Después de los reiterados llamados formulados desde el despacho y que fueron desoídos, el mandatario finalmente designó apoderado de confianza dentro del proceso en el que se le imputan los delitos de peculado por uso y destrucción de material probatorio.

Sin embargo, la diligencia que se pretendía desarrollar durante dos días tuvo que ser postergada, una vez más, ante la solicitud del nuevo defensor, el jurista Javier Hurtado ( el cuarto en menos de un mes) quien invocó incluso jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la hora de justificar la necesidad de contar con un plazo razonable para estudiar el expediente y preparar su estrategia.

La fiscal 38 seccional de la unidad de delitos contra la administración pública, Elizabeth Torres objetó parcialmente la solicitud del abogado al considerar que tres a cuatro semanas no resultan un plazo dable.

La representante del ente acusador dijo que si bien el jurista debe ponerse al tanto de las actuaciones, es de considerar que por su experiencia y palmarés no requiera de tanto tiempo y recordó cómo el anterior abogado, Rubén Darío Ramírez entró en contexto en apenas unas horas.

La funcionaria fue enfática en que el proceso penal corre el riesgo de la prescripción y reiteró la disposición de su despacho para que se pueda dar trámite exitoso hacia la decisión del Juez.

El Ministerio Público, representado por el procurador Édgar Alfonso Sáenz, por su parte, pidió que pese a los sistemáticos aplazamientos y las maniobras dilatorias del acusado que tienen como finalidad el vencimiento de los términos, en garantía del derecho al debido proceso se impartiera aprobación a la solicitud de aplazamiento de la vista pública, sólo que en un plazo no excesivo.

La representación de víctimas, en cabeza del apoderado de la Aerocivil, Marco Ricardo Mariño,  se expresó en este mismo sentido solicitando no más de ocho días para el estudio de la carpeta y sostuvo como abogado, “uno no puede convertirse de buena o de mala fe, en copartícipe de maniobras dilatorias empleadas por su cliente”.

Confusión y molestia

Al resolver el recurso de la defensa, el juez Segundo Penal del Circuito, Henry Beltrán dejó constancias de todo lo que se ha hecho desde su despacho para priorizar este proceso, postergando otras diligencias o moviendo sus fechas

El operador de justicia quien se vio inmerso en una confusión, al interpretar que el plazo requerido por la defensa era de 4 a 5 meses dejó escapar toda su frustración, dijo que no permitiría que le vieran la cara cuadriculada, porque lo que estaba en juego era su cuchara, su sosiego y el de su familia.

Y aclaró que si bien la prescripción del peculado expira el 30 de noviembre de este año, ese no es el único delito por cuanto la destrucción de material probatorio por la que también se acusa a Hurtado tendría como fecha de vencimiento en el año 2026.

Al final el juzgado concedió al nuevo defensor  hasta la próxima diligencia que se retomará el 6 de septiembre.