El Tribunal Administrativo del Tolima ha proferido una sentencia histórica que devuelve la tranquilidad jurídica a un grupo de exconcejales de la capital tolimense. La decisión declara la nulidad de los fallos disciplinarios emitidos por la Procuraduría General de la Nación, que en 2017 y 2018 los había suspendido por nueve meses tras la polémica elección del contralor municipal, Ramiro Sánchez, en el año 2016.
Un argumento de "irracionalidad"
El centro del fallo del Tribunal radica en que los concejales actuaron bajo la normativa y jurisprudencia vigente al momento de la elección, el 9 de enero de 2016. Según la providencia, la Procuraduría pretendía que los disciplinados previeran un alcance legal que el Consejo de Estado solo definió en fechas posteriores.
"Exigirles un comportamiento distinto sería absolutamente irracional", señala el Tribunal, haciendo especial énfasis en que no todos los concejales cuentan con formación en derecho. El fallo cita los casos de Víctor Julio Ariza (administrador de empresas), William Santiago Molina (retirado del Ejército) y Flavio William Rojas (ingeniero de sistemas), para quienes resultaba imposible desentrañar complejidades jurídicas que aún estaban en debate nacional.
Además, el Tribunal validó que el tiempo para realizar la elección era insuficiente para elevar consultas al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), y subrayó que los concejales sí se cercioraron de la ausencia de inhabilidades mediante el concepto de un experto.
Reparación económica y limpieza de antecedentes
La decisión no solo tumba la sanción, sino que ordena un restablecimiento del derecho integral para los afectados. La Procuraduría debe suprimir de inmediato cualquier registro disciplinario derivado de este proceso en las hojas de vida de los implicados, además, el ministerio público deberá pagar a los exconcejales los honorarios que dejaron de percibir durante los 9 meses que duró la suspensión, es decir, entre febrero y noviembre de 2019.
Dichas sumas de dinero deberán ser ajustadas de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los exconcejales que recuperan sus derechos tras este largo proceso jurídico son: Camilo Delgado Herrera, Marco Tulio Quiroga Mendieta, William Rojas Jurado, Juan Evangelista Ávila Sánchez, Carlos Andrés Castro León, Víctor Hugo Gracia y Víctor Julio Ariza Loaiza.
Con este fallo, el Tribunal Administrativo del Tolima pone punto final a una de las controversias políticas y jurídicas más largas de los últimos años en Ibagué, dejando claro que el ejercicio de la función pública no puede estar sujeto a interpretaciones legales retroactivas o imposibles de cumplir, para los ciudadanos que llegan a las corporaciones públicas.
La procuraduría suspendió por estos hechos a 16 concejales en 2019. Muy seguramente, por unificación de procesos y tras fallar a favor de Jorge Bolivar y Linda Perdomo, quienes se defendieron por separado, lo resulto por el Tribunal Administrativo del Tolima va a beneficiar al resto de excabildantes procesados.
