El decreto 1469 de 2025, mediante el cual se fijó un aumento de 23,7 % para el salario mínimo de 2026, ha generado controversia entre sectores empresariales y jurídicos, derivando en demandas de nulidad ante el Consejo de Estado que cuestionan su falta de motivación técnica y cumplimiento de parámetros legales exigidos por la Ley 278 de 1996 para fijar el salario mínimo.

En caso de que el alto tribunal llegara a anular o tumbar el decreto, la legalidad vigente y jurisprudencia existentes sugieren que no se exigiría la devolución de los salarios que ya se han pagado con base en ese aumento, dado que esos pagos se considera que constituyen derechos adquiridos y consolidados para los trabajadores.

Esto se basa en precedentes como la anulación de un decreto equivalente en 2017, que no obligó a corregir retroactivamente las remuneraciones ya abonadas.

Sin embargo, la nulidad produciría efectos hacia el futuro, lo que implicaría que el salario mínimo dejaría de regir bajo ese porcentaje para periodos venideros, y sería necesario que el Gobierno expidiera otro decreto con un cálculo que cumpla los criterios técnicos y legales (por ejemplo inflación, productividad y acuerdo en la mesa de concertación).

Los expertos señalan que el principal punto de disputa no es el porcentaje en sí mismo, sino que el Gobierno debe justificar de manera clara y técnica por qué el ajuste es el adecuado —como lo exige la normativa— para evitar un vicio de legalidad. Si esto no se demuestra en el proceso judicial, la demanda podría prosperar.

Además de los efectos legales, la suspensión temporal del decreto durante el juicio podría tener consecuencias económicas y sociales a corto plazo. Por ejemplo, podría generar incertidumbre en trabajadores y empleadores.