Ocurrió en la Comisión de Presupuesto donde con cuatro votos a dos fue derrotada la ponencia que pretendía habilitar a la administración local para contratar vía vigencias futuras servicios de alquiler de oficinas, mantenimiento, servicios generales y correspondencia.
En el caso de las instalaciones físicas que la administración justificó en la necesidad de garantizar condiciones al personal de planta, contratistas y usuarios, el monto de lo solicitado ascendía a los 5.360 millones de pesos, pero además se incluyeron 820 millones para responder a estas obligaciones en el período octubre - diciembre de este año.
Para el item de aseo y cafetería se solicitó cupo por 1.196 millones para cubrir el año 2022 y 163 millones más para lo que queda del 2021.
En torno a los servicios de correo y embalaje la solicitud de endeudamiento del ejecutivo ascendió a los 575 millones 971 mil pesos para el siguiente año y 71 millones adicionales para lo que queda de este último trimestre.
La ponencia positiva que estuvo a cargo de los concejales Brayam Escandón y Martha Ruiz se empantanó en su primer examen.
Al ser sometido a votación los cabildantes César Franco, Orlando Rodríguez, Eduard Toro y Lisandro Trujillo, sin ahondar en explicaciones le dieron voto negativo a la iniciativa.
El respaldo de Arturo Castillo y Camilo Tavera se quedó en una manifestación de lealtad al Gobierno. Mientras el concejal William Rosas se abstuvo de votar.
¿Y ahora?
Al reaccionar a la votación, la secretaria jurídica, Andrea Mayoral, defendió la viabilidad técnica, jurídica y financiera del proyecto de acuerdo, aceptó la derrota, pero agradeció de todos modos la disposición de la Junta Directiva del Municipio para estudiar las iniciativas del Ejecutivo.
La decisión pone en aprietos al gobierno de Hurtado y su secretaria administrativa Juliana Cuartas, así se lo hizo saber a la Comisión de Presupuesto.
Y no es para menos, la Administración tendrá que buscar otra fórmula para lograr el flujo de caja que le permita mantener abiertas las puertas de innumerables oficinas que se encuentran descentralizadas; recogerlas y devolverlas al edificio del Palacio Municipal o en su defecto a las infraestructuras de propiedad del Municipio.
La otra alternativa sería sacrificar ciertas inversiones y conseguir los traslados presupuestales.
Lo que no está claro es si para responder a los compromisos que quedan de la vigencia 2021 tendrán que pedirle plazo a sus arrendadores.
Hoy, cuatro años después, el documento continúa en el limbo a la espera que se resuelva la apelación impetrada por la Administración Municipal, expediente que desde el 21 de septiembre del 2020 reposa en el despacho del magistrado Luis Eduardo Collazos en espera de turno de sentencia.
El vacío legal que produjo la acción judicial interpuesta por la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima y en la que también tuvo una enorme cuota de responsabilidad el Concejo Municipal, es causante de un crecimiento desproporcionado y desordenado que incluso compromete seriamente zonas de especial protección como el Cañón del Combeima donde en la actualidad se urbaniza sin control poniendo en riesgo el recurso hídrico de 600 mil personas.
Jugadita
La génesis de este desaguisado se remonta al 3 de diciembre de 2014 cuando el entonces Alcalde municipal, mediante decreto 1000527, convocó a su junta directiva a sesiones extraordinarias por 25 días con el propósito de dar debate al proyecto de acuerdo que pretendía sustituir integralmente el POT del año 2000.
Sin embargo, como anota Guillermo Hinestroza, la discusión resultó inerte y ese que por ley resultaba ser el foro donde se debía legitimar la norma, al final no tuvo ningún protagonismo.
“Hubo un acuerdo político entre el Alcalde y el Concejo para que el Concejo ni lo aprobara ni lo negara y se pudiera aprobar por decreto tal y como lo quería la administración en su momento”, precisa Hinestroza, quien asegura hoy la ciudad está pagando las consecuencias.
Advierte el experto cómo, por ejemplo, la expansión y densificación por construcción en alturas en la zona aledaña al aeropuerto Perales se ha dado sin ningún control tanto por el sector de La Samaria como por Picaleña.
Mientras, ocurre algo similar en la ronda hídrica del río Combeima en la parte alta del cañón donde se construyen desaforadamente viviendas, se deforesta para labores de ganadería y se hace uso del suelo indiscriminadamente.
El proceso
Según explica Marly Isabel Cuéllar, responsable de la Clínica Jurídica de la Universidad de Ibagué, la acción de nulidad se centra en el acta de concertación que se hizo entre el Municipio de Ibagué y Cortolima, donde se incluyeron algunas modificaciones que posteriormente no fueron tenidas en cuenta en el decreto promulgado.
Del articulado declarado nulo por el Juez de primera instancia se destacan temas sustanciales como el uso del suelo rural, la recuperación ambiental de áreas impactadas por zonas industriales y áreas designadas para superar el déficit en espacio público que podrían comprometer zonas verdes de la ciudad.
Aunque la medida comprometió el parágrafo tercero del artículo 120, y los artículos 266, 401,403 428 y 438, integralmente, fue claro en que la sentencia no dejaría sin efecto el resto de las modificaciones aplicadas al POT.
Los platos rotos
En medio del debate jurídico y mientras la decisión de fondo duerme entre los anquilosados expedientes del Tribunal Administrativo del Tolima, a juicio de los expertos, los efectos reales los padecen los ciudadanos en su cotidianidad.
De ahí que el escenario sea propicio para incorporar al debate elementos como el derecho a la ciudad y preguntarse como sugiere Jhon Jairo Uribe, director del programa de Ciencia Política de la Universidad de Ibagué, si más allá de las disposiciones de Ley los concejos municipales son validadores reales del tipo de espacios y paisajes que quieren o necesitan los ciudadanos.
A esta tesis se suma la experta Gloria Aponte quien subraya, el crecimiento urbano desatento a la naturaleza del paisaje genera impacto en todas las escalas. En la grande con edificaciones que alteran la visibilidad, en la mediana con ocupaciones indebidas del espacio público y atascos viales y en la pequeña con inundaciones o dificultades para la movilidad de los peatones. Todo esto con cargos a las personas, su bienestar y salud mental.
“Qué salud mental pueden tener los ibaguereños si el paisaje de mediana escala lo sufren en su actividad cotidiana y diversa”, precisó Aponte.
Alcaldías indiferentes
Pero no sólo los intereses políticos del Alcalde y los concejales de la época han tenido que ver en esta novela.
Hay que hablar de cuál ha sido el papel que han jugado las administraciones que han venido posteriormente.
Esa lectura la comparte con claridad Guillermo Hinestroza quien asegura el gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo dejó pasar el asunto sobre la expectativa de que el Tribunal Administrativo iba a echar abajo el Plan y el actual gobierno de Andrés Fabián Hurtado, después de dos años, no ha hecho ningún esfuerzo por pensar en la incorporación de los necesarios ajustes o actualizaciones.
Dos POT
El ordenamiento territorial hoy en Ibagué resulta un Frankenstein entre los recortes del POT del 2014 que permanecen vigente y el POT del año 2000 que también tiene efectos vinculantes, sobre el que se toman decisiones y hasta se expiden licencias.
El arquitecto, Javier Humberto Arbeláez, quien acompañó la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000, defendió sus bondades, dijo que se hizo metodológica y conscientemente.
Arbeláez mencionó que no se contaba con un sistema de información, y se formó un urbanismo autista, de guetos. Aunque reconoció que tenía aspectos por mejorar, el plan de comienzos de milenio estaba formulado sobre lo fundamental y sostuvo debió haber sido sometido a un mejoramiento antes que pretender borrarlo de plano.
El balón en el tribunal
Lo que no hizo el Concejo de la ciudad y terminó haciendo mal la administración municipal hoy es una papa caliente que depende de los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima.
Sobre los tiempos en los que podría resolverse este litigio, nadie apuesta a echar cábalas pues como explica Marly Isabel Cuéllar, pueden transcurrir varios años y es potestativo del Tribunal como director del proceso, el tiempo que deba tomarse para resolver.
En defensa de jueces y magistrados salió al paso el decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Ibagué, Hernando Hernández, quien señaló no se puede caer en la ligereza de transferir toda la responsabilidad a los togados sobre aspectos que deben ser examinados desde la legislación.
“La Ley lo autoriza, si el Concejo no lo aprueba dentro de 90 días entonces el Alcalde lo puede firmar y por qué no dice y el Concejo que no apruebe esto tendrá una sanción, pero no nunca hay unas normas de esas”, refirió Hernández.
Caos territorial
Lo único cierto es que la ausencia de una hoja de ruta para ordenar el territorio ha abocado a la ciudad a una explosión de problemáticas que trascienden el plano de lo social y se convierten en verdaderas bombas de tiempo.
De un lado, la ocupación indebida de terrenos promovida por mafias de ‘tierreros’ con las consecuentes repercusiones sobre el medio ambiente. De otro, la escasez de recurso hídrico para atender la demanda de las nuevas zonas urbanizadas.
Casos como el de Alminar Samoa que a juicio de Guillermo Hinestroza se habrían podido evitar.
Mención aparte merece la conservación de los cuerpos de agua y humedales que en buena medida dependerían del amparo legal que se les pueda dar desde el POT, como lo indicó César Velandia, docente del programa de Arquitectura de la Universidad de Ibagué.
En diálogo con la emisora Ondas de Ibagué, el Representante a la Cámara, Ricardo Ferro salió en defensa de la obra de gobierno del alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado.
El congresista rechazó categóricamente el proceso de revocatoria contra el mandatario y argumentó que la ciudad no puede someterse a un ejercicio que busca desestabilizar el rumbo del ejecutivo local.
“Estamos en un momento crucial para la reactivación económica…lo que debemos hacer los ibaguereños es rodear a la administración municipal”, sostuvo Ferro Lozano.
Agregó que por fin un alcalde no le está “vendiendo humo” a la ciudadanía con la materialización de obras de gran impacto como el acueducto complementario y la construcción de los escenarios deportivos.
“Hay que mejorar algunas cosas, pero lo que veo ahora es que están avanzando los escenarios deportivos y que por fin están adelantando las obras”, puntualizó.
¿Hurtado sin jefe político?
Lo que más sorprendió del diálogo de Ferro con El Pulso Político, tanto que dejó boquiabiertos a los periodistas que lo entrevistaban, fue la siguiente afirmación: “A mí me gusta que ahorita el Alcalde se esté viendo sin jefe político”.
Y añadió: “Los jefes políticos del alcalde deben ser todos los ibaguereños, qué bueno que el alcalde pueda llamar a un gran pacto a todos los sectores políticos, a sus bases”.
Así las cosas, Ferro enfiló baterías contra el barretismo y puso el dedo en la llaga en la relación del alcalde Hurtado y el jefe de esa organización, la cual con el pasar de los días es más distante y promete un desenlace de divorcio político.
Ferro se mostró preocupado con la concentración del poder y dijo que va a “aportar un grano de arena” para combatir esa práctica que le ha hecho daño al Tolima.
El dirigente del Centro Democrático destacó que el alcalde le esté dando participación en su gabinete a todos los sectores políticos y dejó entre ver que el barretismo lo está dejando tirado a su suerte.
“Necesitamos un alcalde que gobierne para la ciudad, me llama la atención que los mismos que respaldaron al Alcalde para elegirlo, lo están dejando solo en el proceso de revocatoria, no los escucho por ningún lado”, manifestó.
Ferro terminó la entrevista lanzando una dura y polémica pregunta dirigida a la ciudadanía: ¿Dónde están esas grandes voces de quienes ayudaron a elegir al Alcalde de Ibagué para que no lo revoquen. Será que están detrás de ese proceso de revocatoria?.
Entre el 24 de enero y el primero de mayo de 2021, es decir durante 97 días, no hubo vigilantes que custodiaran varias instituciones educativas ibaguereñas de la delincuencia común.
Tampoco existió el monitoreo de los sistemas de seguridad en las aulas y áreas administrativas, mientras los estudiantes asistían a clases virtuales desde sus viviendas.
Fueron más de 90 sedes y subsedes que quedaron desprotegidas y a merced de algunos padres de familia quienes mediante turnos intentaron protegerlas del acecho de estructuras criminales.
Sin embargo, los esfuerzos comunitarios fueron en vano y mientras que en la Alcaldía les manifestaban que todavía no había asignación presupuestal para el contrato de vigilancia privada, el hampa aprovechaba el ‘papayaso’ y violaba las frágiles chapas de dos subsedes del colegio José Joaquín Flórez.
En una madrugada del mes de febrero, cuatro sujetos ingresaron a la sede San Francisco Club, ubicada en el kilómetro 3 de la vía a Picaleña, y hurtaron varios elementos tecnológicos sin que nadie pudiera impedirlo.
Días después, irrumpieron en las instalaciones de la sede Secundino Porras Cruz, situada en el barrio Picaleña parte alta, justo en frente del Club Recreacional Comfenalco, y se llevaron equipos, pupitres y hasta los cuadernos que utilizaban los profesores para preparar clases.
“Se llevaron computadores, tablets, cámaras de seguridad, pupitres, sillas, rompieron el tejado, se llevaron todos los implementos deportivos, el equipo de sonido también se lo llevaron. Mejor dicho, hasta los cuadernos de los profesores los cogieron”, manifestó Lamberto García, rector del colegio José Joaquín Flores.
Aunque la Policía Metropolitana de Ibagué no alcanzó a cuantificar el valor de los hurtos, el funcionario indicó que las pérdidas ascendieron a más de $40 millones.
De igual manera, el rector reveló otro dato preocupante: los criminales han hurtado en un año hasta 14 veces la misma sede, a raíz de la desprotección.
“Es frecuente que las sedes las dejen sin celaduría. Por ejemplo, hubo una que la robaron 14 veces, se llevaron hasta los ladrillos. A otra se entraron como ocho veces, por falta del recurso humano que se llama vigilante”, reiteró García.
¿Qué dice el Secretario de Educación?
ContraPeso consultó al secretario de Educación de Ibagué, Juan Manuel Rodríguez, quien reconoció que las instituciones educativas en mención estuvieron sin vigilancia privada durante los cuatro primeros meses de este año por “falta de recursos”.
“Para el momento de la terminación del contrato anterior no se contaba con el recurso económico. Una vez se estableció el mismo, se procedió a dar inicio al proceso contractual, el cual por su modalidad resultó siendo demasiado largo”, indicó el funcionario.
De igual manera Rodríguez argumentó que durante el proceso de contratación hubo varias dificultades, entre ellas, la disminución presupuestal por parte del Gobierno Nacional para este tipo de asignaciones.
“Referente a las dificultades que se han presentado para la generación del contrato con la empresa de seguridad, estamos hablando de un tema presupuestal puesto que la nación ha venido presentando una disminución significativa en este componente”, explicó el jefe de la cartera de Educación.
¿No hubo planeación?
Esta redacción obtuvo los dos últimos contratos de prestación de servicios que ha celebrado la Administración Municipal en sus 19 meses de gobierno. En ellos se evidencia la falta de planeación y preocupación por la seguridad de las instituciones educativas de la zona urbana y rural.
El primer contrato es el 0795 del 19 de junio de 2020 que la Alcaldía de Ibagué suscribió con la empresa de vigilancia privada Seguridad Trébol LTDA para “La prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con la utilización de medios tecnológicos (monitoreo de alarmas, y circuito cerrado de tv) para las instituciones educativas y la sede administrativa de la Secretaría de Educación del municipio de Ibagué”.
Dicho contrato costó $565 millones y tuvo un plazo de ejecución de cuatro meses y 23 días, es decir, estuvo vigente hasta el 11 de noviembre de 2020 y luego tuvo una adición hasta el 31 diciembre 2021. (VER CONTRATO).
El segundo contrato fue suscrito cuatro meses después: el 1123 del 26 de abril de 2021 y fue celebrado con la misma empresa de vigilancia (Seguridad Trébol LTDA) por un valor de $979 millones en un plazo de ejecución de ocho meses, es decir, estará vigente hasta el mes de diciembre del presente año. (VER CONTRATO).
No hay seguridad en la zona rural
De otro lado, el secretario Rodríguez aclaró que las instituciones educativas públicas de la zona rural no tienen vigilancia debido a que la presencia de bandas delincuenciales es menor, en comparación a la zona urbana, y hay más sentido de pertenencia de la comunidad.
"No se requiere puesto que los rectores han llevado a cabo el encerramiento adecuado con el fin de minimizar y evitar el ingreso de delincuentes. De igual manera, vale la pena destacar que en el sector rural hay un nivel de pertenencia mucho mayor en el cuidado de lo público, por lo que la misma comunidad ha permitido mantener en buen estado de uso dichos bienes", indicó.
¿Se repetirá la historia?
Lo que temen muchos rectores y padres de familia es que el próximo año se repita la penosa historia y el contrato se firme casi a mitad de 2022, todo por la “falta de recursos” que subraya el secretario Rodríguez.
Mientras tanto, las más de 90 sedes y subsedes públicas seguirán quedado desprotegidas y sitiadas por la delincuencia que continúa desmantelando la limitada dotación de la que disponen muchos de los planteles.
Es de recordar que por este tipo de negligencias administrativas, entre otras, salió la exsecretaria de Educación, Jenny Carolina Mesa, (cuota de la congresista Adriana Magaly Matiz) a quien la cuestionaron por su falta de gestión y desfavorables indicadores en una de las carteras más importantes del gobierno 'Ibagué Vibra'.
