Luego que por la gerencia del Ibal pasaran dos gerentes de la línea ‘barretista’, es decir, los ingenieros Sandra García y Rodrigo Herrera, la directora de la Corporación Autónoma Regional, Olga Lucía Alfonso, se acordó de cobrarle a la empresa de acueducto la tasa retributiva por la contaminación a las fuentes hídricas de Ibagué.

Y no fue cualquier cuenta de cobro. La directora de la CAR con los ‘taches arriba’ en diciembre de 2022, le sacó al IBAL una factura por $11.774 millones. Es de recordar que la cuenta pasó no solo por los medios de comunicación, sino también por la Superintendencia de Servicios Públicos, algo que muy seguramente no hubiera ocurrido si el grupo político de Alfonso Ianinni, hoy estuviera al frente de la empresa de acueducto de la ciudad.

“En ese orden de ideas se solicita de la manera más respetuosa a la Superintendencia para que dentro de sus competencias se inste al IBAL para que indique si carece de los recursos para pagar la tasa retributiva, y si ello comprometería la viabilidad económica de la empresa” le ofició Cortolima a la Superservicios.

Y agregó: “Aunado a lo anterior, se presentaría una agravación de la conducta desplegada por la empresa IBAL, puesto que, los recaudos según lo manifestado por la parte administrativa, se han realizado vía tarifa sobre el valor del 1 %, siendo el deber cancelar estos valores a la Corporación y no tenerlos en sus cuentas”.

Así registraron medios de comunicación locales, la cuenta de cobro publica que le sacó Cortolima al IBAL.

Así las cosas, para Cortolima y su directora, el Ibal no liquidó de forma correcta la tasa retributiva y como se dice popularmente, 'le sacó los cueros al sol' ante la Superintendencia, muy seguramente con el fin de buscar una intervención y de paso la liquidación de la única empresa pública de los ibaguereños.

Con los crespos hechos

Este golpe a las empresas prestadoras del servicio público de acueducto y alcantarillado en el país, que en el plano local quería propinarle Cortolima al IBAL, estaba siendo replicado por otras autoridades ambientales en departamentos como Cundinamarca, Norte de Santander, entre otros.

Sin embargo, los prestadores de dicho servicio público, con la ingeniera Erika Palma a la cabeza, iniciaron una cruzada nacional para que el factor regional se congelara en 1% y así evitar cobros excesivos por concepto de tasa retributiva.

La senadora Paloma Valencia Laserna, dio la pelea por esta iniciativa desde el Congreso de la República. La dirigente del Centro Democrático radicó una proposición que fue acogida no solo por el legislativo, sino que terminó plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo, logrando congelar hasta diciembre de 2024, el factor regional en 1%, decisión que pone a respirar a los acueductos del país.

“Cortolima se negó en su momento a acatar una directiva del Ministerio de Ambiente sobre el particular, a pesar de la afectación que le estaba generando al Ibal y a otros acueductos del Tolima, incluyendo Espinal”, le dijo a Contrapeso la senadora Paloma Valencia.

La senadora Paloma Valencia fue aliada de las empresas de acueducto en esta lucha.

La congresista agregó que gracias a la presión de los acueductos y de su gestión desde el Congreso, el factor regional para calcular la tasa retributiva se multiplicará por 1%, lo que se traduce en un alivio para los prestadores del servicio y para los distritos de riego en el Tolima.

“Los distritos de riego en el Tolima estaban perdiendo competitividad, el departamento empezó a perder plata y los arroceros a quebrarse, esta es una buena noticia para ellos”, puntualizó la senadora Valencia Laserna.

Se sacó la espina

El alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, también se sacó la espina con Cortolima sobre esta polémica. El mandatario dijo que el factor regional que se cobre por encima de 1%, lleva a la quiebra a cualquier empresa de servicios públicos en el país.

Además, el burgomaestre dijo que pese a los argumentos técnicos expuestos por la administración a Cortolima, primó la terquedad, la soberbia y la falta de sensatez por parte de la autoridad ambiental.

“Nos estaban cobrando un factor regional por encima de 4 y hasta 6%. Como se le ocurre pagarle 9 mil millones de pesos a la Corporación cuando esos recursos son para invertir en redes de acueducto y alcantarillado que nos reclama la ciudad”,  expresó el alcalde Hurtado.

En resumidas cuentas, a la directora de Cortolima, Olga Alfonso, le tocará reliquidar la factura pública que le sacó al Ibal por cerca de 12 mil millones de pesos, por concepto de tasa retributiva a la carga contaminante que genera la empresa en fuentes hídricas receptoras como el rÍo Combeima, Alvarado, Chipalo y Opia.

Entre otras cosas, los recursos recaudados vía tasa retributiva, deben ser reinvertidos por las CAR en obras que mitiguen el impacto de los vertimientos a los afluentes. La pregunta obligada para Cortolima es: ¿lo están haciendo?

Este sin duda, fue un round técnico y político que le ganó la gerente de Ibal Erika Melissa Palma, a la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso.