El Ministerio de Salud y Protección Social rechaza las afirmaciones realizadas por sectores de la oposición en redes sociales sobre el sistema de salud colombiano, por considerar que presentan una visión parcial e imprecisa de una crisis estructural que se ha construido durante décadas y que hoy exige análisis rigurosos, sustentados en evidencia y no en narrativas que generan incertidumbre y desinformación entre millones de colombianos.

La cartera de Salud solicita además una disculpa pública por las afirmaciones que descalifican la labor de los Equipos Básicos de Salud (EBS) y, con ello, el trabajo de cerca de 90.000 profesionales y trabajadores del sector, entre médicos, enfermeros, odontólogos, fisioterapeutas, auxiliares y promotores de salud que diariamente recorren el país llevando atención a comunidades históricamente excluidas. Desconocer su trabajo no solo resulta injusto con quienes han dedicado su vida al servicio público de la salud, sino que constituye una falta de respeto con miles de trabajadores que han permitido acercar la salud a territorios donde durante décadas el Gobierno estuvo ausente.

Resulta especialmente grave que se intente presentar los Equipos Básicos de Salud como una estrategia ineficaz cuando representan uno de los avances más importantes en la implementación de un modelo preventivo y territorial de atención. A la fecha han operado 10.983 Equipos Básicos de Salud financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación, con presencia en los 32 departamentos y los 1.123 municipios del país, beneficiando a más de 10,5 millones de familias. Gracias a su labor se han fortalecido las coberturas de atención, se han detectado enfermedades de manera temprana y se han acercado servicios esenciales a poblaciones que históricamente enfrentaron barreras de acceso, consolidando un modelo de atención primaria que salva vidas y reduce desigualdades.

De igual manera, esta cartera hace un llamado a no engañar al país desconociendo las causas estructurales que han afectado al sistema de salud durante décadas. Ya desde el año 2008, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-760, advirtió la existencia de graves restricciones estructurales para el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. Las barreras de acceso, las demoras en la atención, las dificultades para la entrega de medicamentos y los obstáculos para acceder a tratamientos especializados no son fenómenos recientes ni aparecieron durante el actual Gobierno. Son expresiones de un modelo instaurado desde la Ley 100 de 1993, que durante más de treinta años priorizó la intermediación financiera y la lógica de mercado sobre la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud.

Por ello, resulta mal intencionado afirmar que el Gobierno del Cambio no ha querido reconocer o financiar adecuadamente el costo de la atención en salud. Durante los últimos cuatro años, la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ha aumentado cerca de 21 billones de pesos en términos reales, mientras que el presupuesto del sector salud ha crecido aproximadamente 25 billones de pesos, con incrementos superiores a la inflación y un esfuerzo particularmente importante para fortalecer la atención de la población más vulnerable a través del régimen subsidiado.

Estas cifras demuestran que el debate no puede reducirse a una supuesta falta de recursos. El problema central radica en la forma como dichos recursos han sido administrados y ejecutados. Mientras algunos sectores exigen mayores presupuestos, diversas investigaciones y organismos de control han advertido sobre inconsistencias financieras, sobrecostos, pagos injustificados y recursos que ascienden a 15 billones de pesos cuya destinación final no ha podido ser plenamente establecida. La discusión de fondo debe centrarse en garantizar que cada peso destinado a la salud llegue efectivamente a los pacientes y se traduzca en servicios oportunos y de calidad.

También es falso afirmar que la falta de medicamentos obedece a que el Gobierno actual no paga los recursos del sistema. El Gobierno Nacional garantiza el giro anticipado y oportuno de los recursos; sin embargo, son las Entidades Promotoras de Salud (EPS) quienes autorizan a qué entidad pagarle y está demostrado que la mayor proporción de recursos se pagan a clínicas de su propiedad.

Adicionalmente, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) ha fortalecido los mecanismos técnicos y transparentes de transferencia mediante la ampliación del giro directo, permitiendo que los recursos destinados a financiar la atención en salud y los medicamentos lleguen oportunamente a miles de hospitales, clínicas y proveedores de tecnologías en salud.

Esta estrategia ha reducido la dependencia de intermediarios financieros y ha contribuido a mejorar la liquidez de los prestadores.

Lo que sí resulta preocupante es que, pese al aumento de los recursos públicos destinados a la salud y a la continuidad de los giros por billones de pesos, algunas EPS continúen acumulando deudas con hospitales, clínicas y proveedores, mientras miles de pacientes siguen recurriendo a acciones de tutela para acceder a tratamientos, procedimientos y medicamentos. Esa realidad obliga a preguntarse por la eficiencia y la transparencia en la administración de los recursos públicos, más que por una supuesta ausencia de financiación por parte del Gobierno.

Las intervenciones a las EPS tampoco pueden presentarse como el origen de la crisis. Entre 1994 y 2024 fueron autorizadas para operar 157 EPS en Colombia. De ellas, 130 han sido liquidadas o se encuentran actualmente en proceso de liquidación. Apenas permanecen activas 27 entidades, además de dos entidades adaptadas. Estas cifras evidencian que los problemas de sostenibilidad financiera, cumplimiento y prestación efectiva de los servicios no surgieron recientemente, sino que corresponden a un patrón histórico de incumplimientos, insolvencia y deterioro institucional consolidado durante décadas.

De hecho, distintas decisiones judiciales han señalado que las sucesivas flexibilizaciones de los requisitos financieros y de solvencia exigidos a las EPS contribuyeron al debilitamiento progresivo del sistema. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que dichas flexibilizaciones afectaron el patrimonio público y comprometieron la prestación eficiente y oportuna de los servicios de salud. El fallo documenta cómo durante varios gobiernos se expidieron normas que redujeron exigencias, ampliaron plazos y modificaron condiciones de funcionamiento para favorecer la permanencia de entidades que no cumplían adecuadamente con los estándares requeridos, situación que contribuyó a profundizar los problemas que hoy enfrenta el sistema.

Asimismo, el Gobierno del Cambio ha adoptado medidas concretas para fortalecer el acceso a medicamentos y tecnologías para pacientes con enfermedades huérfanas y enfermedades crónicas. Entre ellas se encuentra la financiación de medicamentos exclusivos mediante presupuestos máximos y recursos de la UPC, así como la implementación de mecanismos de compra centralizada, distribución y suministro establecidos en la Resolución 542 de 2025, orientados a garantizar una atención más eficiente y oportuna para quienes enfrentan condiciones de salud de alta complejidad.

El Ministerio de Salud y Protección Social considera que consolidar una narrativa basada en afirmaciones imprecisas sobre una supuesta destrucción del sistema de salud desconoce tanto la historia de los problemas estructurales que han afectado al sector como los esfuerzos que actualmente se realizan para transformarlo. Colombia necesita un debate serio, responsable y sustentado en evidencia. Lo que está en discusión no es únicamente el presente del sistema, sino la posibilidad de construir un modelo centrado en las personas, con enfoque territorial, basado en la atención primaria y orientado a garantizar de manera efectiva el derecho fundamental a la salud para todos los colombianos.