El Gobierno del presidente Petro presentará hoy su Plan Nacional de Desarrollo, una carta de navegación para los próximos cuatro años con inversiones proyectadas hasta el 2026 estimadas en $1.154,8 billones.

El plan está estructurado en cinco ejes y temas transversales, y será financiado principalmente con el presupuesto general de la Nación, seguido del sistema general de participaciones, recursos territoriales, empresas públicas, sistema general de regalías y cooperación internacional.

La mayor parte de los recursos se destinarán a seguridad humana y justicia social. Además, se crearán nueve sistemas nacionales, programas y tres tasas.

La tasa conocida como UVT desaparecerá y se creará la Unidad de Valor Básico (UVB), calculada en $10.000 para 2023.

Según el periodista y experto en macroeconomía de Caracol Radio, Luis Enrique Hurtado, estos serían los puntos clave del documento:

• El plan se basa en 5 ejes: ordenamiento territorial, seguridad humana y justicia social, derecho humano a alimentación, transformación productiva e internacionalización y acción climática, y convergencia regional. Hay temas transversales como la paz total, actores diferenciales para el cambio y estabilidad macroeconómica.

El plan será financiado con el presupuesto general de la Nación (57.7 billones), seguido del sistema general de participaciones (26.8 billones) y recursos territoriales, empresas públicas, regalías y cooperación internacional.

• La mayor parte de los recursos ($743 billones) se destinarán a seguridad humana y justicia social. Otros destinos incluyen convergencia regional (11%), internacionalización, transformación productiva, estabilidad macroeconómica y derecho humano a la alimentación. Para la paz se destinarán $50 billones. Jorge Iván González, director del DNP, ha mencionado la necesidad de trabajar en el catastro multipropósito y hay planes para ajustar los avalúos catastrales.

• Se realizará un ajuste al avalúo de todos los predios con el objetivo de superar el rezago en los avalúos catastrales y brindar más recursos a los municipios, el cual comenzará a operar desde el 1 de enero de 2024.
• En el plan se establece un marco para la compra de tierras que permita la implementación de la reforma agraria a través de adquisiciones y ofertas directas, y también se establece el mecanismo de pago.
• El documento crea 29 novedades. Se crean nueve sistemas nacionales, incluyendo el sistema de reforma agraria y desarrollo rural, administración del territorio, transferencias, igualdad y equidad, defensa jurídica del Estado, monitoreo para la superación de la malnutrición y violencias basadas en género. También se crean programas como Renta ciudadana, Hambre cero, voluntariado, Casas para la autonomía de las mujeres y Jóvenes en paz. Además, se crean tres tasas para protección y manejo de bienes arqueológicos, recuperación de costos de servicios de derechos de autor y registro único de proponentes. La UVT desaparece y se crea la Unidad de Valor Básico (UVB), que se fija en $10.000 para 2023.
• Se plantea un cambio en la distribución de los recursos del Impuesto de Renta pagados por empresas para el SENA y el ICBF. Hay críticas debido a la reducción de recursos para estos organismos. A partir de 2023, 9% de la tarifa del Impuesto de Renta se destinarán a: el ICBF (1.4%), el SENA (0.9%), el Sistema de Seguridad Social en Salud (4.4%) y programas de atención a la primera infancia (0.4%).
• Se otorgan facultades especiales al presidente Gustavo Petro para crear la Agencia Nacional Digital y una entidad para la construcción de caminos vecinales y regionales, modificar el sistema eléctrico, regular los usos alternativos de plantas de coca y cannabis, y modificar las competencias de las superintendencias de industria y comercio y sociedades.
• En Bogotá, existe preocupación por el futuro del hospital San Juan de Dios. Según el Plan Nacional de Desarrollo, el presidente tendría la facultad para adquirir el hospital gratuitamente.
• El Plan Nacional de Desarrollo incluye un paquete para el manejo de transferencias monetarias, destinación de recursos por parte de las cámaras de comercio para programas de desarrollo empresarial, un capítulo de justicia social, democratización del Estado y garantías de derechos y libertades, regulaciones para la población indígena privada de libertad, derecho a la alimentación, transformación energética y un impuesto sobre servicios de televisión por suscripción que ofrezcan contenido sexual para adultos. Además, se manejarán los recursos de salud por parte de la ADRES. Estos artículos pueden ser polémicos en discusiones futuras en el Congreso.