Dos alcaldes: Guillermo Alfonso Jaramillo y Andrés Hurtado; y por lo menos cuatro secretarios de despacho, entre los que se cuentan César Picón, Javier Triana, Soledad Orozco y Daniel Jaramillo, no pudieron construir un puente peatonal para garantizar los derechos fundamentales de un niño del sector rural de Ibagué.

La historia se remonta al año 2019, cuando Yeison Navarro, padre de Dylan Esteban Navarro, elevó una acción de tutela en contra de la Alcaldía de Ibagué, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la educación, a la vida y a la integridad personal del menor, quien según el quejoso, arriesgaba su vida al pasar por un puente colgante obsoleto y a punto de colapsar, camino a la escuela en San Bernardo.

El puente sobre la quebrada La Chumba, corregimiento de San Bernardo.

Luego que en primera y segunda instancia se declarara improcedente la tutela, en revisión la Corte Constitucional revocó las decisiones anteriores y en su lugar, acogió las pretensiones del denunciante.

Así las cosas, la alta Corte ordenó de manera inmediata la construcción de un puente peatonal sobre la quebrada La Chumba, en dicho corregimiento, para que Dylan y otros niños pudieran ir a la escuela de forma segura.

César Picón, Javier Triana, Soledad Orozco y Daniel Jaramillo, secretarios de Desarrollo Rural de Ibagué desde 2019.

Pasaron cuatro años y al no mostrar una solución concreta al problema, la juez novena penal municipal, Silvia Liliana Buitrago, inició un incidente de desacato contra el alcalde Hurtado, su secretario de Desarrollo Rural y contra la personera de Ibagué, Francy Johana Ardila, quien, pese a no desempeñar funciones de ejecución y administración dentro del gobierno, ‘llevó del bulto’ por supuesta falta de seguimiento y control a la orden impartida en la tutela.

La sanción

En decisión del pasado 18 de julio, el despacho judicial sancionó a los funcionarios mencionados con quince días de arresto domiciliario e igual número de salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa.

La sanción se hizo efectiva este martes en la tarde, luego que el juzgado negara la petición de inaplicabilidad, habida cuenta de las gestiones de última hora adelantadas por la administración y la Sociedad Tolimense de Ingenieros, que se ofreció de manera gratuita a adelantar los estudios y diseños para la construcción de los puentes requeridos.

“El arresto tiene un carácter correctivo, mas no punitivo, ya que la finalidad del incidente de desacato no es la imposición de una sanción, sino la conminación para obedecer las órdenes de un fallo de tutela”, le dijo a Contrapeso la directora jurídica del municipio, Johana Méndez.

“Esta decisión no me separa del cargo y seguiré al frente de la ciudad trabajando desde mi hogar, en compañía de mi familia”, sostuvo el alcalde Andrés Hurtado, quien se declaró respetuoso de las decisiones judiciales.