El Gobierno nacional fijó por decreto el salario mínimo mensual legal vigente, luego de que no se lograra un acuerdo entre empresarios y centrales obreras durante la mesa de concertación. La cifra representa un aumento superior al promedio histórico, superando con amplitud los incrementos decretados por administraciones anteriores y consolidándose como el mayor ajuste nominal realizado en una sola vigencia.

Desde la Casa de Nariño, el mandatario defendió la medida al señalar que el objetivo central es recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, proteger los ingresos frente al alto costo de vida y avanzar en una política de justicia social. Según el Ejecutivo, el salario mínimo había quedado rezagado frente al valor de la canasta básica, lo que hacía necesario un ajuste más agresivo.

Sin embargo, el anuncio ha generado reacciones encontradas. Mientras los sindicatos y sectores afines al Gobierno celebraron la decisión como un paso hacia la dignificación laboral, gremios empresariales y analistas económicos advirtieron sobre posibles impactos negativos en la inflación, el empleo formal y la sostenibilidad de pequeñas y medianas empresas. Algunos expertos han señalado que “un aumento de esta magnitud puede trasladarse a precios y afectar la competitividad”, especialmente en sectores intensivos en mano de obra.

El contexto político también ha sido clave en la discusión. El incremento se produce en un año electoral, lo que ha llevado a sectores de la oposición a cuestionar la medida y calificarla como una decisión con alto contenido político. Desde el Gobierno se ha rechazado esa lectura, insistiendo en que la determinación responde a criterios técnicos y a la necesidad de mejorar las condiciones de vida de millones de trabajadores.