El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 1099 de 2026, mediante la cual adopta el nuevo Modelo de Atención en Salud para las Personas Privadas de la Libertad (PPL) bajo la custodia, inspección y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), derogando las resoluciones 5159 de 2015 y 3595 de 2016.
La actualización del modelo busca fortalecer la garantía del derecho fundamental a la salud de esta población mediante una atención basada en la Atención Primaria en Salud (APS), la articulación entre las instituciones y el fortalecimiento de la capacidad resolutiva dentro de los establecimientos de reclusión.
Telesalud, atención extramural y enfoque diferencial
Entre los principales avances se destaca la incorporación de modalidades como la telesalud y la prestación de servicios extramurales, además de la implementación de protocolos adaptados a las condiciones propias del contexto penitenciario.
La resolución también establece un plan de transición que permitirá implementar el nuevo modelo de manera gradual, garantizando la continuidad de los servicios de salud para las personas privadas de la libertad.
Asimismo, incorpora enfoques diferenciales que responden a las necesidades específicas de esta población y de los menores de tres años que conviven con sus madres en los establecimientos de reclusión del orden nacional.
El modelo desarrolla además lineamientos para la organización del aseguramiento en salud, la gestión integral del riesgo, los procesos de referencia y contrarreferencia y los mecanismos de seguimiento y evaluación.
Seis componentes para fortalecer la atención
La estructura del nuevo modelo está conformada por seis componentes fundamentales:
Como eje transversal, también incorpora estrategias para fortalecer la gobernabilidad y la gobernanza del talento humano en salud.
Adicionalmente, la resolución establece una oferta diferencial de servicios intramurales, mediante la clasificación de los establecimientos penitenciarios en cinco categorías de Unidades de Atención Primaria (UAP), definidas según el número de personas privadas de la libertad, el nivel de seguridad, las condiciones jurídicas y la accesibilidad geográfica de cada centro de reclusión.
Esta medida permitirá una distribución más eficiente y equitativa de los recursos asistenciales, mejorando la capacidad de respuesta del sistema.
La expedición de la Resolución 1099 de 2026 representa un avance importante en la política pública de salud penitenciaria, al consolidar por primera vez desde 2015 un modelo estructurado, integral y diferencial, alineado con los mandatos legales vigentes y con las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-494 de 2023 y el Auto 1677 de 2025.
Con esta medida, el Gobierno Nacional busca superar problemas históricos relacionados con la fragmentación de la atención, la desarticulación institucional y las barreras de acceso a los servicios de salud, fortaleciendo la capacidad del Estado para garantizar una atención digna y de calidad a la población privada de la libertad.
