Como si se tratara de la ‘crónica de una intervención anunciada’, la Superintendencia de Salud llegó hasta la Unidad de Salud de Ibagué (USI) para cerrar las oficinas y recoger todos los documentos oficiales que soportan su ejecución financiera.
La visita de los funcionarios del orden nacional, mediante un robusto operativo sorpresa, no solo alteró el orden dentro de las oficinas ubicadas en el sur de la ciudad, sino que además parece destapar el ‘iceberg’ de una crisis que mantiene a la entidad con ‘números rojos’.
Como era de esperarse, los chalecos de la ‘Super’ encendieron las alarmas en el gobierno Aranda que, al igual que las administraciones anteriores, sigue teniendo a la USI como el ‘talón de Aquiles’ entre los entes descentralizados adscritos al Palacio Municipal.
¿Intervención con tinte político?
La intervención de la USI saca entonces a la gerente Yennifer Nadia Guzmán, y deja a Edilma Isabel Hurtado, muy cercana al Partido Liberal, en calidad de gerente interventora, justo cuando las organizaciones políticas ‘carburan’ sus apuestas para las elecciones legislativas.
Precisamente, la profesional que ahora queda al frente de la Unidad de Salud de Ibagué, y que también es del círculo de confianza de quienes ‘comulgan’ con el gobierno Petro en el Tolima, hace poco más de un año recibió la Dirección de Promoción y Prevención de MinSalud.
A Edilma Hurtado incluso la vinculan con el exgobernador Luis Carlos Delgado Peñón, cuando -en su mandato- llegó al gabinete departamental como cuota Mauricio Jaramillo Martínez, hermano del hoy ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
Saldo negativo
Fuentes de Contrapeso en el interior de la USI reconocen que cada anualidad, durante las últimas vigencias, comenzaba con un déficit de entre 8 y 10 mil millones de pesos. Su subsistencia se ha venido fundamentando en el régimen contributivo debido a que las EPS tampoco les estaban girando.
“Es necesario recordar que la situación que hoy enfrenta la USI responde a dificultades acumuladas durante años, que han puesto en riesgo la estabilidad de los servicios (…) la Alcaldía reitera su total disposición para colaborar con la Superintendencia”, escribió el gobierno de Aranda Rivera en un comunicado.
Por ahora, la Unidad de Salud de Ibagué seguirá operando, pero bajo la ‘batuta’ de la autoridad nacional.
El diputado Juan Guillermo Beltrán, desde su cuenta en X, ‘le echó leña al fuego’: “en plenas elecciones nombrando politiqueros. Solidaridad con Johana Aranda”.
