La fiscal Segunda delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Francy Eugenia Gómez,  le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y  peculado por apropiación al exgobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga dentro de la investigación que sigue en su contra por la suscripción aparentemente irregular del convenio interadministrativo 748 de 2008 con la Empresa Generadora de Energía del Tolima, Egetsa.

Ante los magistrados de la sala especial de primera instancia, la representante del ente acusador relató cómo en el marco del mencionado convenio se dio paso a la subcontratación de obras que debían haber sido lanzadas a licitación pública.

También puso de presente el aparente favorecimiento de contratistas que en el pasado habían aportado recursos a la campaña de Barreto Quiroga en su aspiración por llegar al primer cargo de elección popular en el Departamento y sacó a relucir los nombres de Mauricio Pinto y Pedro Helí Parra, el primero secretario general y el segundo gerente de Egetsa para la época de los hechos.

No hubo cooperación 

Según la fiscal Gómez el cuestionado convenio nunca fue de cooperación, más sí de contraprestación. 

Aunque se determinó un aporte económico por el orden de los 50 millones desde la empresa de energía este nunca se materializó, en cambio se dispuso el reconocimiento del 3.5% del  total de los recursos desde la Gobernación del Tolima, lo que en suma se tradujo en más de 300 millones de pesos en  gastos administrativos que debía haber asumido Egetsa.

En su relato la funcionaria judicial expuso que el texto del acto administrativo no fue elaborado por la oficina de contratación del Departamento sino que recayó en la figura de Gustavo Adolfo Patarroyo Rodríguez, quien para ese momento no tenía vinculación laboral con ninguna de las entidades involucradas en el convenio. 

Por la misma razón, el documento no tuvo en cuenta análisis del mercado, ni estudios de prefactibilidad conforme a lo dispuesto normativamente 

Al detallar la lista de obras ejecutadas en el marco del convenio, la Fiscal relacionó los sobrecostos en varias de ellas y precisó que hubo un detrimento al patrimonio público por más de 1.400 millones de pesos.

A juicio de la Fiscalía, el convenio investigado tampoco resultaba procedente en la medida que el objeto social de la empresa pública era la generación de energía y no de soluciones en materia de alcantarillado o agua potable.

A la lista de hallazgos la Fiscal del caso agregó el que el plazo de ejecución inicial de 90 días terminó prolongándose hasta 300 con más de nueve suspensiones.

Sin responsabilidad 

En su acusación el ente investigador reprochó duramente el que Óscar Barreto, según su dicho “De manera deliberada quiso desprenderse de la función contractual delegándola en sus secretarios de despacho. Sin ejercer  control y vigilancia” 

Y fue más allá, al sostener que como Gobernador, Barreto sabía de la cercanía de su secretario general, Mauricio Pinto con Pedro Helí Parra a quien había postulado y hecho elegir como gerente de Egetsa valiéndose del control ejercido mayoritariamente sobre la junta directiva para poder suscribir estos convenios.

Pagando favores 

Para la Fiscalía General de la Nación, la delegación de la función de ordenación del gasto por parte de Barreto Quiroga tenía como interés  el favorecimiento de terceros lo que se habría configurado en el caso del subcontratista Diego Fernando Rodríguez Chavarro, a quien se entregó la línea de conducción y adecuación de la planta de tratamiento de agua del municipio de Fresno.

De acuerdo con su tesis, Rodríguez Chavarro fue uno de los aportantes a la campaña de Óscar Barreto a la Gobernación del Tolima, propósito al que se vinculó económicamente con la suma de 24 millones 500 mil pesos.

“Entregó los recursos públicos por valor de 1.516 millones a Diego Fernando Rodríguez Chavarro, este contrato tuvo el segundo sobrecosto más alto por valor de 140 millones de pesos, acto constitutivo de un verdadero desvío de poder”, enfatizó la fiscal Gómez. 

Al igual que en el caso del alumbrado navideño, por el que es investigado el exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, en el convenio de Egetsa no resultaba aplicable la fórmula de subcontratación, pues las actividades pactadas debían haber sido asumidas por la entidad  contratante con base en su idoneidad, capacidades técnicas y administrativas.

Contraloría, víctima

Durante la vista pública en la que estuvo presente el exmandatario y su abogado Raúl Cadena se tramitó ante el despacho de la magistrada Blanca Nélida Barreto la solicitud de reconocimiento como víctimas dentro del proceso por parte de la Contraloría General de la República. 

La petición se sustentó en el hecho de que la investigación gira en torno al compromiso de recursos del erario. 

Después de analizar la solicitud, la magistrada al frente de la diligencia otorgó el reconocimiento respectivo como parte dentro del litigio al ente de control.