Muy desapercibida para la opinión pública resulta la figura de Jorge Hernán Díaz Soto, fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

El funcionario que llevó a juicio a los exgobernadores del Tolima, Fernando Osorio y Óscar Barreto y que pidió sentencia condenatoria, ha protagonizado en el pasado algunos episodios de la baranda judicial que le han suscitado cuestionamientos y recusaciones.

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Pese a haberse posesionado apenas en 2016, Díaz Soto ha sido conocedor de varios casos de alcance mediático, uno de ellos el del gobernador Aníbal Gaviria por las presuntas irregularidades en la construcción del puente de El Bagre.

Otro, el desempolvado expediente por los desaparecidos del holocausto del Palacio de Justicia, donde en una ligereza, él y su equipo, según un escrito de agosto 27 de 2019, determinó que no hubo desaparecidos y que los cuerpos estaban en las fosas de varios panteones del país y en tumbas comunes del cementerio central de Bogotá, como refiere el portal rutanoticias.co

Aunque el documentó levantó polvareda y le forzó a recular, las familias de las víctimas ya habían hecho uso de su derecho a recusarlo.

Sin embargo, el episodio por el que su nombre volvió a saltar a la escena es mucho más reciente y tiene que ver con la actuación de su despacho en un proceso contra el fiscal Gabriel Jaimes, representante del ente acusador en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Archivo

Según revelación de Noticias Uno y replicada en la columna de su directora, Cecilia Orozco, Jorge Hernán Díaz Soto como subalterno de Jaimes habría archivado las actuaciones de una investigación penal que cursaba en su contra y que pudiera haber conducido a una imputación por el delito de falsedad en documento público. Una especie de autoarchivo que el fiscal Jorge Díaz rotuló como "archivo por conducta atípica”

Según la periodista, "Díaz no resolvió con libertad, en este caso especial, sino que consultó a su superior, puesto que la orden de Jaimes, enviada mediante un mensaje de WhatsApp hace un tiempo, a quienes le reportan, fue clarísima: Los fiscales delegados deben remitir todos los proyectos de decisiones de fondo e informes sobre las actuaciones medulares de sus despachos a mi correo institucional, con suficiente anterioridad para informar y valorar cada situación con el señor fiscal general”.

Lo prudente, sugiere la columnista habría sido que Díaz Soto se declarara impedido y diera paso a la designación de un fiscal adhoc, que no estuviera condicionado por la relación de mando directa.

¿Cuota política?

La designación del Fiscal como delegado ante la Corte en la administración de Néstor Humberto Martínez, también dio de qué hablar, pues se interpretó como un gesto político para congraciarse con los magistrados de la Corte Suprema que lo eligieron mayoritariamente, toda vez que Jorge Hernán Díaz había sido magistrado auxiliar del togado titular, Luis Antonio Hernández.