En un ejercicio netamente informativo y periodístico, el portal Contrapeso le consultó a todos los congresistas del Tolima, sobre la conformación de sus unidades de trabajo legislativo.
Aunque son cargos muy peleados, las unidades de trabajo legislativo o UTL, nos recuerda a un Reality Show en el que hay playa alta, media y baja, tanto en la remuneración como en la exigencia laboral que impone el congresista.
Uno de los primeros en allegar la información a este portal, fue el congresista conservador Alejandro Martínez Sánchez. Varias caras conocidas se encuentran en su equipo de colaboradores en el Capitolio.
Los nombres
Alejandro Martínez cuenta con un total de nueve personas adscritas a su Unidad de Trabajo Legislativo. Varios nombres llaman la atención, el primero de ellos el de la exsecretaria de Planeación de Ibagué, Dora Patricia Montaña, militante activa del barretismo.
Como asesora nivel I, Montaña devenga ocho salarios mínimos mensuales, es decir, $8 millones al mes, que con prestaciones, podría superar los $10 millones mensuales. Mucho menos de lo que devengaba como secretaria en la alcaldía de Ibagué.
Montaña Puerta es la de mejor perfil, pero no la de mejor sueldo en el ‘team’ Martínez. Es abogada, especialista en derecho administrativo y en contratación estatal; además, cuenta con dos maestrías, una en derecho y otra en desarrollo regional y fortalecimiento del territorio. Mejor dicho: una hoja de vida más fuerte que la de su propio jefe político.
Sorprende la ausencia de Dora Montaña en las UTL del barretismo, más si se tiene en cuenta que es el mejor perfil de la organización. Que integre el equipo legislativo del exalcalde de Melgar, hace pensar que esa credencial está cada vez más cerca de pertenecer a Óscar Barreto Quiroga.
Alejandro Martínez tiene otros dos asesores nivel I: Andrés Camilo Bonilla, cuota de José Elver Hernández, y Mario Castaño, exalcalde de Fresno y exgerente de la Lotería del Tolima; un gomezgallista ‘pura sangre’ a quien el barretismo siempre ha querido reclutar sin éxito.
La administradora pública y especialista en derecho administrativo, Ingrid Garzón Ortiz, ocupa el cargo de asistente I con un sueldo de $3 millones, es la mano derecha del congresista, se desempeñó como su gerente de campaña al Congreso. La tecnóloga Nidia Hernández con el mismo cargo y asignación salarial, es otra recomendada del popular ‘Choco’ en la UTL del ingeniero Martínez.
Luis Arturo Guzmán, Asistente II, es el abogado personal de Alejandro Martínez. Gana $4 millones al mes.
Favores políticos
La ‘consentida’ de Alejandro Martínez es Nancy Liliana Cristancho Santos. Tiene una buena hoja de vida, en la que se destaca una maestría en gestión de calidad, es Asesora nivel II; la profesional que más devenga tal vez, por su cercanía con el ‘choquismo’: recibe al mes más de $9 millones, que sumadas las prestaciones, supera lejos los $11 millones mensuales.
Cristancho es nada más y nada menos que la esposa Gildardo Monroy, otro ‘Conservador’ que lleva años atornillado a la dirección del Comité de Cafeteros del Tolima, súper amigo del excongresista Gonzalo García Angarita, quien por supuesto, también tiene una cuota de ‘sangre’ en esta UTL.
Se trata de Rosa García Angarita, bachiller académica y hermana del exalcalde de Valle de San Juan, quien ocupa el cargo de Asistente II, por lo que devenga $4 millones al mes. Un buen premio para unos de los jefes de la organización.
Otro favor político que no podía faltar, fue para el alcalde de Melgar, Agustín Manrique. Su hija, Verónica Manrique Sánchez, estudiante de literatura, hace parte de la UTL de Alejandro Martínez, en el cargo de Asistente I; por lo que factura $3 millones mensuales.
En la próxima entrega, Contrapeso informará sobre la conformación de las UTL del barretismo, en la cual también hay sorpresas.
Aviso
Los representantes a la Cámara Carlos Edward Osorio, Haiver Rincón, Olga Beatriz González y Martha Alfonso, aún no han dado respuesta a la petición enviada por este portal sobre sus unidades de trabajo legislativo. Que no les pase lo del excongresista Ricardo Ferro, a quien la procuraduría lo obligó a responder en 2021 el mismo requerimiento.
