El Ministerio de Salud y Protección Social desautorizó al Instituto Nacional de Cancerología tras conocerse la intención de restringir la atención a nuevos pacientes afiliados a la Nueva EPS, al considerar que esta decisión va en contra de la ley y afecta el acceso a los servicios de salud.

Según la cartera, la medida contradice lo establecido en la Ley 1751 de 2015, que protege el derecho fundamental a la salud y prohíbe acciones que limiten o deterioren la atención de los usuarios. En ese sentido, advirtió que la restricción podría afectar principios como la oportunidad, continuidad y calidad en la prestación del servicio.

El Ministerio fue enfático en señalar que el instituto, al ser una entidad adscrita, no puede adoptar decisiones contrarias a los lineamientos del Gobierno, especialmente cuando estas impactan directamente a los pacientes. Además, indicó que, de mantenerse la medida, se podrían iniciar acciones penales y disciplinarias por posibles irregularidades.

La controversia surge en medio de dificultades contractuales y de cartera entre el Instituto y la Nueva EPS, situación que habría motivado la advertencia inicial sobre la atención a nuevos usuarios. Sin embargo, el Instituto aclaró posteriormente que no ha suspendido los servicios a pacientes en tratamiento activo, mientras se buscan soluciones a la crisis financiera.

Este pronunciamiento reabre el debate sobre la garantía del acceso efectivo a los servicios de salud, especialmente para pacientes con enfermedades de alto costo como el cáncer, donde cualquier interrupción puede tener consecuencias graves.