Bajo el título "Los herederos y las herederas de todas las formas de corrupción'', la Fundación Paz y Reconciliación ha sacudido la escena política, al poner en la palestra a 108 candidatas y candidatos a las elecciones legislativas de marzo próximo,  sobre quienes se ciernen cuestionamientos de diferente  tipo.

Aunque la investigación y sus hallazgos comprometen la aspiración de dirigentes en casi todo el territorio nacional, hay un especial énfasis en los departamentos de Córdoba, Santander, Antioquia, Bolívar, Magdalena y Tolima.

El monitoreo que en 2014 puso el radar sobre los vínculos con grupos paramilitares, en 2018 a los tentáculos de Odebrecht y el Cartel de la Toga, ahora prende las luces sobre aquellas figuras objeto de investigaciones penales, fiscales  y disciplinarias o asociados a denuncias de medios periodísticos y veedurías ciudadanas.

En el caso del Tolima, concitan particular interés dentro del informe los nombres de Óscar Barreto Quiroga, Miguel Ángel Barreto y Sandra Liliana Salazar Martínez. Los dos primeros  a quienes Pares reseña como parte de una misma estructura, más allá de sus divisiones y la última heredera de los hermanos Martínez Rosales quien terminó postulando por el Pacto Histórico.

Complicidad

En diálogo con ContraPeso, Esteban Salazar, coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la fundación Paz y Reconciliación, consideró alarmante que  entre casi 2000 candidaturas, 108 estén siendo cuestionadas y que de ellas el 80% hayan recibido el aval de los partidos tradicionales: Conservador, Liberal, Cambio Radical, la U y por primera vez el Centro Democrático.

Según Salazar, esto evidencia el alto grado de corresponsabilidad de las colectividades, para las que pese a las advertencias , lo más importante termina siendo capturar votos.

“Pese a las advertencias hechas, para los partidos políticos siempre y cuando la persona no estuviera condenada, preso o hubiera matado a alguien, se podía avalar porque igual lo importante son los votos”, declaró.

El clan Barreto

Según la fundación Paz y Reconciliación serían alrededor de 33 los clanes políticos que aunque en el pasado han sido protagonistas en lo electoral en las regiones, se están jugando su supervivencia  en los comicios del 2022.

Para el interés regional el informe alude al clan liderado por el exgobernador del Tolima, Óscar Barreto de quien dicen buscaría tener dos de sus miembros en el Congreso.

“Dos familiares que están cuestionados por ser parte de una estructura de clan: Óscar Barreto quien es el líder y tiene investigaciones en la fiscalía sobre diversos hechos asociados a sus dos gobernaciones y el otro, Miguel Barreto”, precisó el coordinador de Democracia y Gobernabilidad de Pares,  Esteban Salazar.

Captura de las instituciones

Salazar agregó que desde esa ONG se observa con preocupación lo que viene pasando en la región frente al manejo de las instituciones públicas controladas por el barretismo, en el marco de este proceso electoral y llamó a la ciudadanía a denunciar, informarse y votar por aquellas opciones que puedan garantizar realmente una legislatura que interprete y responda el sentir de  las comunidades.

“Es evidente que ha habido una captura institucional. Vemos con preocupación lo que está pasando en la Alcaldía de Ibagué y a nivel departamental en el marco de estas elecciones”, expresó el vocero de Pares

Y agregó: “Es increíble, inaudito que para la inscripción de una candidatura por parte de los miembros  del clan Barreto se haya repartido lechona y comida como se ve  en un video. Si así es en un proceso de campaña, no me imagino legislando, es bastante aberrante”.

Mimetizados

Otro fenómeno que observa Paz y Reconciliación en su reporte es el de las nuevas estrategias de determinados grupos políticos para permear partidos alternativos y lograr infiltrar, pero especialmente hacer elegir desde  allí a sus alfiles.

Tal sería el caso de  la familia Martínez Rosales que consiguió un aval en la lista del Pacto Histórico para Sandra Liliana Salazar Martínez, hija de la actual diputada y excongresista, Rosmery Martínez.

“Habíamos advertido previamente que esta señora Sandra Liliana Salazar Martínez buscaría un aval siendo hija de Rosmery Martínez, que ha hecho parte de una estructura tradicional y sobrina de Emilio Martínez que ha tenido diversos cuestionamientos, heredando seguramente el capital político y los votos de sus familiares”, indicó en entrevista con ContraPeso, Esteban Salazar.

El responsable del informe explicó que además del caso de Sandra Liliana en el Tolima, bajo la lupa están otros  como el de Sandra Villadiego en Bolívar, donde el Pacto Histórico terminó inscribiendo a la esposa de un condenado por parapolítica.

La lógica pareciera ser que “Los clanes se mimetizan dentro de los partidos alternativos o van a terminar pereciendo”.

Maquinarias

Al preguntársele por la lectura que desde Paz y Reconciliación se tiene sobre la relación de los primos Miguel y Óscar Barreto y su notorio distanciamiento en lo político, la posición de la Fundación es que se trataría de una estrategia más.

Esto muy a pesar de que, incluso el Óscar barretismo  habría movilizado la acción de la Corte Suprema, intentando sacar del camino a Miguel bajo acusaciones de financiación ilegal de su campaña que podrían terminar revirtiéndoles.

Para Esteban Salazar son probadas actuaciones similares en departamentos como Sucre y  Santander  donde se  fingen divisiones sin que al final se rompan los lazos.

Justicia cooptada

Considerando que uno de los factores analizados en esta versión del estudio es el de las investigaciones activas contra los candidatos en diferentes entes de control, ContraPeso quiso conocer el diagnóstico de Paz y Reconciliación sobre sendas indagaciones preliminares y procesos contra políticos que al final terminan archivados.

Al respecto, su director de Democracia y Gobernabiidad, Esteban Salazar, reconoció que asistimos a una cooptación de actores políticos en los órganos de control aplicando la fórmula  “tú me eliges, yo te cuido”.

Aludió a la elección de la Procuradora Margarita Cabello, el contralor Felipe Córdoba y el propio fiscal, Francisco Barbosa.

“ Y es más grave en el nivel departamental. Hay que ver el caso de  Freddy Anaya en Santander, una persona con muchos cuestionamientos que fue elegida como contralor del Departamento. Las contralorías departamentales y municipales son  escogidas  por parte de  las mismas corporaciones que tienen mayorías gobiernistas como son las asambleas y los concejos, entonces los órganos de control empiezan en una lógica de inoperancia y a eso se suma un sistema judicial bastante cooptado que por medio de los entes investigativos realmente no llega a buen puerto”, puntualizó Córdoba.

Finalmente Pares alertó sobre el agudo panorama de violencia política en el país que según sus estadísticas, desde el 13 de marzo a la fecha, deja  un saldo de 140 víctimas en 99 hechos o lo que también se traduce en una víctima cada dos días.