Con varias horas de interceptaciones telefónicas y evidencias recaudadas en diligencias de allanamiento, la Fiscalía busca demostrar ante la Juez Octava Penal Municipal con funciones de control de garantías la existencia de una asociación criminal entre los 25 capturados dentro de esta investigación de la que se podrían desprender nuevas líneas de indagación.
Durante la audiencia de formulación de imputación, la Fiscal 27 seccional presentó el organigrama del entramado delincuencial en el que cada uno de los vinculados cumplía un rol específico.
ContraPeso presenta a continuación el dossier de la organización que habría involucrado alcaldías, hospitales, constructores y particulares en Carmen de Apicalá, Rovira, Melgar, Ambalema, Cajamarca, Líbano, Fresno, Mariquita, Honda e Ibagué
El Relacionista
Señalado de ser el cabecilla de la red criminal, Luis Carlos López Guevara, contratista del Instituto Agustín Codazzi en Ibagué habría sido para las autoridades el gestor principal de la oficina de trámites que desde la ilegalidad ahorraba tiempo en los procesos, aseguraba descuentos significativos en el pago de impuestos y facilitaba la expedición de resoluciones a cambio de coimas.
López Guevara cumpliría dentro de la red el rol de interlocutor principal con las víctimas a quienes informaba sobre los procedimientos y abordaba para finiquitar anticipos y transacciones económicas.
Una vez se cerraba el negocio entraban en acción los responsables de las asignaciones.
Direccionadores
Por instrucción de 'El Relacionista' el siguiente nivel de la red se activaba con Andrea Gutiérrez y Julián Charry.
Estas dos personas manipulaban internamente la información para priorizar los trámites y facilitar la asignación de las carpetas.
Luego las solicitudes eran gestionadas por dos personas, que, sin estar vinculadas a la entidad, accedían al Sistema Nacional de Catastro con credenciales que les había entregado Luis Carlos López.
Gutiérrez también notificaba a los usuarios sobre la expedición de los documentos solicitados.
Los topógrafos
Según relató el ente acusador, con el fin de obtener mayores dividendos, en algunos de los trámites y justificar el pago por parte de las víctimas, López Guevara hacía ver como complejas varias de estas diligencias.
En algunos casos documentados le hablaba a sus "clientes" de la necesidad de actualizar mapas o desarrollar procesos de georeferenciación e inmediatamente recomendaba el trabajo a los topógrafos Marlon Solano y Wilson Calderón.
Por esta vía se recaudaban dádivas adicionales bajo concepto de viáticos y traslados a la realización de las visitas.
Las digitadoras
Como el tiempo laboral para 'El Relacionista' no resultaba suficiente, dado que debía atender los asuntos propios de su empresa delictiva, éste optó por vincular a dos mujeres ajenas al Instituto: Sandra Alejandra Villalor y Yussy Yarleth Sierra.
Ambas proyectaban resoluciones y actos administrativos, cargaban información en los sistemas oficiales a los que accedían con las credenciales de Luis Carlos López y garantizaban el cumplimiento de los trámites.
Todo estaba tan calculado que incluso se definió que una de ellas ingresaba a las plataformas en la mañana y la otra en las tardes.
El de los sistemas
Muy de cerca a las digitadoras habría estado permanentemente Manuel Antonio Lis, un ingeniero de sistemas quien recientemente había sido promovido a un nuevo cargo de la territorial Tolima a Bogotá donde se ejecutó su captura.
Según el ente acusador, Lis les facilitaba el acceso a las plataformas a Villalor y Sierra y cuando era necesario les apoyaba con correcciones y creación de usuarios.
El director
Aunque no era el determinador principal de los delitos contra la administración pública, Mauricio Fernando Mora en su rol de director seccional del Igac, conocía de primera mano la existencia de esta asociación para delinquir y por descontado se infiere obtenía su rentabilidad.
Mora también facilitaba el desarrollo de las tareas de sus subordinados involucrados en la red.
El dibujante
Dadas las características propias de los trabajos solicitados a través de la oficina paralela, esta debía contar con técnicos que atendieron discretamente sus demandas.
Una de esas labores la desempeñaba Camilo Chamorro, reseñado por las autoridades como, 'El dibujante', quien en la estructura ajustaba los planos de los predios en las fichas catastrales.
El Todero
No menos importante para la organización era la función desempeñada por Jhon Isaac González, 'El Todero' quien, si así se quiere, hacía las veces de facilitador en la atención al público.
González radicaba documentos, ingresaba a los sistemas de información y le evitaba filas o esperas a quienes "contrataban" los servicios alternos.
'El Todero', según la Fiscalía también hacía las veces de mensajero para efectuar la entrega de dineros a otros integrantes de la red.
Copartícipes
Otros lugares dentro de la estructura eran ocupados por Cristian Calderón como responsable del trámite catastral. A su turno, Diego Armando Reyes, Carlos Javier Lugo, Daniel Francisco Flórez y Fabián Ardila también trabajaban en la realización de los acuerdos, en ocasiones de manera externa y otra veces llevando nuevas solicitudes de usuarios para gestión ante 'El Relacionista'.
El Referenciador
Fuera del Igac la red sumó otros protagonistas. Uno de ellos Juan Alexander Roa, secretario de Planeación de Ambalema quien llegó inicialmente como usuario, adelantando un trámite irregular para la Alcaldía de esa población.
Tras obtener exitosamente el resultado, Roa se habría animado a incursionar como referenciador de nuevos clientes junto con El Relacionista.
Cortolima
Mientras tanto, en Cortolima, los enlaces de la red eran Óscar Cardozo y Fernando José Alcantara quienes al decir de la Fiscalía sustraían folios, patinaban trámites, licencias y permisos ambientales y hasta frenaban la ejecución de medidas sancionatorias.
Además de estas instituciones y servidores públicos, un grupo de particulares vinculados a la constructora El Poblado también apareció referenciado en las pesquisas de la Fiscalía.
A ellos no sólo se les incrimina por el ofrecimiento y la instrumentalización de los servidores públicos para su propio beneficio, sino también por la comisión de delitos contra el medioambiente al afectar gravemente una fuente hídrica en el municipio de Carmen de Apicalá en ejecución de uno de sus proyectos urbanísticos.
La Estratega
Como bisagra entre los funcionarios del Igac y la constructora, emerge la figura de Nelsy Vallejo, 'La Estratega' quien aportaba información a Luis Carlos López sobre la forma en que debía abordar a 'El de la plata' , Manuel Benjamín García Turizo, dueño de la firma edificadora.
Vallejo aportó datos relevantes para la negociación y especialmente sobre el método de conversación entre ambas partes que siempre se debía dar mediante videollamadas o llamadas de whastapp para no dejar evidencia alguna.
Sobre los pagos 'La Estratega' también precisó que estos debían hacerse en la medida de las posibilidades en efectivo.
La de la entrega
Atendiendo la recomendación de Vallejo en torno la forma de pagar las coimas, Gloria Iriarte, gerente de El Poblado en Bogotá fue quien asumió la tarea de emisaria para hacer llegar de forma segura el dinero a la red de trámites.
La de la cuenta
Pero como no todas las veces dichos pagos se podían hacer por esta vía, fue necesario recurrir a un tercero.
La oportunidad perfecta la encontraron en Nelly Díaz, esposa de Luis Carlos López quien puso a disposición su cuenta bancaria para recibir el pago por los sobornos.
De acuerdo con la investigación, esta habría utilizado incluso las cuentas de ahorros de sus hijas para canalizar estos recursos ilícitos.
Los ingenieros
Finalmente, otros eslabones en la cadena fueron 'Los ingenieros'.
Antonio Castillo y Rubiela Carreño como intermediarios entre el propietario de la constructora El Poblado y Luis Carlos López 'El Relacionista', al igual que Edwin Gutiérrez, este último capturado en flagrancia en la obra Villa del Mar cuando lideraba acciones de secado y vertimiento de material a un humedal, provocando una afectación grave al ecosistema.
A ciencia cierta no se ha podido establecer la cuantía exacta a la que ascenderían los pagos hechos por usuarios a la organización 'Los del Instituto' en lo corrido del último año.
Sin embargo, sí está plenamente documentado que los delitos se cometieron en más de una oportunidad y que los valores oscilaban, según su complejidad, entre los 200 mil y los 40 millones de pesos.
Pero la organización no sólo recibía dinero. En el caso rotulado como 'La cava de pescado' Mauricio Mora y Luis Carlos López aceptaron gestionar un trámite catastral para la Alcaldía de Ambalema a cambio de pescado y el transporte para la realización de la visita.
Aceptación de cargos
Tras concluir la audiencia de imputación de cargos, sólo uno de los 25 procesados aceptó parcialmente las conductas enrostradas por la Fiscalía.
Quien lo hizo fue el considerado cerebro de la organización, Luis Carlos López.
'El Relacionista' admitió ante la Juez de control de garantías la comisión de los punibles de cohecho y concusión, no así el concierto para delinquir.
El reconocimiento de culpabilidad representa para López Guevara una inminente sentencia condenatoria aunque podría obtener beneficios hasta en un 50% de la pena a imponer.
Aseguramiento
La primera intramural para: Mauricio Mora, Luis Carlos López, Manuel Lis, Carlos Lugo, Daniel Flórez, Diego Reyes, Andrea Gutiérrez, Juan Felipe Charry, Camilo Chamorro, Fabián Ardila, Cristian Calderón, Juan Alexander Roa, Óscar Cardozo, Fernando Alcantara, Antonio Castillo y Rubiela Carreño.
Entre tanto y considerando factores como el menor grado de punibilidad o la no existencia de antecedentes penales se peticionó al despacho la medida preventiva de detención domiciliaria para: Jhon González, Nellys Díaz, Sandra Villalor, Yussi Sierra, Wilson Calderón, Marlon Solano, Gloria Iriarte, Nelsy Vallejo y Edwin Gutiérrez.
Este viernes la Juez Octava Penal Municipal con funciones de control de garantías resolvería la situación de los detenidos.
