El presidente Petro sancionó la Ley 2316 que prohíbe el uso de biopolímeros en Colombia y que castiga con cárcel a quien los aplique.

Por ello, se establecieron penas que van de los 2 a 15 años, dependiendo de la gravedad del caso, y dependiendo de si quien aplica es un médico o cirujano profesional o si el afectado es un menor de edad.

También se impondrán multas de hasta 250 SMLV e incluso la suspensión de la tarjeta profesional.

El autor de la Ley, el senador Carlos Fernando Motoa, explicó que ésta “busca crear el tipo penal de lesiones personales por el uso de sustancias modelantes no permitidas, conocidas como biopolímeros, regular el uso, comercialización y aplicación de algunas de estas sustancias, establecer medidas a favor de las víctimas y promover las estrategias preventivas en la materia”.

Atención para las víctimas

Uno de los peores dramas de este procedimiento criminal, es que las víctimas deben invertir millonarias sumas para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación tanto física como psicológicamente, por lo que un gran porcentaje que no cuenta con el dinero, termina sufriendo terribles secuelas, incluso la muerte, al no poder acceder al tratamiento adecuado.

En este contexto, uno de los puntos más interesantes de la Ley sancionada, es que se garantizará el tratamiento a través del Plan de Beneficios en Salud (PBS), tanto en régimen contributivo como subsidiado, cubriendo desde el diagnóstico hasta la rehabilitación de la víctima.

El senador Motoa además propuso al Ministerio de Salud, tener mayor control de los lugares en su que se realizan estos procedimientos estéticos y entregarle al consumidor, una lista de lugares donde se puedan practicar estos retoques estéticos, con la seguridad de ser atendidos por un profesional y en condiciones óptimas, pues lamentablemente, esta epidemia de biopolímeros en el país, radica en la proliferación de estéticas, donde personas no calificadas aplican productos, de dudosa procedencia.