A todo señor, todo honor. Son muy pocos los concejales de Ibagué, que destacan por estudiar los temas de ciudad de forma juiciosa y promover debates de control político serios, argumentativos y despojados de intereses particulares. Miguel Alexander Bermúdez Lemus, es uno de ellos.
Si bien, la bancada de Juntos por Ibagué liderada por Bermúdez en el cabildo, se declaró en independencia frente al gobierno, existe un respaldo a ciertas iniciativas presentadas por el alcalde Hurtado que para su concepto, le han traído desarrollo a la ciudad de Ibagué y no deben tener color político.
Esta buena relación entre Miguel Bermúdez y la administración, no ha sido impedimento para que el concejal le ‘cante la tabla’ a los funcionarios del gobierno cuando hay que hacerlo, ya sean del orden local, departamental o nacional.
‘Elefantes blancos’
Miguel Bermúdez ha sido el único concejal de Ibagué que ha librado una batalla frontal contra el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), por ser el “intermediario más inútil y costoso de la educación en Colombia”, según sus palabras.
Los 10 debates de control político convocados por Bermúdez en el Concejo y una categórica intervención en la Cámara de Representantes, en la que demostró la ineficiencia y la corrupción en el FFIE, fueron claves para que el Ministerio de Educación, la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación, le pusieran la lupa a este polémico operador de la infraestructura educativa.
En Ibagué se invierten más de $60 mil millones en esta materia. Miguel Bermúdez advierte que 5 de los 26 colegios intervenidos a través del FFIE, podrían terminar convertidos en ‘elefantes blancos’, por la falta de planeación, seguimiento, control y uso responsable de los recursos a través del cuestionado fondo.
Revictimizando a la población
Ahora, el ‘elefante blanco’ con pinta de mamut que está en la mira del concejal Bermúdez, es el famoso Centro Regional para la Atención a las Víctimas del Conflicto en el Tolima (CRAVIC), el cual empezó su construcción en el año 2019 y hoy, 3 años después, se encuentra abandonado.
“La administración municipal advirtió que tiene que demoler los avances de la obra por mala calidad en la construcción, aparentes fallas en el concreto y posibles inconsistencias técnicas”, señaló Miguel Bermúdez.
Y añadió: “El lote donde se desarrolla la obra al parecer no tenía la viabilidad jurídica y técnica por parte de la Curaduría, porque el uso del suelo estaba destinado para zonas verdes. Existe un gran riesgo que los recursos se pierdan”.
Esta obra tiene un costo aproximado de $3.000 millones, en la cual confluyen recursos de la Unidad para las Víctimas y la Alcaldía de Ibagué, que en conjunto con el contratista y la interventoría, tienen responsabilidades compartidas en los atrasos y el abandono del proyecto.
Fuentes de la Unidad para las Víctimas en Bogotá, le dijeron al portal Contrapeso que la intención es liquidar el convenio de la construcción del CRAVIC en Ibagué, una obra que según los organismos de control, no tuvo el debido seguimiento y supervisión de la misma entidad.
En Tolima hay 223.000 víctimas registradas, de las cuales cerca de 75.000 pertenecen a la ciudad de Ibagué ¿El gobierno Petro le dará esa bofetada a la población víctima del conflicto en este departamento? Esperemos que no.
