La Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó este lunes el recurso de súplica presentado por la defensa de Rodrigo Hernández Lozano, quien había sido elegido alcalde de Melgar para el periodo 2024-2027, pero cuya elección fue anulada por incurrir en doble militancia. Con esta decisión, se despeja el camino para la convocatoria de elecciones atípicas en este municipio del oriente tolimense.
La determinación quedó consignada en un auto proferido por la magistrada Gloria María Gómez Montoya, en el que se señala que el recurso de súplica interpuesto por la defensa de Hernández Lozano es improcedente. Según el documento, la providencia impugnada no corresponde a las decisiones susceptibles de ese recurso, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 243 y 246 de la Ley 1437 de 2011 del Código de Procedimiento Administrativo.
Por lo tanto, el Consejo de Estado resolvió rechazar la solicitud y advirtió que contra esa decisión no procede ningún recurso adicional. “Se resuelve rechazar el recurso de súplica formulado por el señor Rodrigo Hernández Lozano, contra el auto del 23 de abril de 2025, de conformidad con los argumentos expuestos en esta providencia” señala la parte resolutiva de la providencia.
La decisión del Consejo de Estado deja en firme la nulidad de la elección de Hernández Lozano -por enésima vez- luego de comprobarse que incurrió en la conducta de doble militancia al manifestar apoyo público a un candidato a la Asamblea de un Partido distinto al Conservador, el cual avaló su aspiración a la Alcaldía durante la campaña electoral de 2023.
El balón en manos de la gobernadora
Con el rechazo del recurso de súplica, la Gobernación del Tolima deberá proceder a nombrar un alcalde encargado y convocar oficialmente a elecciones atípicas, para que los habitantes de Melgar elijan a su nuevo mandatario.
La caída del alcalde de Melgar es un duro revés para el congresista Alejandro Martínez, en plena campaña legislativa.
El proceso había estado suspendido mientras se resolvía el recurso extraordinario, pero ahora, con la decisión del alto tribunal, se reactivan los trámites administrativos y electorales para garantizar la continuidad institucional en el municipio.
Según el demandante, Brandon Alexander Parra Salazar, si la gobernadora Adriana Matiz se niega a designar un alcalde encargado, se expone a sanciones disciplinarias y hasta penales, al no acatar una resolución judicial proferida por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo en Colombia.
