El proyecto que tiene un presupuesto de 2.906 millones de pesos y adjudicada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) en 2018, debería haber concluido en enero del 2020. 

De acuerdo con el Ministerio Público, debido al incumplimiento del contratista se terminó y liquidó el contrato; por lo que la obra en la actualidad presenta un avance del 24% y permanece en completo abandono a la espera de un nuevo proceso licitatorio.

"Con esta solicitud, efectuada en el marco de la Comisión Regional del Ministerio Público para la Justicia Transicional Tolima, la Procuraduría busca que se finalice la construcción del CRAV, y que las entidades implicadas ratifiquen el compromiso de entregar a esta población un centro regional que permita atender, orientar, remitir, acompañar y realizar el seguimiento a las más de 50 mil víctimas del municipio", precisó la Procuraduría en un comunicado. 

El organismo sostuvo que se trata de una actuación preventiva de la Procuraduría Regional que no pretende coadministrar, sino facilitar los requerimientos de las víctimas en el ejercicio de sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral.