
La alcaldesa Johana Ximena Aranda y la gobernadora Adriana Magali Matiz no le ‘copiaron’ a Gustavo Petro con el día cívico propuesto para este martes 18 de marzo, y en consecuencia, ordenaron mantener la normalidad laboral en el ejercicio de lo público.
La primera en pronunciarse fue Aranda Rivera con un contundente mensaje a través de X: “los funcionarios de la Alcaldía y de los institutos descentralizados estaremos laborando porque nuestro compromiso es con los ibaguereños. No tenemos tiempo para pausas”.
Sin descanso
Por su parte, Matiz Vargas, en la misma red social, sustentó su negativa para la estrategia presidencial: “desde el gobierno debemos aprovechar cada día y cada minuto en servicio de los ciudadanos y buscando soluciones concretas a las necesidades”.
La mandataria departamental dejó claro que “la Gobernación estará trabajando, abierta y al servicio de los tolimenses”, y sostuvo que “no es parando como se consigue mejorar la inversión social en el país”.
¿Amenazas?
Bogotá, Medellín, Montería, Cali, Bucaramanga, Cartagena y Villavicencio son algunas de las capitales que también le ‘bajaron la caña’ al presidente y que optaron, al unísono, por hacer caso omiso a cambio de seguir operando común y corriente desde la institucionalidad.
Los decretos del gobierno nacional se respetan o se respetan porque son la voz del pueblo.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2025
Los mejores jueces son los que permiten que la gente se exprese en libertad, porque expresarse es un derecho y el mayor derecho es a ser libres de espíritu y de cuerpo.
El mejor juez es… https://t.co/E8ICQEGlVo
Petro, molesto por la negativa de varios alcaldes y gobernadores, sostuvo: “no saben defender la vida, serán borrados de la memoria de los pueblos por las multitudes desatadas. Mañana el que despida a un trabajador por ir a la marcha del pueblo será sancionado por la justicia humana”.
El jefe de estado lidera la movilización nacional, para promover desde las calles la Consulta Popular que resucite las reformas laborales y a la salud, que agonizan en el Congreso de la República.