Este lunes el Gobierno nacional y un grupo representativo de mandatarios regionales se reunieron en Bogotá para discutir los efectos del controvertido decreto de emergencia económica, que modifica gravámenes como el IVA y los impuestos al consumo de alcohol y tabaco con el objetivo de aumentar la recaudación estatal.

El encuentro, liderado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, no logró desactivar las profundas discrepancias entre las partes. A pesar de declaraciones oficiales que señalaron un ambiente dialogante, los gobernadores reafirmaron que no existe un acuerdo para aplicar la norma en sus territorios.

Los mandatarios manifestaron que el decreto vulnera la autonomía fiscal de los departamentos, al transferir a la nación recursos que históricamente financian sectores esenciales como salud, educación y deporte. En consecuencia, la Federación Nacional de Departamentos (FND) anunció que promoverá acciones legales ante la Corte Constitucional para frenar la implementación del decreto.

A su vez, sectores políticos respaldan la postura de los gobernadores y algunos congresistas han pedido a los entes de control investigar a quienes se nieguen a acatar el decreto, argumentando que la medida busca cubrir un déficit fiscal significativo y garantizar la prestación de servicios en todo el país.