El Tribunal Administrativo del Tolima volvió a poner ‘contra las cuerdas’ a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, por un desacato que, además de exponer serios cuestionamientos sobre su equipo jurídico, la deja ad portas de “15 días de arresto intramural” en el Comando de la Policía Metropolitana, como lo evidencia la parte resolutiva de la sentencia.
Para el magistrado José Andrés Rojas, Aranda Rivera falló al no acatar las órdenes judiciales que la obligaban a gestionar la reubicación de un predio en el sector de ‘La Pista’ en Ibagué, y “la culminación de un proceso constructivo” en ‘El Reposo’.
¿Silencio institucional?
“Pese al requerimiento de información realizado el 20 de febrero del 2025, el plazo feneció sin ser satisfecha la orden, lo cual acarrea sanción al servidor público”, advierte la providencia que también relaciona falta de “cargas urbanísticas”, por parte de la Alcaldía.
Asimismo, dice que “la respuesta inexistente de la alcaldesa, priva al juez de la materia prima necesaria para valorar el grado de avance, frustra la finalidad de la jurisdicción y perpetúa, en detrimento de la comunidad, la vulneración de los derechos colectivos”.
Es decir, para el contencioso la mandataria y su equipo jurídico, ha venido entregando respuestas bajo un “patrón de retórica y defensiva: oficios, memorandos y resoluciones que lucen impecables en el expediente pero que no se traducen en cierres financieros, cronogramas operativos, anexos técnicos ni articulación interinstitucional”.
De tal manera que para el Tribunal, el ejecutivo no entregó la información solicitada, ni dio la información satisfactoria del requerimiento para poder desatar el incidente de desacato, y con ello, tener insumos claros que demuestren las acciones de reubicación de las familias en el Hato de la Virgen, y honrar con ello, la protección judicial de los derechos colectivos a la seguridad, la salubridad pública y el ambiente sano.
¿Movimientos equivocados?
Coincidencia o no, las relaciones de cordialidad entre la Alcaldía y la rama judicial parecen haberse quebrantado con la salida de Tirso Bastidas de la dirección Jurídica, un profesional de amplia experiencia que operaba como un verdadero catalizador e interlocutor válido entre los palacios de justicia y el municipal.
Tirso Bastidas, exdirector Jurídico del municipio.
El ‘mea culpa’ también debería recaer en pleno sobre un equipo jurídico que está dando ‘papaya’ y que pone en ‘bandeja de plata’ a la alcaldesa, al permitir que avancen sin una defensa sólida y contundente, incidentes de desacato que venían saliendo favorables en el Tribunal Administrativo.
