En el espacio participaron liderazgos sociales de varias regiones del departamento, así como funcionarios de la Vicerrectoría de Desarrollo Humanos encargados de la implementación de la política de psicoactivos.

La Universidad del Tolima fue sede de la Mesa Técnica Territorial para la Política Nacional de Drogas, primera de esta naturaleza que se realiza en el Tolima. En dicho espacio de participación se discutieron varios elementos de contexto sobre los problemas relacionados con las drogas – o sustancias psicoactivas no reguladas legalmente – en las distintas subregiones de este departamento, puestos en consideración por organizaciones de la sociedad civil, liderazgos étnicos y académicos/as.

De acuerdo con el profesor Andrés Tafur, director del Centro de Estudios Regionales, se solicitó este espacio a la Dirección de Drogas de Minjusticia porque, generalmente, “la política de drogas focaliza las regiones productoras, pero pierde de vista la situación de zonas que sin tener un rol preponderante desde el punto de vista del cultivo o el procesamiento de estupefacientes, sí mantienen un riesgo importante derivado del establecimiento de rutas de tráfico, las disputas por el control territorial y de mercados, el uso y utilización de NNAJ y el consumo abusivo de sustancias, con incidencia especial en sujetos de protección constitucional”.

En suma, según el CERE, para el caso del Tolima, varios de estos problemas tienen que ver, concretamente, con el tráfico ilegal de sustancias, la instrumentalización y el control de territorios de comunidades indígenas por parte de actores armados; la vinculación de niños, niñas,  adolescentes  y jóvenes (indígenas y no indígenas) en actividades criminales relacionadas con el narcotráfico; la violencia contra liderazgos sociales y comunales, la escasa capacidad estatal a nivel territorial en materia de prevención y protección, la estigmatización de los usuarios y el uso abusivo de sustancias en entornos escolares y universitarios. Se espera entonces que la nueva Política Nacional de Drogas tenga en consideración estas problemáticas.

Al espacio asistieron autoridades de los resguardos Nasa Paez de Gaitania y Mercedes de Rioblanco, quienes denunciaron la difícil situación en que se encuentran sus comunidades debido a la creciente problemática por el tráfico de drogas desde el departamento del Cauca; así como líderes sociales y funcionarios de municipios incluidos en los mapas de riesgo de las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

Una de las conclusiones del espacio fue que, aparte del objetivo supremo del cuidado de la vida, es fundamental que la nueva política garantice la articulación interinstitucional y comunitaria, y cualifique en gran medida la distribución de funciones y responsabilidades entre la nación y los territorios en materia de implementación, seguimiento y evaluación de las intervenciones estatales.

Esto, debido a que es el Estado a nivel central el que ha tenido a la cabeza la responsabilidad de la política, pensada y ejecutada bajo los estándares del enfoque prohibicionista, mientras que las alcaldías y los departamentos poco o nada contribuyen a la prevención, atención y/o contención del fenómeno. Mucho más opaco es el rol de las comunidades en estas materias, convidadas de piedra en los escenarios locales de toma de decisión.