El cotarro político del Tolima se sacudió este miércoles, tras conocerse el fallo en primera instancia de la Procuraduría General de la Nación contra el exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado. El organismo disciplinario impuso una inhabilidad de 12 años para ejercer cargos públicos, señalándolo de presunta participación en política a favor de la hoy alcaldesa Johana Aranda durante la campaña de 2023.
Hasta la procuraduría le recuerda a la alcaldesa Joahana Aranda que Hurtado ‘metió la ficha’ en su campaña.
"Nos quieren sacar del camino"
A través de un comunicado oficial, el equipo jurídico de Hurtado confirmó que la decisión fue apelada de manera inmediata. Según el exmandatario y actual presidente del partido de La U, el proceso aún no es definitivo y cuenta con el material probatorio suficiente para demostrar su inocencia.
"Nos quieren sacar del camino, pero con la ayuda de Dios no lo lograrán. Nuestro proyecto a la Gobernación del Tolima sigue firme", afirmó Hurtado, enviando un mensaje de tranquilidad a sus simpatizantes de cara a las elecciones legislativas de marzo y su aspiración regional en 2027.
La ‘santa’ reunión
Fuentes consultadas por Contrapeso, revelaron que el eje central de la acusación radica en una reunión con pastores de iglesias cristianas en plena campaña por la alcaldía en 2023. Según la Procuraduría, Hurtado lideró el encuentro y, tras retirarse, la entonces candidata Johana Aranda ingresó al mismo recinto, donde habría recibido la adhesión de un sector interreligioso importante de la capital del Tolima.
El ente de control sostiene que esa logística fue una plataforma de respaldo indebido y que la presencia de Hurtado y Aranda, así no hayan compartido tarima, no fue coincidencia, de tal manera que se pudo configurar la intromisión política del exmandatario.
No obstante, analistas coinciden en que, aunque el respaldo del gabinete hurtadista a Aranda fue un secreto a voces en Ibagué, probar jurídicamente la participación en política es una tarea compleja, dada la delgada línea entre la gestión pública y la afinidad ideológica.
A Johana Aranda, la apoyaron más de 300 iglesias cristianas en su elección de 2023.
¿Maniobra del ‘barretismo’?
En los pasillos políticos del Tolima, el fallo no se lee solo en lenguaje jurídico, sino electoral. Hurtado se ha consolidado como la principal amenaza para terminar con la hegemonía de 20 años de la organización liderada por el senador Óscar Barreto.
Para el ‘hurtadismo’, esta decisión es vista como un intento de "sacar del ring" al candidato más fuerte de la oposición antes de 2027. El ‘barretismo’, con su aceitada maquinaria regional, tiene un interés estratégico en que Hurtado no llegue a las urnas.
La ‘encrucijada del alma’ de Johana Aranda
El fallo genera una situación incómoda para la actual alcaldesa de Ibagué. Mientras que sectores aliados y algunos miembros de su gabinete han intentado convencer a Aranda de que su mentor, Andrés Hurtado, no fue determinante en su triunfo de 2023 —buscando que tome distancia política de él—, la Procuraduría afirma lo contrario.
Paradójicamente, el organismo de control le da la razón al peso político de Hurtado en dicha elección, justo cuando la relación entre ambos parece distante y seriamente afectada, por elementos externos a quienes construyeron el proyecto de Aranda Rivera, desde el año 2021 cuando era secretaria de Salud de la administración Ibagué Vibra.
Con la relación cada vez más resquebrajada entre Aranda y Hurtado, surge una pregunta incómoda pero valida: ¿La alcaldesa trabajará junto al equipo jurídico de Hurtado para salvarlo en la procuraduría o terminará de enterrarlo políticamente?
¿Qué sigue?
De mantenerse el fallo en segunda instancia, la última palabra la tendrá el Consejo de Estado. Por ahora, Hurtado mantiene sus derechos políticos vigentes y continúa impulsando la candidatura de su hermana, Carolina Hurtado, a la Cámara de Representantes, manteniendo vivo el pulso por el poder en el Tolima.
Vea aquí el comunicado de Andrés Hurtado
