El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, a través de su Sala Constitucional, emitió una resolución en la que ordena que la actual vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma de inmediato todas las atribuciones y deberes inherentes al cargo de presidente de la República en calidad de encargada tras la captura y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos.
La decisión judicial fue emitida bajo el argumento de que la ausencia de Maduro —declarada como una “situación excepcional, atípica y de fuerza mayor”— exige garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa integral de la nación en medio de la crisis de soberanía y seguridad que enfrenta el país.
Sin embargo, este nombramiento ha generado controversia constitucional tanto dentro como fuera de Venezuela. Expertos en derecho público recuerdan que, según la Constitución venezolana, la figura del presidente encargado puede asumir temporalmente el cargo, pero la convocatoria a elecciones depende de la calificación de la falta presidencial y de si esta es considerada temporal o absoluta por parte de los órganos competentes.
El artículo 234 de la Constitución de 1999 establece que ante una ausencia temporal o absoluta del presidente se puede designar a un vicepresidente ejecutivo como encargado por un periodo de hasta 90 días, prorrogables con aprobación legislativa, mientras que una falta absoluta obliga a convocar elecciones presidenciales en los 30 días siguientes.
Críticos de la medida han señalado que la interpretación del TSJ y la ausencia de un pronunciamiento claro sobre la calificación formal de la falta de Maduro dejan una zona gris que podría postergar la convocatoria de elecciones democráticas, algo que sectores de la oposición y diversos grupos sociales consideran fundamental para una salida política a la crisis.
Además, analistas constitucionales advierten que la ampliación del mandato sin elecciones podría afectar la legitimidad del gobierno interino y aumentar la polarización política interna, especialmente si no se convoca a comicios libres, transparentes y observados internacionalmente.
Mientras tanto, Rodríguez, cuyo nombramiento fue notificado formalmente a la Asamblea Nacional, al Consejo de Defensa de la Nación y al Alto Mando Militar, enfrenta el desafío de consolidar su liderazgo en medio de críticas nacionales e internacionales, así como de garantizar estabilidad en el Ejecutivo y relaciones exteriores en un contexto marcado por tensiones diplomáticas y demandas de participación ciudadana.
