Banner UT

Por pólizas demandan pérdida de investidura de los 19 concejales de Ibagué

noviembre 1, 2021
Ante el Tribunal Administrativo del Tolima fue radicada demanda de pérdida de investidura en contra de los 19 concejales de la capital del Tolima por una presunta destinación indebida de recursos públicos.

Según expone en su actuación judicial el abogado Gustavo Trujillo Mahecha, los hechos por los que, a su juicio, debería sancionarse a los cabildantes guardan relación con la contratación de seguros de vida y pólizas de medicina prepagada por más de 500 millones de pesos, entre los años 2020 y 2021, supuestamente,  transgrediendo lo permitido por la ley.

Como se puede leer con claridad meridiana, la ley habla de contratar una póliza de vida, nunca la norma establece una segunda póliza”, sostiene el demandante en el escrito allegado al reparto del tribunal de lo contencioso administrativo.

Los 19 concejales de Ibagué están todos afiliados a una EPS y ellos no podían o debían por Ley, contratar una póliza de medicina prepagada y, en el hipotético caso que se interpretara que la ley lo autoriza, lo que sí está claro y contundentemente definido, es que podría hacerlo para el concejal únicamente, pero nunca jamás sería extensivo a todos sus familiares (…) eso sin duda es un acto de corrupción por apropiación abiertamente descarado, que incluso debe ser investigado por Fiscalía y Procuraduría”, se lee en el texto de la demanda.

El accionante, subraya, que los cabildantes conocían de tiempo atrás que este tipo de pólizas no se podían contratar, pues incluso el Ministerio de Hacienda había emitido un concepto al respecto.

El abogado Trujillo también cuestiona el hecho de que la Corporación Concejo de Ibagué haya suscrito contratos en beneficio de terceros, solo por tener nexos con quienes tienen investidura y recalca que en el evento de que la actuación estuviera revestida de legalidad sería directamente el ejecutivo quien debía haber tomado el amparo, sin que se hubiera siquiera consultado al Alcalde de la ciudad en su calidad de representante legal del municipio.

Sobre el particular, el demandante también refiere jurisprudencia de la sección primera del Consejo de Estado  que resultaría aplicable al asunto en mención “Ya que cada uno de ellos al dar su consentimiento aportar voluntariamente el listado de sus familiares fue consciente y aprobó favorecerse a sí mismo y a todo un abundante núcleo de familiares, cuyo gasto asumen los contribuyentes

¿Advertencia?

El concepto del Ministerio de Hacienda al que hace referencia el accionante data del 18 de abril del 2018. Allí, el subdirector de Apoyo al Fortalecimiento Institucional Territorial, esboza que el decreto 3171 de 2004 estipuló la obligatoriedad de que los municipios y distritos incluyan en su presupuesto las partidas para vincular a los concejales a una póliza de seguro de salud o para su afiliación al régimen contributivo.

Que de no existir oferta al municipio respecto de la póliza, esta resultara más onerosa que afiliar a los concejales al Plan Obligatorio de Salud, los municipios quedarían facultados para afiliar a los concejales a este último, en calidad de independientes, aportando el valor total de la cotización.

Así mismo definió que el municipio o distrito deberían escoger entre la póliza o la afiliación, sin que puedan coexistir ambos.

Ahora bien, vale la pena anotar que en la normatividad vigente no existe autorización para la contratación de medicina prepagada para los concejales distritales o municipales. La autorización contenida en la ley 136 de 1994 y en el decreto 3171 de 2004 está dirigida a la contratación de una póliza de salud y no de medicina prepagada”, reza el documento en uno de su apartados.

Y termina enfatizando: “Por las razones expuestas, consideramos que no es viable jurídicamente que el Concejo municipal apropie dentro de su presupuesto una partida con destino al pago de colectivo de medicina prepagada para todos los concejales de los municipios o distritos…la medicina prepagada constituye un plan voluntario de salud que debe ser sufragado en su totalidad por el concejal y no por el municipio o distrito".

Las pólizas

Un primer contrato de  póliza de seguro colectivo de cobertura familiar a los 19 concejales y su grupo familiar para amparo de gastos médicos por tratamiento de enfermedades graves, gastos de hospitalización, licencia de maternidad, medicamentos colaterales, rentas por enfermedad, enfermedad catastrófica, consulta general y ambulatoria fue suscrito el 15 de abril del 2020, siendo presidente César Franco, proceso para el que se designaron funciones de supervisor al actual secretario de la Corporación, Ricardo Fabián Rodríguez.

En la póliza de cobertura anual se invirtió la suma de 202 millones de pesos y se suscribió a través de la compañía Suramericana,

Un año más tarde, el 19 de mayo del 2021, ya actuando como cabeza visible de la mesa directiva, el concejal Arturo Castillo, en igualdad de términos se contrataron estos servicios, esta vez por 238 millones de pesos con la compañía Allianz Seguros de Vida.

En lo que resultaría una contradicción al criterio del Ministerio de Hacienda, el mismo 15 de abril del 2020 se contrató con la Aseguradora Solidaria de Colombia póliza de vida de grupo para los 19 concejales por 79 millones de pesos, amparo que se renovó el 5 de mayo de este año con seguros Suramericana por 103 millones de pesos.

En todos los casos, según se aprecia, los tramites contractuales fueron asumidos directamente por el Concejo y no por el municipio de Ibagué.

Tranquilidad

Durante la sesión plenaria de este lunes, el presidente del cabildo, Arturo Castillo dio un parte de tranquilidad a los concejales al indicar que la demanda aún no ha sido admitida y que tampoco se ha recibido notificación alguna de parte de autoridad judicial.

Sin embargo, aclaró que la documentación de los procesos contractuales está disponible para efectos de iniciar la legítima defensa si fuese el caso, con la tranquilidad de que este ha sido un tema que se ha hecho por más de 12 años.

A su turno, la concejal Linda Esperanza Perdomo  se mostró confiada en el correcto proceder frente a la contratación de las pólizas cuestionadas y recordó que no es la primera vez que se inician acciones legales por este asunto.

Perdomo dijo que este es un derecho de los concejales y que si el Alcalde, a quien también cobija la norma, decidió no acogerse es una decisión personal que no afecta ni anula este beneficio para  los cabildantes.

Por último, el concejal Ricardo Zarta pidió a la mesa directiva certificar que a su debido tiempo hizo llegar comunicaciones formales renunciando al amparo de las pólizas.

Ahora habrá que esperar si los magistrados del Tribunal admiten la acción judicial.

Últimas Noticias

Isotipo ContraPesoLogo Contrapeso negativo
Orgullosamente diseñado y desarrollado por PenRocket
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram