Dos operativos simultáneos y de gran escala fueron ejecutados en los municipios de Ataco y Coyaima por la Policía, el Ejército Nacional y Cortolima, con el propósito de frenar actividades de minería ilegal que afectaban gravemente los recursos naturales del sur del departamento.
Las intervenciones, en las que participaron más de 200 unidades, fueron coordinadas a través del Puesto de Mando Unificado Ambiental, que desde tempranas horas de este jueves convocó el Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación (Conaldef), instancia de coordinación interinstitucional para proteger los ecosistemas y la biodiversidad, que viene actuando desde finales de 2025 por solicitud de Cortolima.
En Ataco, tras un megaoperativo que se extendió por varias horas y contó con unidades de la Policía, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Fiscalía General de la Nación, se destruyeron 10 motores industriales, cuatro retroexcavadoras y una planta eléctrica.
Durante el procedimiento, un grupo de habitantes intentó impedir la intervención mediante una asonada; sin embargo, la situación fue controlada por las autoridades sin que se presentaran personas lesionadas.
Ofensiva contra la minería se intensifica en Coyaima
De manera simultánea, en la vereda Buena Vista, zona rural de Coyaima, la corporación y autoridades policivas y militares adelantaron un operativo en el que se capturaron 12 personas e inhabilitaron ocho motores industriales, utilizados para la extracción de oro, que afectaban directamente el cauce del río Chenche.
Según la evaluación técnica de Cortolima, estas actividades generaron impactos ambientales como captación ilegal de agua, alteración del paisaje, modificación de la estructura del suelo y vertimientos contaminantes al río Chenche, asociados al uso de combustibles y lubricantes.
Producto de los dos operativos, la corporación iniciará los respectivos procesos sancionatorios a los que haya lugar.
Afectaciones a la cobertura vegetal en Ataco
En un informe pormenorizado elaborado por equipos técnicos de Cortolima, la autoridad ambiental determinó en febrero pasado que la extracción ilícita de oro en Ataco ha provocado la remoción de 232 hectáreas de cobertura vegetal y ecosistemas esenciales para la regulación de cauces, la estabilidad del suelo y la conectividad biológica.
Entre otros hallazgos, el informe advierte que el ingreso y operación de maquinaria pesada en los ríos Atá y Saldaña han generado modificaciones en los cauces, incremento de la turbidez y remoción del lecho, así como contaminación por posibles derrames de combustibles, aceites y lubricantes, e incremento de la amenaza de inundaciones y avenidas torrenciales.
