Frente a la declaratoria de emergencia humanitaria realizada por la Gobernación del Valle del Cauca y a las afirmaciones que presentan la situación del departamento como consecuencia de un supuesto abandono institucional, el Ministerio de Salud y Protección Social considera necesario aclarar que dichas afirmaciones no corresponden a la evidencia oficial disponible y desconocen la realidad de los recursos, inversiones y capacidades actualmente existentes en el territorio.

La salud de los ciudadanos exige responsabilidad institucional. Por ello, cualquier análisis sobre la situación sanitaria debe sustentarse en evidencia técnica, información verificable y una valoración integral de los recursos disponibles, y no en afirmaciones que puedan generar alarma o pánico entre la población.

No es cierto que en el Valle del Cauca se hayan cerrado 2.000 servicios de salud durante 2026. Los registros oficiales del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), con corte al 6 de junio, evidencian una variación neta de 113 servicios calculada a partir de la apertura de 1.086 servicios y el cierre de 1.199 servicios, esta variación es equivalente al 1,56 % de la oferta habilitada del departamento.

Presentar esta dinámica como una desaparición masiva de la capacidad instalada o como evidencia de un colapso estructural de la red no corresponde a la realidad. Por el contrario, el comportamiento registrado responde a la dinámica normal de habilitación de servicios, caracterizada por procesos permanentes de reorganización institucional, actualización de servicios, cambios de sede y ajustes en la configuración de las redes de atención.

La evidencia histórica también desmiente que se trate de una situación excepcional. En 2023 se registraron 1.671 cierres frente a 1.678 aperturas, con una variación de siete servicios. En 2024 se reportaron 1.193 cierres y 1.975 aperturas, con una variación de 782 servicios. Y en 2025 se registraron 1.250 cierres y 2.958 aperturas, con una variación de 708 servicios. Estos resultados evidencian que la red de prestación de servicios mantiene una dinámica permanente de fortalecimiento, reorganización y expansión.

Adicionalmente, cerca del 75 % de los cierres reportados durante 2026 corresponden a servicios de consulta externa. No existe evidencia de un cierre masivo de servicios críticos hospitalarios. Durante este periodo únicamente se registran 25 cierres de internación, 30 cierres de servicios quirúrgicos y 17 cierres de atención inmediata, cifras que no sustentan una afectación generalizada de la capacidad hospitalaria del departamento.

Actualmente, el Valle del Cauca cuenta con 7.012 servicios de salud habilitados y en funcionamiento, entre ellos 4.503 servicios de consulta externa, 1.878 de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, 224 de atención inmediata, 219 de internación y 188 de servicios quirúrgicos.

Tampoco la información disponible sobre capacidad hospitalaria respalda una narrativa de colapso. El departamento dispone actualmente de 795 camas de cuidado intensivo para adultos, de las cuales 176 permanecen disponibles; 330 camas de cuidado intermedio para adultos, con 98 disponibles; y 4.484 camas de hospitalización general para adultos, de las cuales 1.210 se encuentran disponibles para la atención de pacientes.

Los desafíos que enfrenta el sistema de salud son reales y deben atenderse con responsabilidad. Sin embargo, atribuirlos exclusivamente a una supuesta ausencia del Estado o falta de recursos desconoce fallas estructurales generadas por un modelo instaurado desde la Ley 100 de 1993, que durante más de treinta años priorizó la intermediación financiera y la lógica de mercado sobre la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud.

Cuando los usuarios no reciben atención temprana, seguimiento clínico y resolución efectiva en el nivel primario de atención, terminan requiriendo servicios de mayor complejidad, incrementando la presión sobre urgencias, hospitalización y atención especializada.

Resulta igualmente preocupante que se pretenda instalar una narrativa de desfinanciamiento cuando el Gobierno Nacional ha garantizado de manera oportuna los recursos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para la atención de toda la población afiliada en el Valle del Cauca, siendo este departamento uno de los que más recursos recibe para garantizar el aseguramiento en salud de su población. Estos recursos registran un incremento histórico del 63 % frente a 2022, cuando el departamento recibía $6,3 billones. Para 2025, el departamento recibió cerca de $10 billones por concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC), convirtiéndose en el tercer territorio del país con mayores recursos por este concepto, solo después de Bogotá y Antioquia.

Asimismo, la UPC promedio reconocida en el Valle del Cauca se encuentra entre las más altas del país. En el régimen contributivo alcanza los $2.550.291 por afiliado y en el régimen subsidiado los $1.989.182 por afiliado.

Aunque el giro de recursos se ha realizado de manera anticipada es importante recordar que son las Entidades Promotoras de Salud (EPS) quienes autorizan a qué entidad pagarle y está demostrado que la mayor proporción de recursos se pagan a prestadores que están en integración vertical o tienen negocios con altos márgenes de ganancia con las EPS.

Al respecto es importante tener en cuenta que, para el caso del Valle del Cauca, durante 2025, diez prestadores se ubicaron entre los 150 prestadores con mayores utilidades del país, reportando utilidades netas superiores a los $500 mil millones. Estos datos evidencian que las dificultades existentes no pueden explicarse mediante una narrativa simplista de falta de recursos por parte de la Nación.

Mientras algunos sectores insisten en hablar de abandono institucional, los hechos muestran una realidad distinta. El Gobierno del Cambio ha gestionado inversiones superiores a $1.249 billones para fortalecer el sistema de salud del departamento. Entre ellas se destacan más de $534 mil millones para la conformación y operación de 962 Equipos Básicos de Salud, una estrategia sin precedentes que ha permitido llevar la atención directamente a los territorios.

Gracias a esta estrategia, más de 7.700 profesionales y técnicos han recorrido barrios, corregimientos y veredas del departamento, llegando a más de 700.000 hogares y fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema desde la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el cuidado integral de la salud.

A estas acciones se suman 132 proyectos de infraestructura y dotación hospitalaria por más de $558.814 millones, 88 vehículos de transporte asistencial por más de $27.937 millones, $5.071 millones destinados al fortalecimiento de los servicios de salud mental y los Centros de Atención para personas con consumo de sustancias psicoactivas, más de $22 mil millones para el saneamiento financiero de hospitales públicos, y otros recursos destinados al fortalecimiento de servicios, promoción social y atención a población migrante.

Frente a estos hechos, resulta legítimo preguntarse cómo puede sostenerse una narrativa de abandono institucional cuando el Gobierno Nacional ha incrementado de manera histórica la financiación del aseguramiento, fortalecido el Giro Directo, ampliado la Atención Primaria en Salud, financiado infraestructura hospitalaria, saneado financieramente hospitales públicos y realizado una de las mayores inversiones en salud de la historia reciente del Valle del Cauca.

El Ministerio de Salud y Protección Social reitera que el debate público debe desarrollarse sobre la base de evidencia verificable y no de afirmaciones que generen temor, incertidumbre o desinformación entre los ciudadanos. Los colombianos merecen información objetiva, rigurosa y sustentada en datos oficiales.

El Gobierno del Cambio continuará fortaleciendo la red hospitalaria del Valle del Cauca, financiando la atención en salud y desarrollando acciones permanentes para garantizar el derecho fundamental a la salud de todos los habitantes del departamento.