La Universidad del Tolima le ganó un primer ‘round’ en los estrados a un grupo de profesionales que pretendían, mediante acción de tutela, que la institución les mantuviera el vínculo laboral que en años pasados habían forjado en calidad de docentes asesores del Consultorio Jurídico.
Luego de una extensa disputa en derecho, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Ibagué, actuando a favor de la UT, negó el “amparo constitucional” que un grupo de profesionales estaban solicitando para mantener su relación laboral, pese a la apertura de una convocatoria pública en febrero de este año.
Los accionantes demandaban el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital, el debido proceso, trabajo, seguridad social y de petición, además de vincularlos como catedráticos del consultorio jurídico de la universidad, durante el 2025.
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Si bien, el Juzgado tenía congelado el proceso cuando apenas registraba dos días de publicado, como consecuencia a la tutela interpuesta por Juan Felipe Rodríguez, hoy el fallo en primera instancia no solo niega sus pretensiones, sino que ordena que se levante la medida cautelar.
La providencia es clara y categórica en la parte resolutiva, al dar la orden de: “continuar con los términos dispuestos en la convocatoria de asesores de área como profesores de cátedra semestre A-2025”, y corta de tajo las pretensiones de Rodríguez Vargas.
No tenía la razón
Para el Juzgado Cuarto Administrativo, luego de evaluar la exposición de argumentos se pudo comprobar que “no se evidencia la violación a los derechos fundamentales”, y tampoco se comprueban posibles irregularidades en el proceso de selección.
“No se le puede reprochar a la Universidad del Tolima que, como institución educativa pública, acuda a una convocatoria de méritos para escoger el personal docente que va a contratar”, insiste el fallo.
Fuentes de la universidad le dijeron a Contrapeso, que el cronograma de la convocatoria para proveer las vacantes en el consultorio jurídico sigue su marcha, luego del pronunciamiento del contencioso administrativo.
Los abogados y ex orientadores del consultorio Camilo Delgado Herrera y Alfonso Pineda, además de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, aparecen como coadyuvantes en la tutela negada por la juez Sandra Liliana Sereno Caicedo.
