ferro terminó la entrevista lanzando una dura y polémica pregunta dirigida a la ciudadanía: ¿Dónde están esas grandes voces de quienes ayudaron a elegir al Alcalde de Ibagué para que no lo revoquen. Será que están detrás de ese proceso de revocatoria?.

Escuche completa la entrevista (cortesía Ondas de Ibagué)

Después de los reiterados llamados formulados desde el despacho y que fueron desoídos, el mandatario finalmente designó apoderado de confianza dentro del proceso en el que se le imputan los delitos de peculado por uso y destrucción de material probatorio.

Sin embargo, la diligencia que se pretendía desarrollar durante dos días tuvo que ser postergada, una vez más, ante la solicitud del nuevo defensor, el jurista Javier Hurtado ( el cuarto en menos de un mes) quien invocó incluso jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la hora de justificar la necesidad de contar con un plazo razonable para estudiar el expediente y preparar su estrategia.

La fiscal 38 seccional de la unidad de delitos contra la administración pública, Elizabeth Torres objetó parcialmente la solicitud del abogado al considerar que tres a cuatro semanas no resultan un plazo dable.

La representante del ente acusador dijo que si bien el jurista debe ponerse al tanto de las actuaciones, es de considerar que por su experiencia y palmarés no requiera de tanto tiempo y recordó cómo el anterior abogado, Rubén Darío Ramírez entró en contexto en apenas unas horas.

La funcionaria fue enfática en que el proceso penal corre el riesgo de la prescripción y reiteró la disposición de su despacho para que se pueda dar trámite exitoso hacia la decisión del Juez.

El Ministerio Público, representado por el procurador Édgar Alfonso Sáenz, por su parte, pidió que pese a los sistemáticos aplazamientos y las maniobras dilatorias del acusado que tienen como finalidad el vencimiento de los términos, en garantía del derecho al debido proceso se impartiera aprobación a la solicitud de aplazamiento de la vista pública, sólo que en un plazo no excesivo.

La representación de víctimas, en cabeza del apoderado de la Aerocivil, Marco Ricardo Mariño,  se expresó en este mismo sentido solicitando no más de ocho días para el estudio de la carpeta y sostuvo como abogado, “uno no puede convertirse de buena o de mala fe, en copartícipe de maniobras dilatorias empleadas por su cliente”.

Confusión y molestia

Al resolver el recurso de la defensa, el juez Segundo Penal del Circuito, Henry Beltrán dejó constancias de todo lo que se ha hecho desde su despacho para priorizar este proceso, postergando otras diligencias o moviendo sus fechas

El operador de justicia quien se vio inmerso en una confusión, al interpretar que el plazo requerido por la defensa era de 4 a 5 meses dejó escapar toda su frustración, dijo que no permitiría que le vieran la cara cuadriculada, porque lo que estaba en juego era su cuchara, su sosiego y el de su familia.

Y aclaró que si bien la prescripción del peculado expira el 30 de noviembre de este año, ese no es el único delito por cuanto la destrucción de material probatorio por la que también se acusa a Hurtado tendría como fecha de vencimiento en el año 2026.

Al final el juzgado concedió al nuevo defensor  hasta la próxima diligencia que se retomará el 6 de septiembre.

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